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eso son los plurinominales, diputados y senadores cuya figura nació –dijeron– para alcanzar la representación de las minorías en el Congreso, pero que, salvo contadas excepciones, nunca lo han hecho.
No son elegidos por el pueblo, llegan a su curul o escaño por dedazo a través de las listas que elaboran los dirigentes de los partidos políticos, y así, de rebote, ocupan un cargo para representar a un pueblo al que ni siquiera han saludado, no lo conocen, no les interesa, no le deben nada, su lealtad no está con él, sino con su “líder”.
Es gracias a la figura del plurinominal que personajes repudiados por la sociedad aseguran un cargo que les otorga poder, sustento e impunidad, sin ni siquiera haber buscado el aval ciudadano en urnas. Con la reforma electoral que propone la presidenta Claudia Sheinbaum, Ricardo Anaya no ocuparía el escaño al que llegó sin haberse ensuciado los zapatos.
Tampoco Sergio Mayer, Alejandro Moreno, Cuauhtémoc Blanco, Marko Cortés o Lilly Téllez, entre otros, ocuparían sus cargos en el Congreso, de ser vigente la iniciativa en materia electoral que ocupa la conversación desde meses antes de conocerse.
Llega el día, y las y los legisladores tendrán una prueba mediante la cual, finalmente, demostrarán para quién trabajan. ¡Fuera máscaras!, ¿representan al pueblo o a los beneficios de sus partidos políticos?
Los partidos también se enfrentan a una prueba, será el pueblo de México quien la califique y el resultado se expresará directamente en las urnas. ¿Son los intereses de los partidos políticos los mismos intereses que tiene la gente? ¿Trabajan para el pueblo o para ellos mismos?
Serán las diputadas y senadoras, los mismos legisladores que llegaron por la vía plurinominal, los representantes populares en su totalidad, pues, quienes decidan si esa moneda de cambio político, “las listas de pluris” que tanto los ha beneficiado y cuya “utilidad” han aprovechado al máximo, se elimina o se mantiene. No hay vuelta atrás ni interpretación o “maroma” de la que puedan salir bien librados quienes no aprueben una reforma electoral cuyo contenido es voluntad popular, por lo tanto interés soberano.
La iniciativa no sólo es una reforma electoral, es también un termómetro democrático que mide la representación legislativa para identificar a quienes responden a los intereses partidistas y legislan bajo las órdenes no del pueblo, sino de sus líderes de bancada.
¿Serán los partidos políticos organizaciones cuya misión y compromiso están del lado de la voluntad popular? ¿Responden a la ciudadanía o a sus propias ambiciones? Nada más hay que salir a la calle, tomar carretera, llegar a las selvas, costas, montañas y campos de cultivo, para percatarse del deseo generalizado del pueblo de México de eliminar las listas de plurinominales y disminuir los costos de las elecciones y las prerrogativas a partidos políticos. ¿Cumplirán los partidos con su compromiso, o una vez más acusarán al ciudadano de no ser capaz de tomar decisiones?
Serán las y los diputados, las senadoras y los senadores, quienes avalen, o no, el disminuir el recurso económico de su organización. Vaya momento para que la gente confirme si los partidos son entidades de interés público, o negocio oportunista.
Al PRI y al PAN la ciudadanía los conoce muy bien, y así lo ha dejado claro en las urnas, su postura a lo que propone la reforma electoral es clara y no hay sorpresas, la rechazan. Siguen sin digerir la derrota que implica el repudio mayoritario y hacen exactamente lo mismo que los llevó a perder, mientras esperan un resultado distinto.
Los partidos aliados de Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo son ahora los que tendrán que confirmar si su alianza responde a que comparten causas y valores, a que tienen un compromiso de servicio público compartido y participan en la lucha para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación, o simplemente buscan la rentabilidad electoral y financiera bajo la pantalla de una causa que no necesariamente comparten, pero les reditúa lo suficiente para garantizar su supervivencia y continuar haciendo negocios al amparo del poder político.
Con la votación de la reforma electoral, partidos políticos y legisladores no podrán mantener –de tenerlos– sus disfraces. Es un parteaguas que implica el mantener esquemas que favorecen privilegios y abusos, o disminuir dinero a partidos y organismos y eliminar figuras que benefician a las cúpulas y liderazgos partidistas.
Al final, el pueblo sabrá para quién trabajan, y para quién no. Y aquí la lección, una vez más, es… quien subestima a la presidenta
Fuente: La Jornada.
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