Noticia publicada a las 02:46 am 20/01/26

Por: Enrique Núñez.

La idea de supervisar a las autoridades municipales morenistas suena muy vanguardista, pero en la práctica terminarán escondiendo las fallas bajo el tapete.
¿Recuerda usted aquel decálogo que firmaron los diputados y presidentes municipales emanados de Morena en 2024? Se lo pregunto porque durante la primera sesión del Consejo Estatal se aprobó una revisión al trabajo de medio centenar de alcaldes.

Alfonso Bermúdez Ruiz, representante electoral del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dio los pormenores tras la reunión del fin de semana en San Pedro Cholula: habrá entrevistas directas con cada uno de los 54 ediles y se evaluará a cada uno de manera distinta.
Aquellos gobernantes que no están cumpliendo con el decálogo, que entre otras cosas habla de austeridad, paridad de género y otorgamiento de servicios básicos tendrán un primer llamado de atención. En el caso de los diputados, el tema es verificar que hayan regresado a sus distritos y que las iniciativas presentadas sean acordes a los discursos de la Cuarta Transformación.
El tema no concluirá ahí. En un tiempo -no definido aún- se le entregará el reporte al Comité Ejecutivo Nacional. El CEN se lo hará llegar a la Comisión Nacional de Honor y Justicia, que será la encargada de, en los casos necesarios, sancionar a los presidentes municipales morenistas que no han respondido a los ciudadanos.
Y hasta aquí todo bien, sin embargo, tenemos que entender que la CNHJ no tiene las mejores referencias en materia de orden. Basta un ejemplo. En su apartado de resoluciones la más reciente concluyó en julio de 2024, abordó la queja por “utilización indebida de recursos públicos”, interpuesta dos años antes, en 2022.
La Comisión, cuyo lema es “Conciliación antes que sanción”, concluyó que era infundado el agravio en contra de las dos personas acusadas.
En 2025 no se resolvió ninguna queja, o al menos en el portal no aparece archivo alguno.
Este ejemplo no es la excepción, la semana pasada los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esos que fueron “electos” a través de los acordeones, blindaron a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, para que no se pueda realizar el proceso de revocación de mandato en su contra y fueron más allá, se solicitó suspender la indagatoria por el destino de 900 millones de pesos que la federación envió a Acapulco tras el paso de Otis.
Por ejemplos como estos, queda claro que aunque en el discurso la idea de supervisar a las autoridades municipales suena muy vanguardista, en los hechos, lo cierto es que terminarán por esconder bajo la alfombra las fallas, cuando así convenga al partido.
De ahí que la declaración de una evaluación diferenciada nos lleva a pensar que esta revisión tiene intenciones de fondo, como el descarrilar a algunos aspirantes a la reelección.
Ni más ni menos.

Fuente: INTOLERANCIA.

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