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El análisis exhibe la incongruencia entre ese discurso y el legado interno del gobierno que lo promueve
Las recientes declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre Cuba, reactivan un debate maniqueísta que en México se ha mantenido durante décadas, como lo son hoy la tensión entre una narrativa distorsionada de “solidaridad” y la realidad política del régimen cubano.
Ambos han insistido en mal utilizar el término “bloqueo” con fines propagandistas, para describir la política de Estados Unidos hacia la isla, una expresión que, más allá de su carga política, no corresponde con precisión jurídica a la naturaleza de las sanciones vigentes.
Porque lo que existe no es un “bloqueo”, sino un embargo económico impuesto por Estados Unidos, con restricciones comerciales y financieras, pero no un bloqueo en sentido estricto que impida físicamente el acceso de bienes o personas a la isla.
La diferencia no es menor. El uso del término “bloqueo” construye una narrativa de asfixia total que desplaza el análisis de los factores internos que explican la crisis cubana.
Bajo esa narrativa, el deterioro económico y social de Cuba aparece como consecuencia exclusiva de una presión externa, eliminando del diagnóstico la responsabilidad estructural del propio sistema político cubano dictatorial, que el pasado mes enero cumplió 67 años, lo que lo convierte en uno de los sistemas políticos más longevos del mundo sin alternancia real.
El dato incómodo que el discurso político omite es que Estados Unidos, el mismo país señalado como responsable del colapso cubano, es también uno de sus principales proveedores de alimentos.
La narrativa oficial ha insistido en atribuir el deterioro económico al llamado “bloqueo”, pero los datos comerciales desmienten la idea de un aislamiento absoluto. Tan sólo en 2025, Estados Unidos exportó a Cuba 810.8 millones de dólares en bienes, frente a apenas 17.5 millones de importaciones cubanas, generando un superávit de 793.3 millones a favor de la economía estadounidense. El comercio no sólo existe: es creciente, pues en 2024 fue de 585.2 millones, lo que implica un aumento de 38.5 % en un año.
Más aún, ese intercambio se concentra en bienes esenciales. En 2025, Cuba compró a Estados Unidos 298.6 millones de dólares en pollo, 47.9 millones en carne de cerdo, 32.2 millones en lácteos, 16 millones en arroz y millones adicionales en alimentos procesados, panificados y jugos. Incluso en 2024, Estados Unidos controlaba 76 por ciento del mercado cubano de pollo, lo que confirma su papel como proveedor central de proteína básica. Estos datos no corresponden a un país cercado sin acceso a bienes, sino a una economía dependiente que importa alimentos a gran escala.
Después de 67 años de control estatal, el hecho de que la isla dependa de ese nivel de importaciones —particularmente del mismo país al que acusa de asfixiarla—, apunta a un problema más profundo: no sólo restricciones externas, sino la incapacidad estructural de su modelo para producir, abastecer y sostener a su propia población.
El llamado desde Palenque para fideicomisar el apoyo a Cuba
En ese mismo marco discursivo fuera de toda realidad, se inscribe la propuesta de López Obrador de promover un mecanismo de apoyo económico —un fideicomiso impulsado por simpatizantes—, destinado a respaldar al gobierno de La Habana.
La iniciativa —cuyo llamado incluye el respaldo del gobierno de Claudia Sheinbaum y de figuras y sectores periodísticos cercanos al oficialismo—, introduce un elemento adicional, como lo es la conversión de la solidaridad política en respaldo material.
Y es en ese punto donde la figura del expresidente López Obrador adquiere una dimensión central. Su posicionamiento como aparente defensor del pueblo cubano plantea una pregunta básica sobre la consistencia de esa postura frente al balance de su propia administración.
Porque la autoridad con la que hoy se presenta como voz “solidaria” hacia Cuba, contrasta con diversos episodios documentados durante su gobierno, que colocan en entredicho la solidez ética de ese mismo discurso.
El antecedente del seguramente tramposo fideicomiso que hoy respalda, está vinculado históricamente al creado con motivo del sismo de 2017, sancionado por el Instituto Nacional Electoral, el cual evidenció irregularidades en el manejo de recursos que nunca fueron plenamente aclaradas en el terreno público.
A esto se suman varios fraudes durante su gestión como el caso de Segalmex, donde la Auditoría Superior de la Federación documentó desvíos millonarios de recursos públicos, configurando uno de los episodios más graves de corrupción en la administración reciente. En materia de seguridad, su sexenio registró niveles sostenidos de violencia que lo colocan entre los más críticos de la historia contemporánea del país, sin que la estrategia gubernamental lograra revertir la tendencia de manera consistente.
La tragedia de la estación migratoria de Ciudad Juárez, documentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con decenas de personas fallecidas bajo custodia del Estado, exhibió fallas graves en la protección de derechos humanos.
En el ámbito sanitario, el manejo de la pandemia por Covid derivó en un nivel de sobremortalidad elevado, ampliamente documentado por organismos especializados, lo que sitúa a México entre los países más afectados en términos relativos. La destrucción del sistema de Salud y la aparición de una entelequia llamada Megafarmacia del Bienestar, presentada como solución estructural al desabasto, terminó operando con un alcance nulo frente a la magnitud del problema que pretendía resolver.
