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Gobernar hoy en Puebla significa administrar el desastre. Y ese desastre tiene nombre y apellido: no, no hablo de José Chedraui, él es hoy en día un cero a la izquierda, hablo de Alejandro Armenta Mier.
No es un juicio moral, es una realidad política.
Armenta heredó un estado con problemas graves, sí. Pero en el pasado 2025 ya no se trata de lo que recibió, sino de lo que tolera.
Puebla vivio un año con cientos de homicidios dolosos, miles de delitos del fuero común y una percepción de inseguridad que rebasa el 80 por ciento.
En promedio, más de doscientos delitos diarios atraviesan la vida cotidiana de los poblanos. Y aun así, el discurso oficial insiste en hablar de coordinación, estrategia y gobernabilidad.
Pero los cuerpos no mienten.
Puebla sin duda es un Municipio libre… pero sitiado por dentro
La Constitución poblana dice que el municipio es la base del Estado. Sin embargo, bajo el gobierno de Armenta, esa base está podrida desde adentro.
Las policías municipales ya no son el primer eslabón de protección, sino en demasiados casos la puerta de entrada del crimen organizado.
Por eso la detención de tres mandos de la policía municipal, entre ellos Kevin Atanacio Luna, no es un hecho aislado, es un síntoma.
Es la radiografía de un modelo de seguridad que se dejó infiltrar hasta el tuétano.
Y aquí la pregunta no es quién apretó el gatillo ni quién ejecutó la orden. La pregunta es otra, mucho más incómoda:
¿quién los nombró, quién los protegió y quién permitió que el apellido pesara más que el uniforme?
Las preguntas que deberíamos hacernos todos los poblanos son incómodas, pero necesarias:
¿por qué cuando a cualquier ciudadano lo detienen por un supuesto delito se le deja caer todo el peso de la ley sin miramientos, mientras que a ciertos individuos con apellido, padrino o cargo nadie los toca?
¿Desde cuándo la justicia dejó de ser ciega para volverse selectiva?
¿Quién decide a quién se le aplica la ley con rigor y a quién se le concede tiempo, protección o silencio?
Porque cuando la ley se aplica con dureza al débil y con indulgencia al poderoso, ya no estamos hablando de Estado de derecho, sino de un sistema de privilegios disfrazado de legalidad.
Y ese sistema de privilegios no se sostiene solo en nombres propios o en favores aislados. Se construye, se normaliza y se protege desde las propias instituciones que deberian impedirlo.
Porque la selectividad de la justicia no es un accidente: es el resultado de órganos que, aún presumiendo autonomía, han dejado de funcionar como contrapesos reales del poder.
Por favor a usted que me escucha y me lee, deje darle mis aurgumentos:
Alejandro Armenta gobierna con dos órganos que, en teoría, deberían ser sus mayores contrapesos: la Fiscalía General del Estado y la Auditoría Superior.
Ambos presumen autonomía constitucional. Pero en la práctica parecen haber sido diseñados para no incomodar al poder.
Porque si la Fiscalía fuera realmente autónoma, las redes de protección política y administrativa ya estarían bajo investigación profunda. Y si la Auditoría ejerciera su función sin cálculos políticos, muchos flujos de dinero público que hoy sostienen estructuras corruptas ya estarían exhibidos.
Por eso hoy no basta con detener a policías o abrir carpetas mediáticas: deberían estarse fincando responsabilidades, sanciones e incluso inhabilitaciones a ex presidentes municipales que gobernaron con omisiones, desorden o tolerancia frente a redes de corrupción y violencia, como lo es Luis Alberto Arriaga, Paola Angón, Claudia Rivera, Eduardo Rivera y Adán Domínguez entre otros. Si la fiscalía y la Auditoría realmente ejercieran su autonomía, estos nombres no serían memoria política, sino expedientes vivos.
Autonomía sin dientes no es institucionalidad.
Es simulación.
