Noticia publicada a las 01:34 am 24/03/26

Por: Alejandra del Río.

Aún no se acababa de caer la Reforma Electoral en el Congreso, terrible derrota para la Presidenta Sheinbaum orquestada por sus propios aliados y con el muertito todavía fresco y las lágrimas en los ojos, la Presidenta empezó a orquestar el “Plan B” que por un lado es una simple forma de salvar un poquito de cara y por el otro, una estrategia perfectamente calculada para seguir intentando ser partido hegemónico.

Este plantea una nueva fórmula de renovación o ratificación de mandato, que no puede entenderse fuera del contexto electoral que vive el país. Sobre el papel, la propuesta se vende como un mecanismo para fortalecer la participación ciudadana y permitir que el pueblo evalúe a su gobierno. En la práctica, sin embargo, abre la puerta a algo mucho más conveniente para el oficialismo: una campaña permanente financiada con recursos del Estado.
La lógica es simple.
Si la presidenta se somete a un proceso de ratificación o renovación de mandato en medio del calendario político rumbo a las elecciones intermedias del 2017, el proceso se convierte inevitablemente en una gigantesca plataforma de movilización política. No sólo para defender su gestión, sino para arrastrar a su partido —Morena— hacia las urnas con el aparato gubernamental completamente alineado. Morena esta por mucho en una posición diferente que en el 2024, pero las encuestas de la Presidenta (si las creemos) siguen altísimas y la necesitan en campaña permanente si no quieren perder su tramposa mayoría en el Congreso y unas 10 gobernaturas.
Es la política del péndulo convertida en estrategia electoral.
Porque mientras la oposición deberá respetar los tiempos legales de campaña, el gobierno podría recorrer el país bajo el argumento de “informar al pueblo” sobre su desempeño, utilizando la narrativa de la consulta como un plebiscito político.
No sería la primera vez que ocurre.
En América Latina existen precedentes claros de mecanismos de ratificación utilizados como herramientas de consolidación política. Bajo la retórica de la democracia participativa, estos ejercicios terminan siendo referéndums de poder, donde el mandatario no sólo busca legitimarse sino también reorganizar el tablero electoral a su favor.
El problema no es la consulta en sí, el problema es quién la convoca, cuándo se realiza y bajo qué condiciones.
En un sistema donde el partido gobernante ya concentra una influencia inegable sobre el Congreso, los gobiernos estatales y buena parte del aparato burocrático, abrir la puerta a un ejercicio de ratificación presidencial en pleno ciclo electoral genera inevitablemente un desequilibrio en la competencia democrática y encima con un arbitro vendido, el INE que ya no se puede considerar un organismo autónomo sino parte de la maquinaria del estado.
Porque no se trata de un simple ejercicio ciudadano, se trata de una movilización política nacional con una sola protagonista.
Mientras tanto, Morena obtendría algo invaluable en política: tiempo en campaña, presencia territorial y narrativa dominante, además de sus 3 horas diarias de propaganda mañanera.
La oposición, en cambio, quedaría atrapada en una paradoja. Si participa en el debate, fortalece el protagonismo presidencial. Si lo ignora, deja el escenario completamente libre para que el oficialismo monopolice el discurso público.
Encima de todo esto, la propuesta B también baja los presupuestos a los partidos en los municipios, el número de regidores y los tiempos de aire, que si bien no representa el recorte brutal que dejaba a los partidos fuera de competencia en su fallida reforma electoral, si le mete un buen mordisco a la estructura electoral nacional de los partidos políticos, evidentemente solo a los de oposición, por que podemos estar seguros que Manuelito Velasco y el PT deben haber negociado muy bien los dineros y lograron salir con los bolsillos llenos de palacio, antes de abrazar con vehemencia el plan B solo dos días después de declarase adversos a la primera Reforma.
El resultado es evidente: una cancha inclinada antes incluso de que empiece el partido.
Por eso el verdadero debate no debería centrarse en si la renovación de mandato es o no democrática. El debate real es si es legítimo introducir un mecanismo de esta naturaleza cuando su efecto inmediato es alterar el equilibrio electoral del país.
Las democracias sólidas no se construyen con consultas diseñadas desde el poder, sino con instituciones que garantizan competencia equitativa.
En política, los detalles importan Y en este caso, el detalle más importante es que el supuesto ejercicio de participación ciudadana podría convertirse, en realidad, en la campaña presidencial más larga de la historia moderna de México.
Una campaña financiada por y desde el gobierno.
Y diseñada —curiosamente— por quienes dicen querer someterse al juicio del pueblo.

Fuente: Índice Político.

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