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marcada por fracasos internos y cinismo partidista. La corrupción tuvo rostro priista con Jorge Estefan Chidiac, señalado por la entrega irregular de plazas en la SEP, mientras que el caso más contundente fue la sentencia firme por desvío de recursos públicos contra María Teresa Castro Corro, ex secretaria de Planeación y Finanzas del gobierno barbosista.
En Morena, Olga Romero Garci-Crespo cerró el año con un evidente tropiezo al frente del partido, incapaz de cumplir las metas de afiliación y dejando a la estructura guinda lejos de las expectativas trazadas. Mientras que en Movimiento Ciudadano, el descrédito alcanzó a Fedrha Suriano Corrales, quien optó por respaldar a presidentes municipales hoy presos o bajo proceso penal.
En el terreno económico, empresarios de Grupo Proyecta y los herederos Abed, a través de Grupo Alfa, chocaron frontalmente con el gobernador Alejandro Armenta Mier. Los primeros, por intentar vender al gobierno estatal hectáreas a precios inflados; los segundos, por negarse a renegociar el oneroso PPS del Centro Integral de Servicios (CIS).
Y Ricardo Salinas Pliego se consolidó como el villano deportivo del año al abandonar al Club Puebla, provocando el repudio de la afición y dejando al equipo sumido en el peor momento de su historia reciente.
‘El Toñín’: El regreso del presunto capo huachicolero como ‘líder campesino’
A finales de 2025, Antonio Valente Martínez Fuentes, alias ‘el Toñín’, reapareció en la escena pública con un nuevo disfraz: el de líder campesino y supuesto defensor del agua en Palmarito Tochapan. La maniobra, sin embargo, no logró borrar su historial como objetivo prioritario de las autoridades federales por su presunta vinculación al robo de combustible desde 2017.
Este año, orquestó un bloqueo masivo en la autopista Puebla–Orizaba, el cual colapsó la logística del sureste mexicano. A través de un video, ‘el Toñín’ intentó deslindarse cínicamente del cierre; además, aprovechó el espacio para atacar al secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, a quien acusó de “violentar” a su hija, Lupita Martínez, actual alcaldesa de Quecholac. La relevancia de sus amenazas y su control territorial trascendió hasta la “Mañanera del Pueblo”, donde la presidenta Claudia Sheinbaum abordó las intimidaciones lanzadas contra el secretario y diversos medios de comunicación locales, reafirmando que su caso es una prioridad de seguridad nacional.
Teresa Castro Corro: El rostro del quebranto barbosista
En octubre de 2025, se colocó el último clavo en el ataúd del gobierno de Miguel Barbosa con la histórica sanción contra su ex secretaria de Finanzas, María Teresa Castro Corro. La sentencia no solo confirmó la opacidad de la administración pasada, sino que marcó un precedente judicial sin precedentes en el estado.
La Sala Especializada del Poder Judicial del Estado la inhabilitó por 20 años para ejercer cualquier cargo público y le impuso una multa de 362 millones de pesos. Bajo el expediente 134/2024-PARA-SERA2, fue declarada plenamente responsable de desvío de recursos públicos y abuso de funciones.
De acuerdo con la investigación, Castro Corro autorizó la inversión ilegal de más de 600 millones de pesos del erario poblano en Accendo Banco, una institución que ya mostraba señales de insolvencia antes de su quiebra. Esta decisión provocó un boquete financiero irreparable en las arcas de Puebla. Con este fallo, Castro Corro se convierte en la figura de más alto rango del “barbosismo” en caer, simbolizando el fin de una era de impunidad administrativa.
Estefan Chidiac: el mercader de la SEP, da ‘Plazotas’ a sus allegados
El priista Jorge Estefan Chidiac demostró su “fineza” para la corrupción poco antes de abandonar la titularidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En un acto de cinismo, entregó 36 plazas ilegales a sus incondicionales, apenas dos semanas antes de que concluyera la gestión de Sergio Salomón Céspedes Peregrina.
El caso más emblemático es el de Gabriel Guerrero Monter, su ex director jurídico, quien recibió una plaza de Profesor Titular Tipo B con un sueldo de 50 mil pesos mensuales, a pesar de carecer de antecedentes docentes. El escándalo escaló hasta la “Mañanera del Pueblo”, donde la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó al secretario de Educación federal, Mario Delgado, revisar estas “plazotas” entregadas de manera discrecional.
‘Lalo Derrotas’: Eduardo Rivera siguió perdiendo en 2025
El 2025 marcó el año del exilio político para Eduardo Rivera Pérez. Tras su derrota frente a Alejandro Armenta, su control sobre el PAN se desmoronó por completo. El primer golpe ocurrió en marzo, cuando perdió la capital poblana: al apoyar la candidatura de Lupita Leal, su grupo fue superado por Manolo Herrera —impulsado por Mario Riestra—, quien le arrebató el Comité Directivo Municipal.