Y cuando la simulación se vuelve norma, deja de ser un problema exclusivo de la seguridad pública para convertirse en una enfermedad que se extiende a cada rincón del aparato estatal, incluso a aquellos espacios que deberían ser intocables por su naturaleza técnica y jurídica.
A usted que me escucha y me lee déjeme darle otro dato.
El Registro Civil y el nepotismo que corroe al Estado
La crisis institucional no se limita a la seguridad. También atraviesa áreas que deberían ser técnicas, discretas y pulcras, como el Registro Civil. Una investigación periodística documentó que un juez del Registro Civil, Francisco Brian Atanacio Schiaffini, estuvo implicado en irregularidades relacionadas con la expedición de actas falsas y anotaciones fuera de norma.
No se trata de delitos violentos. Se trata de algo igual de grave: la degradación de la legalidad desde adentro, la normalización de redes internas, de apellidos que circulan, de cargos que se heredan, de protección que se teje en silencio.
En este contexto ha surgido, además, una percepción pública persistente alimentada por versiones periodísticas y comentarios dentro de la propia administración sobre la cercanía y posible protección política hacia este funcionario por parte de Javier Aquino Limón, ex secretario estatal y hoy reposicionado en la esfera federal.
El “Juez” en cuestión lo señala como su padrino. Al igual que es sobrino de Raymundo Atanacio Luna y por ende familiar del policía detenido.
No existe, hasta ahora, una aclaración oficial que confirme o descarte de manera transparente ese vínculo, pero el solo hecho de que el señalamiento circule sin respuesta institucional refuerza la idea de que en Puebla las redes pesan más que los expedientes.
Porque cuando un área tan sensible como el Registro Civil se ve envuelta en irregularidades y nadie explica quién nombró, quién supervisó y quién protegió, el mensaje para la ciudadanía es devastador: la ley deja de ser una garantía y se convierte en un trámite manipulable.
Así es como el nepotismo deja de ser una anécdota y se convierte en sistema.
Aquí le dejo la imagen del juez con su padrino
Señor Gobernador
¿Para cuándo se les abrirá carpeta de investigación a los involucrados?
Así como se actúa con periodistas, de manera pronta y expedita, también debería actuarse frente a casos de corrupción, irregularidades administrativas y redes de protección que hoy corroen a las instituciones.
Porque el nepotismo en la llamada Cuarta Transformación no es una sospecha: es una práctica reiterada que se ha documentado en distintas esferas de gobierno.
Y mientras se persigue con velocidad a quienes incomodan, se posterga indefinidamente la investigación de quienes gozan de apellido, padrino o fuero político.
¿Que acaso no les bastó a los Atanacio o a los Aquino saquear desde constructoras, notarías o cargos públicos?
Dudas que matan… porque esa impunidad no se queda en el escritorio: se derrama en la calle, en la patrulla infiltrada, en la carpeta que no se abre y en el cuerpo que no se identifica.
Esa protección política no es solo corrupción administrativa: es el primer eslabón de la tragedia humana que hoy vive Puebla.
Puebla, sus desaparecidos, el Semefo y las fosas clandestinas.
El SEMEFO se ha convertido en el archivo más crudo del fracaso institucional. Ahí se acumulan decenas de cuerpos sin identificar y listas interminables de personas fallecidas que nadie reclama.
No porque no tengan familia, sino porque el miedo también mata: miedo a represalias, a extorsiones, a entrar a una Fiscalía que parece diseñada más para intimidar que para acompañar. A eso se suma la pobreza, que impide a muchas familias trasladarse, pagar peritajes, insistir, resistir.
En Puebla, morir sin nombre ya no es una excepción: es una consecuencia lógica de un sistema colapsado.
Y mientras el SEMEFO rebasa su capacidad, siguen apareciendo fosas clandestinas en distintos municipios del estado.
Palmar de Bravo, Tecamachalco, Tepeaca, zonas rurales y corredores carreteros donde el Estado parece ausente y donde los colectivos de madres buscadoras llegan primero que las autoridades.
