Noticia publicada a las 02:01 am 18/02/26

Por: Guillermo Knochenhauer.

A México le falta una Constitución que sea respetada por gobernantes y ciudadanos, que permita el desarrollo de la economía de mercado con regulación efectiva conforme a valores éticos de equidad social.

Hoy se conmemora el 109 aniversario de la promulgación de la Constitución que configuraba nuestro régimen jurídico y político; no obstante su importancia,

hace décadas que dejó de formar parte de las grandes efemérides y de ser ocasión para definir rumbos colectivamente.
Hay que recordar que toda Constitución Política es eficaz en constituir a la nación a condición de que sea el compendio de los objetivos del proyecto nacional, de los derechos ciudadanos y de las responsabilidades y facultades de los gobernantes.
Mientras reunió esas cualidades, nuestra Constitución fue eficaz en mantener la estabilidad política y la movilidad social al fortalecer al Estado como rector de un crecimiento económico que debía avanzar con rumbo a la justicia social.
No sólo propició un crecimiento anual promedio de 6% entre 1940 y 1970, sino que creó instituciones como el IPN, el IMSS, el Infonavit, Conasupo y tantas otras orientadas a elevar el bienestar social.
Esa Constitución repartió tierra para los campesinos, creó los derechos laborales y sindicales para los obreros, rescató la riqueza del subsuelo para la Nación y defendió el respeto al derecho ajeno como norma de política exterior en favor de la soberanía política de todos los países; la hoy vigente es una propia del movimiento que encabeza Morena.
Antes tuvimos una propia del neoliberalismo; las deformaciones que la Constitución de 1917 ha sufrido han sido uno de los problemas mayores de México; el marco jurídico-político que da orden y rumbo al país fue deformado por varios cientos de reformas que se le han hecho desde su promulgación; han sido causa de las incapacidades del Estado para responder a las exigencias del desarrollo económico, de las demandas sociales y es causa, también, de múltiples ambivalencias y contradicciones que dan lugar a la corrupción.
Los cambios hechos a la Constitución entre 1985 y 2013 la fueron deformando en favor de intereses concretos. Con agudeza, Diego Valadés, connotado constitucionalista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, escribió hace años, refiriéndose a las reformas que ha sufrido la Carta Magna, que pasamos de tener una Constitución para atender al pueblo a la que convenía a la élite gobernante y después, en el contexto neoliberal (1985-2018), se reformó a conveniencia de la élite económica internacional.
Por ejemplo, en 2013 se hicieron la reforma energética, la reforma laboral, la de educación, la de protección del capital externo y los derechos de los extranjeros (a juicio de muchos, por encima de los nacionales); también se acotaron las facultades del Congreso y del federalismo.
Aquellas reformas y varias que les precedieron sirvieron para adaptar la Constitución al «Consenso de Washington» (desincorporación de empresas, desregulación mercantil, desprotección ante el comercio exterior) y para consignar la desincorporación de empresas públicas y bancos mediante arreglos con intereses particulares.
La Constitución se adaptó en esos años a una expectativa de integración “liberal” a la economía política global y de Estados Unidos en particular; la premisa era que la mejor política industrial era la de no tener política y dejar que el mercado lo resolviera todo.
Y en su implacable lógica, el mercado hizo que desaparecieran miles de cadenas de valor en la planta industrial del país, que el sector exportador se convirtiera en el motor dinámico del crecimiento y que las ensambladoras y maquiladoras de partes importadas fueran las responsables de más del 60% de lo que “México exporta”.
Por adaptaciones a principios e intereses ajenos al orden jurídico, al sistema político, a las necesidades de atemperar desigualdades y pobreza, la Constitución dejó de ser la expresión jurídico-política de la unidad social y de la identificación colectiva de propósitos a alcanzar que nos fueran comunes.
Durante los últimos siete años (los seis de López Obrador y el primero de la presidenta Claudia Sheinbaum), la Constitución ha tenido 63 reformas que modificaron 105 artículos de los 136 que la integran. Es decir, casi el 70 por ciento de sus preceptos han cambiado.
La intención declarada de legisladores morenistas, como Ricardo Monreal, es dejar plasmados en la Constitución los cambios de rumbo y de régimen político; consideran que la “Constitución juega un doble papel: por un lado, es acta de nacimiento de un nuevo régimen político, social y económico, y por el otro, es acta de defunción de lo antiguo que ya caducó, que ya perdió vigencia y referentes sustanciales en la sociedad”. (Ricardo Monreal, La constitución de la 4T, Milenio 23/12/2025).
Los artículos que habrían sido objeto de reforma, o derogados o sustituidos, son los relativos a la privatización de recursos y empresas públicas, a la apertura de sectores económicos sin regulación alguna, a la existencia de algunos órganos autónomos y a la reducción de la rectoría del Estado en sectores estratégicos.
No tengo duda de que cada una de esas reformas que hacen la “Constitución de la 4T” será rechazada por el gobierno de Estados Unidos en la revisión del T-MEC.
¿Vale la pena perseverar en mantener ese tratado, cuya vigencia no ha representado un estímulo dinamizador del crecimiento económico del país, cuando lo que le urge a México es fortalecer el mercado interno y estimular con ello las inversiones productivas que satisfagan su demanda?
A México le falta una Constitución que sea respetada por gobernantes y ciudadanos, que permita el desarrollo de la economía de mercado con regulación efectiva conforme a valores éticos de equidad social, sin trastocar los derechos individuales y las libertades civiles.
¿Va por ahí la Constitución que el régimen actual ha hecho vigente?

Fuente: HERALDO DE MEXICO.

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