Noticia publicada a las 02:20 am 15/01/26

Por: Darío Celis.

Desde hoy, 9 de enero, los usuarios de telefonía móvil deberán registrar de forma obligatoria su línea, esta medida ha encendido alarmas justificadas, sobre todo entre los operadores móviles virtuales (OMV), quienes hoy representan una porción fundamental del ecosistema digital al sumar más de 15 millones de líneas activas en el país.

El nuevo padrón exige ligar cada línea a la identidad biométrica de sus usuarios, amenaza con dejar fuera de servicio a millones de personas, no por apatía, sino por la imposibilidad práctica de cumplir requisitos en un plazo irreal y con una infraestructura insuficiente.
El reto está en registrar más de 135 millones de líneas en menos de seis meses. Sin embargo, la experiencia reciente demuestra que la capacidad operativa es raquítica, ya que en un programa piloto la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, a cargo del zar del sector, José Antonio Peña Merino, apenas se habían registrado 427 mil líneas hacia octubre de 2025, y la mayoría de los OMV carecen de los recursos para escalar su operación al ritmo exigido.
En el peor escenario, podrían perderse hasta 7 millones de líneas virtuales, lo que impactaría directamente a comunidades rurales, usuarios de bajos ingresos y sectores marginados para quienes la conectividad móvil es mucho más que un lujo: es acceso a salud, educación y servicios básicos.
El problema se agrava con el olvido deliberado de las eSIMs, los chips virtuales que permiten activar líneas internacionales en el país sin pasar por el registro local.
Justo cuando México se prepara para recibir una avalancha de turistas por el Mundial, el regulador cierra los ojos ante una puerta trasera que deja fuera del control gubernamental millones de líneas activas, desvirtuando el espíritu de la norma y minando su efectividad desde el origen. No sirve de nada obligar a registrar cada SIM física si el mercado digital se mueve, cada vez más, por canales globales e intangibles.
A esta ecuación se suma la incapacidad de la autoridad para acelerar el registro de la CURP biométrica, herramienta clave para validar identidades de manera segura.
Hoy, ni el Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo) ni la Secretaría de Gobernación, que encabezan Félix Arturo Arce Vargas y Rosa Icela Rodríguez, respectivamente, cuentan con plataformas robustas, interoperables ni transparentes que permitan procesar datos biométricos a escala nacional sin provocar cuellos de botella o, peor aún, suspensiones masivas de líneas por errores o falta de conectividad en zonas remotas.
La fragilidad del sistema queda expuesta ante la ausencia de un marco sólido de ciberseguridad y el déficit crónico de inversión en tecnología. El Estado exige información sensible, pero no establece sanciones claras en caso de filtración, en un país donde las bases de datos oficiales han sido hackeadas una y otra vez.
Los operadores, sobre todo los más pequeños, enfrentan costos que pueden superar varios pesos por usuario para adaptar plataformas, lo que resulta inviable y terminará reflejándose en tarifas más altas o, directamente, en el retiro del servicio.

Fuente: Zócalo de Saltillo.

[Regresar a la página principal]