Su estatus marginal se reafirmó el 19 de octubre durante la elección del Consejo Estatal del PAN. De los 100 consejeros renovados, solo cinco son perfiles afines a Rivera. Ante su creciente irrelevancia en el blanquiazul, ha iniciado un “coqueteo” con la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, buscando refugio en figuras como Dante Delgado, Jorge Álvarez Máynez y Luis Donaldo Colosio, ante la posibilidad de abandonar las filas panistas.
Herencia de corrupción de Gilberto Higuera en la FGE
El ex fiscal Gilberto Higuera Bernal dejó un legado de corrupción a su sucesora, Idamis Pastor Betancourt, tras fracasar en su intento por integrarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Las irregularidades han sido señaladas directamente por la propia fiscal y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, quienes sostienen que la delincuencia organizada logró infiltrarse en la institución.
Las investigaciones abiertas bajo la gestión de Pastor Betancourt ya han derivado en la detención de al menos seis funcionarios, incluyendo agentes del Ministerio Público y policías de investigación. Este proceso de depuración ha provocado una desbandada interna: diversos servidores públicos han presentado su baja voluntaria ante el temor de que la Fiscalía General del Estado (FGE) inicie carpetas de investigación en su contra.
Movimiento Ciudadano: El refugio de los alcaldes bajo proceso
En 2025, la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano (MC), encabezada por Fedrha Suriano, quedó marcada por el cinismo y la debacle electoral. El partido se transformó en el refugio de los hermanos González Vieyra, un clan de alcaldes caciques que hoy enfrentan procesos penales: Uruviel y Giovanni, ex ediles de Ciudad Serdán y Tlachichuca, respectivamente, y Ramiro, quien gobernó San Nicolás Buenos Aires. Esta apuesta por perfiles cuestionables provocó el desfondamiento de MC en Puebla: de gobernar 15 ayuntamientos en 2021, la fuerza política cayó a diez en 2024, de los cuales hoy solo conserva siete tras las detenciones de sus alcaldes.
A este colapso se sumó el respaldo de la dirigencia a Yasmín Medina, candidata en el proceso extraordinario de Chignahuapan. Medina fue señalada por sus presuntos vínculos con Juan Lira Maldonado, alias ‘el Moco’, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia y enfrenta cargos por homicidio, narcomenudeo y lavado de dinero.
Fracaso de Olga Romero en el millón de afiliados para Morena
La dirigencia estatal de Morena, encabezada por Olga Romero Garci-Crespo, cerrará el 2025 con una deuda pendiente: la meta del millón de afiliados. Aunque inicialmente se impulsó este objetivo como el eje del fortalecimiento interno, Romero reconoció públicamente que el partido apenas alcanza los 520 mil empadronados, poco más de la mitad de lo proyectado.
Ante el incumplimiento, la dirigente matizó sus declaraciones previas asegurando que la cifra millonaria “nunca fue un compromiso” para este año. Ahora, la apuesta se posterga para 2026, condicionando el crecimiento del padrón a la conformación de los 2 mil 904 comités seccionales. Con esto, la estructura “guinda” cierra el año operando a medio gas, a pesar de la relevancia estratégica de consolidar su base militante.
Ricardo Salinas Pliego: El ‘Sepulturero’ de La Franja
Aunque ajeno a la política local, el magnate Ricardo Salinas Pliego se consolidó en 2025como el “villano deportivo” del año en Puebla. Su gestión dejó al Club Puebla en el abandono absoluto, utilizando a la institución no como un proyecto deportivo, sino como una moneda de cambio para mitigar sus crisis financieras externas. La afición poblana paga los platos rotos de su desinterés; el equipo, históricamente relevante, ha sido transformado en un activo devaluado que deja a la Angelópolis al borde de perder su lugar en el máximo circuito debido a una simple estrategia de saneamiento contable.
Acorralado por fallos adversos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que lo obligan a pagar créditos fiscales millonarios, Salinas Pliego puso a ‘La Franja’ en temporada de liquidación. La franquicia, que en marzo se tasaba en 100 millones de dólares, hoy se oferta en apenas 65 millones; un precio de remate que refleja la urgencia de liquidez del dueño de TV Azteca.
Rubén Sarabia ‘Simitrio’: El agitador del 2025
En septiembre de 2025, Rubén Sarabia, Simitrio, líder histórico de la UPVA “28 de Octubre” se consolidó como el rostro de la desestabilización en Puebla. Lo que comenzó como una organización de comercio popular ha mutado, bajo su mando, en un grupo de choque señalado por infiltrar movimientos sociales y ejercer violencia sistemática.
Los señalamientos cobraron fuerza durante las protestas de las alumnas de la Normal Rural “Carmen Serdán”. Un grupo de diez encapuchados, identificados como infiltrados de la “28 de Octubre”, secuestró e incendió una unidad del sistema RUTA frente a Casa Aguayo. Mientras las normalistas se manifestaban, los operarios de “Simitrio” vandalizaron el autobús y le prendieron fuego, para después huir y dejar que las estudiantes enfrentaran las consecuencias legales.