Ahí está también el apabullante megafraude del huachicol fiscal que reveló un esquema de evasión de gran escala que impactó significativamente las finanzas públicas, contradiciendo la narrativa de combate frontal a la corrupción. Las obras emblemáticas del sexenio, como el AIFA y el Tren Maya, si bien operan, continúan bajo cuestionamiento por su rentabilidad, planeación y sostenibilidad financiera.
En conjunto, estos elementos configuran una disonancia difícil de ignorar: el mismo actor que hoy se presenta como defensor de libertades en el exterior, encabeza un legado interno marcado por la opacidad, resultados cuestionados y crisis no resueltas.
Cuba: la realidad frente al mito
Y este planteamiento abre preguntas de fondo: ¿se trata de ayuda humanitaria al pueblo cubano y de un respaldo indirecto a un aparato estatal que concentra el poder político y económico? ¿O se fragua otro escape fiscal para reunir fondos y hacerse de dinero ilícito rumbo a los comicios del año próximo, similar al fideicomiso fraudulento de los sismos de 2017?
Si es la primera, la respuesta exige observar también la estructura del sistema cubano, donde el Estado no es un actor más, sino el eje central que regula, controla y distribuye los recursos. En ese contexto, cualquier flujo de apoyo externo tiende a pasar, directa o indirectamente, por las estructuras del poder político.
La discusión, por tanto, no puede reducirse a la dicotomía entre solidaridad y abandono, sino que requiere analizar la naturaleza del sistema al que se pretende “apoyar”.
Bajo una revisión basada en informes internacionales, el diagnóstico es consistente e implacable, ya que el sistema político cubano restringe de manera sistemática derechos civiles y políticos fundamentales.
No existe competencia electoral plural ni posibilidad de alternancia real en el poder. El sistema de partido único impide la formación de una oposición política efectiva. La libertad de expresión está condicionada. La crítica abierta al gobierno puede derivar en sanciones administrativas o penales.
La prensa independiente enfrenta limitaciones estructurales, desde la falta de acceso a recursos hasta la presión directa del Estado. Las libertades de asociación y reunión están sujetas a autorización y vigilancia, lo que limita la organización autónoma de la sociedad civil.
El ámbito académico y cultural tampoco escapa a esta lógica. El disenso ideológico puede tener consecuencias profesionales.
En el terreno económico, el control estatal de sectores estratégicos restringe la iniciativa privada y condiciona la actividad productiva. Esta estructura no es coyuntural, sino el resultado de un modelo político consolidado durante más de seis décadas, desde el triunfo de la Revolución Cubana.
Durante ese tiempo, el régimen ha sobrevivido, primero, apoyado por la Unión Soviética y posteriormente por alianzas regionales, lo que ha permitido su continuidad más allá de su desempeño económico. El costo de esa continuidad ha recaído en la población: escasez, deterioro de servicios y una migración sostenida que refleja el descontento estructural.
La versión romántica de la revolución cubana sin sustento
A pesar de ello, en ciertos sectores aún persiste una visión romántica de Cuba como un referente de resistencia o dignidad política. Esa visión, sin embargo, tiende a omitir las condiciones concretas de vida y las restricciones que enfrenta el ciudadano común. El contraste entre esa narrativa y la evidencia empírica es el núcleo del problema: la idealización sustituye al análisis.
En el plano internacional, las recientes gestiones del secretario de Estado Marco Rubio, bajo la administración de Donald Trump, han buscado aumentar la presión sobre el régimen cubano. Estas acciones pueden ser cuestionadas desde la perspectiva del intervencionismo, pero también pueden interpretarse como un intento de alterar un equilibrio que ha perpetuado un sistema cerrado durante décadas.
El debate, por tanto, no es entre intervención y no intervención, sino entre la permanencia de un modelo restrictivo y la posibilidad de transformaciones internas. En ese contexto, el papel de México resulta relevante no como actor decisivo, sino como amplificador de una narrativa que influye en la percepción regional.
Los regímenes totalitarios del siglo XX operaron bajo una lógica que hoy puede sintetizarse con precisión. Al disidente se le reducía a tres destinos posibles: encierro, destierro o entierro. No se trata de una frase retórica aislada, sino de una constante histórica verificable. El encierro adoptó la forma de prisión política, campos de concentración o sistemas carcelarios diseñados para neutralizar la disidencia; el destierro, la expulsión física o el exilio forzado como mecanismo para vaciar el espacio público de voces incómodas; y el entierro, en su expresión más brutal, la eliminación directa mediante ejecuciones, desapariciones o represión letal.
A lo largo del tiempo, distintos regímenes —desde dictaduras europeas hasta sistemas latinoamericanos—, han reproducido, con matices, esa misma arquitectura del control.
En ese contexto, la insistencia en una lectura unilateral del conflicto —centrada exclusivamente en el embargo—, contribuye a diluir la responsabilidad del régimen cubano en su propia realidad. Porque el problema de fondo no es semántico ni ideológico, sino estructural.
Cuando el poder se concentra sin contrapesos efectivos, la libertad deja de ser un derecho y se convierte en una concesión del Estado. Y cuando eso ocurre, la historia demuestra que el margen de acción del individuo se estrecha inevitablemente hasta quedar reducido, tarde o temprano, a esas tres salidas extremas. Y Cuba no escapa a esa lógica; la confirma, pese a lo que digan López Obrador, sus fariseos y su famoso fideicomiso.
Fuente: Índice Político.
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