Cada fosa no es solo un hallazgo criminal: es una prueba de que el territorio se gobierna desde la impunidad.
Aquí no se trata de errores heredados ni de rezagos históricos. Cada cuerpo encontrado, cada persona no localizada, cada expediente detenido es una responsabilidad directa de la administración de Alejandro Armenta.
No porque él haya provocado el horror, sino porque hoy le corresponde enfrentarlo y no lo está haciendo con la contundencia que la tragedia exige.
Porque un gobierno que permite que sus muertos se acumulen sin nombre, que sus desaparecidos se vuelvan cifras y que sus fosas se normalicen, no está reordenando nada: está administrando el olvido.
Porque el horror no nace en el SEMEFO ni se gesta en las fosas clandestinas.
Empieza mucho antes, en las oficinas donde se reparten cargos, en los escritorios donde se archivan denuncias y en las corporaciones donde el padrinazgo vale más que la trayectoria. La violencia que hoy deja cuerpos sin nombre es hija directa de un sistema que permitió que el nepotismo y la protección política sustituyeran a la legalidad.
El caso Atanacio el más claro ejemplo: cuando la policía deja de ser autoridad y se vuelve advertencia
La detención de Kevin Atanacio Luna y de otros mandos de la policía municipal no debe leerse como un triunfo institucional.
Es, en realidad, la evidencia más clara de que el sistema de seguridad en Puebla está roto desde adentro.
Nadie llega a un cargo de mando por casualidad. Se llega por recomendación, por padrinazgo, por protección política.
Y cuando empiezan a circular los mismos apellidos Atanacio, Aquino en áreas tan distintas como corporaciones policiales, Registro Civil, constructoras o notarías, la pregunta deja de ser si hay corrupción, para convertirse en cuántos niveles del gobierno estatal han sido permeados por redes de nepotismo bajo la administración de Alejandro Armenta.
No es un caso aislado. Es un patrón.
Gobernador, Puebla no necesita más discursos, necesita justicia.
Puebla no necesita más ruedas de prensa ni más promesas de coordinación interinstitucional. Necesita carpetas de investigación reales, sanciones visibles, inhabilitaciones ejemplares y una limpieza profunda de las corporaciones municipales, de la Fiscalía, de la Auditoría y de todas aquellas dependencias donde los apellidos pesan más que los méritos.
Hoy la justicia se aplica con dureza al ciudadano común y con indulgencia al poderoso. Se persigue rápido a quien incomoda y se protege con silencio a quien pertenece a la red correcta.
Eso no es gobernar.
Eso es administrar privilegios.
Y mientras se siga tolerando ese sistema, seguirán apareciendo cuerpos sin nombre en el SEMEFO, fosas clandestinas en los municipios y madres buscando a sus hijos en un estado que ya no los busca.
Porque en Puebla, gobernador, la impunidad ya no se esconde.
Camina en patrulla, firma actas, ocupa cargos y gobierna en su nombre.
Porque cuando el poder protege a los suyos y abandona a los demás, el Estado deja de ser refugio y se convierte en amenaza.
Antes de cerrar esta columna, quiero dejar constancia de un elemento que por ahora sólo puedo mencionar de manera indirecta.
En mi poder existe un audio que da cuenta de cómo, en ciertos círculos de poder, no sólo se presume lo “difícil que ha sido llegar”, sino también la supuesta influencia de personajes que se consideran por encima de cualquier institución.
En ese mismo mensaje se me sugiere, de forma velada, que “tenga cuidado”, porque según esa lógica uno nunca sabe con quién se está metiendo.
No haré público ese material en este momento.
Pero llegará el día en que ese audio se conozca, no como un acto de revancha, sino como prueba de que en este país el verdadero problema no es la crítica, sino la arrogancia de quienes creen que el poder los vuelve intocables.
Se les olvida quien les ayudo en el pasado…
Fuente: Status.
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