Si usted cree que la guerra en Irán no nos afecta, le tengo una mala noticia. Y es que hubo nuevo acuerdo para fijar en 23.99 pesos el precio máximo del litro de gasolina regular, por lo que el Gobierno federal vuelve a contener un precio políticamente sensible en un entorno internacional adverso.
El alza del petróleo, impulsada por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, ya llevó el barril a niveles cercanos a los 90 dólares y presiona a todos los mercados energéticos.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el acuerdo como una medida de protección a la economía familiar, así que mientras en otras partes del mundo el precio sube, en México se busca mantenerlo estable.
El problema está en que, aunque el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, insiste en que no hay subsidios, el propio sector reconoce que el mecanismo para lograrlo es el estímulo al IEPS, es decir, una renuncia recaudatoria por parte del Estado.
Ahí es donde el acuerdo deja de ser neutro, pues no es un secreto que el IEPS a gasolinas es una de las fuentes más importantes de ingresos fiscales ligados al consumo. Cada punto de estímulo implica miles de millones de pesos que el Gobierno deja de recaudar.
En 2022, en un entorno similar de precios elevados, Hacienda sacrificó más de 400 mil millones de pesos por este concepto. Pensar que hoy el impacto será marginal es, cuando menos, optimista.
Los empresarios gasolineros, representados por la Onexpo, que preside Enrique Félix Rovelo, aseguran que no hay pérdidas y que el sector puede sostener el precio. Eso confirma que el ajuste no se absorbe en la cadena comercial, sino en las finanzas públicas. El acuerdo funcionará mientras Hacienda tenga margen fiscal y mientras el conflicto internacional no escale. Si el petróleo vuelve a rebasar los 100 dólares, la ecuación cambia.
También, mantener artificialmente bajo el precio de la gasolina regular beneficia más a quienes más consumen combustible, no necesariamente a los hogares de menores ingresos. Además, se mantiene intacto el precio de la gasolina premium, con el argumento de que es un mercado pequeño, lo que evidencia que el criterio no es técnico sino político.
El control del precio de la gasolina da estabilidad inmediata y rédito político, pero posterga la discusión de fondo: la dependencia fiscal y económica de un combustible, cuyo precio México no controla. El acuerdo compra tiempo, pero a qué costo y quién lo paga.