A diferencia de sus roces con administraciones pasadas, “Simitrio” escaló su nivel de violencia en 2025. El gobernador Alejandro Armenta lanzó una advertencia directa, señalando que la organización ya no se limita al ambulantaje, sino que se escuda en causas sociales para encubrir actividades de narcomenudeo y cobro de piso.
Armando Aguirre: el alcalde que entregó Coronango al crimen
El 2025 fue el año en que Coronango dejó de ser un “municipio dormitorio” para convertirse en un escenario de terror bajo la administración del petista Armando Aguirre. Marcada por la inoperancia y el desgobierno, su gestión ha permitido que la violencia escale a niveles de impacto nacional, transformando las calles en zonas de conflicto. Durante este periodo, el municipio acumuló el hallazgo de al menos nueve cuerpos en distintas zonas; casos que estremecieron a la entidad, como el feminicidio de Betsaida y la localización de restos óseos en un anexo vinculado a ‘el Patuleco’ (presunto narcomenudista), evidencias que exhibieron la nula vigilancia en la demarcación.
Apenas el 2 de diciembre, el río Tlapala devolvió el cuerpo de un hombre maniatado y con huellas de tortura, sumándose a una lista de ejecuciones que la policía municipal ha sido incapaz de frenar. Sin embargo, el suceso que colocó a Coronango en el mapa del narcoterrorismo fue el atentado del 30 de junio en San Martín Zoquiapan. Lo que inició como el cateo de un vehículo con restos humanos derivó en la detonación de dos artefactos explosivos que hirieron a una oficial de inteligencia. El ataque fue adjudicado a la “Operativa Barredora” (CJNG).
Los herederos Abed: El rostro del modelo depredador
El Consorcio Aristos, hoy en manos de los seis herederos de la familia Abed, se consolidó en 2025 como el principal antagonista financiero del estado. Al negarse a renegociar el contrato leonino del Centro Integral de Servicios (CIS), la familia Abed se aferró a un modelo que el gobernador Alejandro Armenta ha calificado abiertamente como un “monumento al saqueo”.
Bajo el esquema de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) —heredado de la administración de Rafael Moreno Valle—, el costo de construcción del CIS fue de apenas 1,372 millones de pesos; sin embargo, Puebla está obligada a pagar un total de 7,758 millones de pesos. De esta cifra, el estado aún adeuda 4,240 millones, los cuales se liquidarían hasta el año 2037, destinando un millón de pesos mensuales únicamente al concepto de mantenimiento. A diferencia de otros PPS, como el del Museo Internacional del Barroco —donde se logró un ahorro de 8 mil millones de pesos tras una renegociación—, los Abed han optado por la vía de la confrontación legal.
Grupo Proyecta: la ambición frente al interés público
Grupo Proyecta se consolidó en 2025 como uno de los principales antagonistas del discurso público en Puebla, tras sostener un choque frontal con la administración del gobernador Alejandro Armenta. El conflicto estalló ante la negativa del corporativo de donar dos hectáreas en Lomas de Angelópolis destinadas a vivienda para oficiales de policía. La exigencia de vender sus terrenos en miles de dólares —pese a haberlos adquirido originalmente en centavos— detonó una confrontación política, mediática y social que marcó la agenda del año.
La disputa escaló al salir a la luz los antecedentes del corporativo en City Lomas: tierras ejidales compradas a escasos cuatro pesos el metro cuadrado, sumado a denuncias de despojo y presiones contra pobladores locales. Mientras el Gobierno del Estado promovía vivienda social y otros empresarios donaban predios, Proyecta optó por condicionar o intentar vender terrenos carentes de servicios por 1,440 millones de pesos. La ruptura fue definitiva en abril, cuando el Ejecutivo rechazó sus ofertas y exhibió la lógica empresarial excluyente del grupo, reforzada meses después con señalamientos sobre la operación de un presunto “cártel inmobiliario”.
Uber: El gigante transnacional de la explotación en Puebla
Al cierre de 2025, Uber se consolidó como el “villano corporativo” de Puebla. A pesar de cumplir una década de operaciones en la entidad, la plataforma decidió celebrar su décimo aniversario no con mejoras para sus usuarios, sino con una agresiva batalla legal para evitar otorgar seguridad social a sus conductores y repartidores. Tras el ultimátum lanzado por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) y su titular, Silvia Tanús, Uber respondió con una estrategia de confrontación judicial.
Justo antes de que venciera su permiso de operación el 15 de diciembre, la empresa promovió un amparo para evadir la afiliación de sus trabajadores al IMSS, una medida impulsada por el Gobierno Federal y respaldada por el Estado para dignificar el trabajo en plataformas digitales. Esta negativa pone en riesgo la estabilidad de más de 7 mil conductores y repartidores en Puebla, a quienes la empresa insiste en catalogar como “socios” para eludir responsabilidades patronales, manteniéndolos bajo un esquema de explotación sin prestaciones de ley. En un acto de ambigüedad jurídica, Uber presentó sus documentos para renovar su permiso de operación, mientras simultáneamente interponía el amparo para frenar sus obligaciones laborales.
Fuente: Cambio.
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