Noticia publicada a las 02:07 am 19/03/26

Por: Mario Vázquez Robles.

Porque el llamado “Plan A” no es más que una derrota política, que ahora quieren transformar en una victoria para la presidenta.
Aquí hay algo que no se ha explicado bien del llamado “Plan B”. Y vale la pena decirlo sin rodeos. No hablamos de una sola reforma. Tampoco de un solo camino. Lo que se puso sobre la mesa -y eso se pierde en la discusión pública-

es un mismo proyecto con dos vías: una constitucional y otra legal. Dos formas distintas de hacer lo mismo. Porque al final, aunque cambie el mecanismo, el objetivo no cambia: reconfigurar el poder electoral -y político- desde el centro.
Y ahí empieza el problema. Porque el llamado “Plan A” no es más que una derrota política, que ahora quieren transformar en una victoria para la presidenta. Porque simplemente no se aprobó.
La parte constitucional era la más profunda. No eran ajustes menores. Se estaba metiendo mano a la forma en que se representan los ciudadanos en estados y municipios. Reducir regidores sin criterio poblacional no es un detalle técnico. Es recortar representación. Y cuando ese número baja, pasa lo evidente: la representación proporcional se reduce. ¿El resultado? Menos pluralidad. Los partidos pequeños desaparecen del cabildo. No es casualidad, es transitar a partido de Estado.
Luego está la sindicatura única. Dejar una sola no es eficiencia. Es debilitar el control interno. La sindicatura vigila, fiscaliza, equilibra y representa legalmente al municipio. Sólo una saturará sus funciones y quita contrapesos frente a quien presida una alcaldía.
Y todo esto conecta con algo mayor: el federalismo.
Porque los estados tienen derecho a organizarse. Así funciona el pacto federal. Pero cuando desde el centro se pretende definir cómo se integran ayuntamientos, cómo se estructuran congresos locales o incluso sus presupuestos, ya no hablamos de coordinación.
Hablamos de invasión autoritaria al régimen interior de los estados. La SCJN ha resuelto a favor de los estados de la República que cuentan con una amplia facultad de configuración sobre su régimen interior, lo que fortalece el pacto federal y la soberanía de sus integrantes.
La parte legal del “Plan B” va por otro lado, pero llega al mismo punto. Aquí se toca la representación y la operación del sistema electoral: topes salariales, recortes, ajustes administrativos. Suena a austeridad. Pero en realidad implica debilitar la estructura que organiza las elecciones. Porque cuando reduces capacidades, reduces la calidad democrática.
El peligro para México de volver a la intromisión indebida en los procesos electorales.
La propuesta de "Plan B", prevé que a quien se someta a la revocación pueda promover la participación ciudadana y la promoción del voto a su favor. Como si se tratara de una auto ratificación del mandato, pero más aún, es autorizar a que la presidenta intervenga en pedir el voto para su movimiento al realizarse en el mismo día de la jornada electoral para renovar la Cámara de Diputados y los poderes en 17 entidades del país.
Se debilitan a los árbitros.
Además, el propio plan se contradice: lo que antes querían elevar a Constitución ahora lo bajan a leyes secundarias, y al mismo tiempo deja fuera temas clave como acciones afirmativas, voto electrónico y sanciones al crimen organizado. Se ajusta lo que conviene y se omite lo que incomoda. No se prevé cancelación de registro al partido político que reciba apoyo del crimen organizado ni tampoco filtros para postulación de candidaturas; como la propuesta que presenté para aplicar evaluaciones de idoneidad y confianza previo al registro de las candidaturas.
Y entonces la pregunta es inevitable: ¿Quién decide cómo se organizan los estados? ¿Quién define sus márgenes de acción?
Hoy, la respuesta parece ser una sola: el centro. Por eso no sorprende que voces críticas hablen de un riesgo autoritario. Yo lo diría así: esto ya no es solo necedad. Es una forma de ejercer el poder. Es una especie de “Ley Maduro-reforzada”: usar la ley para concentrar poder sin cambiar formalmente el régimen. No hay ruptura visible. Hay algo más efectivo: cambios graduales, debilitamiento institucional.
Todo dentro de la legalidad… pero erosionando la democracia.Y cuando al federalismo y al municipio libre se les vacía, lo que queda ya no es equilibrio. Es control.
POR MARIO VÁZQUEZ
SENADOR DE LA REPÚBLICA
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO MUNICIPAL@MARIOVZQZR

Fuente: HERALDO DE MEXICO.

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