Noticia publicada a las 02:06 am 20/03/26

Por: Yasmín Flores Hernández.

En México hay algo que ocurre con una frecuencia preocupante: cuando un problema profundo comienza a asomarse, aparece inmediatamente otro tema que monopoliza la conversación pública.
Un escándalo sustituye a otro.
Una polémica tapa a la anterior.
Un debate político desplaza a los problemas reales.

La discusión pública se llena de ruido… pero rara vez de claridad.
Y mientras el país discute, el tiempo pasa.
Las investigaciones se enfrían.
Las responsabilidades se diluyen.
Y las preguntas importantes se quedan sin respuesta.
No es casualidad.
Es dinámica.
Y cada vez se parece más a un mecanismo.
Por eso vale la pena detenerse y observar con calma lo que está ocurriendo detrás del ruido.
Porque lo que parece aislado… no lo está.
Déjeme le cuento…
Del huachicol en ductos al huachicol que entra por mar.
Durante años, el robo de combustible fue presentado como un problema de tomas clandestinas en ductos de Pemex.
Comunidades enteras fueron señaladas como parte de esta economía ilegal.
Pero el fenómeno no se detuvo.
Se sofisticó.
Hoy, las investigaciones —incluidas las filtraciones de Guacamaya Leaks— apuntan a algo mucho más preocupante: el combustible ilegal también está entrando por los puertos del país.
Veracruz.
Manzanillo.
Lázaro Cárdenas.
Puertos estratégicos bajo control del Estado… o al menos, en teoría.
Buques que descargan cargamentos irregulares.
Empresas fachadas que triangulan importaciones.
Redes de “huachicol fiscal” que permiten introducir combustible sin pagar impuestos o simulando su origen.
Y entonces aparece la pregunta que nadie quiere responder:
Un barco no entra a un puerto, sin autorización.
Un cargamento no pasa por una aduana, sin registro.
Un combustible no se descarga, sin supervisión.
Entonces… ¿cómo está entrando?
La respuesta incomoda, porque no apunta sólo al crimen.
Apunta a las instituciones.
Aduanas.
SAT.
Autoridades portuarias.
Y desde 2020, la Marina, que asumió el control de los puertos con la promesa de limpiarlos.
Hoy la pregunta es inevitable:
¿Fallaron… o se adaptaron?
Y ahí entra el crimen organizado que necesita al Estado para realizar sus fechorías.
Durante mucho tiempo se construyó una narrativa cómoda: el crimen organizado como un enemigo externo. Pero esa narrativa ya no explica lo que estamos viendo.
Las organizaciones criminales no operan en los márgenes. Operan dentro de estructuras l ogísticas complejas.
Necesitan permisos, necesitan rutas, necesitan información, necesitan protección.
Y esa protección no se obtiene sin vínculos institucionales.
Por eso los puertos no son sólo puntos de entrada.
Son centros de control económico.
Quien controla un puerto… controla flujos, mercancías, dinero.
Y cuando esos espacios son infiltrados, el problema deja de ser de seguridad, se convierte en un problema de Estado.
En un problema de captura institucional.
Y mientras todo esto ocurre, el país está concentrado en otro tema: la reforma electoral.
Tribunas encendidas, debates interminables, partidos confrontados.
El famoso “Plan B” dominando la conversación.
Se habla de reglas, de instituciones, de órganos electorales.
Pero casi nadie está hablando de lo esencial.
Porque hay una pregunta que incomoda demasiado:
¿Quién está financiando la política en México?
El dinero que nadie quiere ver
Durante años, investigaciones periodísticas, reportes de inteligencia e incluso filtraciones como las de Guacamaya han dejado entrever algo que debería alarmarnos:
El crimen organizado no sólo controla territorios.
También busca influir en el poder político.
En distintas regiones del país —Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero— se han documentado casos de: presión a candidatos, financiamiento de campañas, intervención en procesos electorales locales.
Y cuando eso ocurre, el problema ya no es electoral.
Es estructural.
Porque entonces las elecciones dejan de ser una competencia libre.
Y se convierten en un espacio donde también compiten los intereses del crimen.
Puebla no está exenta.
Pensar que esto ocurre sólo en otros estados es una forma de autoengaño.
Puebla también ha sido escenario de señales preocupantes:
Redes de robo de combustible operando durante años.
Autoridades rebasadas —o cómodamente omisas—.
Estructuras locales donde el poder político y los intereses económicos se entrelazan de formas poco transparentes.
Y mientras tanto, el discurso oficial sigue hablando de gobernabilidad…aunque la realidad cuente otra historia.
A usted que me escucha y me lee le pregunto:
¿De qué sirve discutir una reforma electoral si el dinero del crimen puede decidir quién llega al poder?
¿Realmente le importa la reforma electoral?
¿De verdad cree que esa es hoy la discusión más importante del país?
Porque mientras los partidos se enfrentan en el Congreso… mientras se debate si pasa o no pasa el Plan B… mientras los discursos llenan horas de televisión…. los problemas reales siguen ahí.
Puertos infiltrados.
Contrabando de combustible.
Instituciones vulneradas.
Autoridades que, en el mejor de los casos, no pueden…y en el peor, no quieren.
Hablemos del verdadero riesgo.
El crimen organizado ya no solo disputa territorios.
Disputa poder.
Cuando el dinero ilegal entra a las campañas, cuando los candidatos son presionados o financiados, cuando las instituciones se vuelven permeables… la democracia deja de ser una decisión ciudadana.
Y empieza a convertirse en una simulación.
Una estructura que aparenta funcionar… pero que en el fondo responde a otros intereses.
Entonces, la pregunta ya no es si la reforma electoral pasará o no.
La verdadera pregunta es otra:
¿Quién está financiando la política en México?
Porque cuando el dinero del crimen entra a las elecciones, la democracia deja de ser una competencia entre ciudadanos… y comienza a parecer un acuerdo entre criminales y poder.
Y quizá el problema más grave no es que esto esté ocurriendo.
Sino que lo estamos normalizando.
Porque mientras el país sigue distraído… mientras seguimos consumiendo escándalos que duran lo que dura el siguiente titular…las estructuras reales de poder siguen operando.
En silencio, con eficacia, sin rendir cuentas.
Esto no es desorden.
No es casualidad.
Es un sistema que aprendió a convivir con el crimen.
Y que hoy, más que combatirlo… parece administrarlo.
Cuando el crimen decide quién gobierna, el Estado deja de ser autoridad… y se convierte en cómplice.
Y si no me cree, pregúntele a Adán Augusto, Rocha Moya, Marina del Pilar o Américo Villareal…

Fuente: Status.

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