Noticia publicada a las 01:34 am 22/12/25

Por: FERNANDO PESCADOR GUZMÁN.

El proceso de democratización mexicano, alguna vez aclamado como un modelo regional de transición desde el autoritarismo, en nuestra opinión, enfrenta crecientes presiones que revelan la fragilidad de sus instituciones.
La interacción entre el dominio del ejecutivo, un poder judicial debilitado,

la disminución de los partidos de oposición y las instituciones electorales politizadas viene creando un panorama en el que los pesos y contrapesos se erosionan constantemente. Esta dinámica debe generar preocupación no solo sobre la eficacia de la democracia mexicana, sino también sobre la resiliencia de su sistema político ante la concentración de poder. Para ello, veremos qué ocurre con actores políticos clave en un contexto de debilidad institucional.
El poder Ejecutivo en su modalidad de la presidencia de la república ha sido históricamente el centro del sistema político. En la superficie las reformas recientes han centralizado aún más la autoridad, con la reducción de la autonomía de los organismos reguladores independientes y las limitaciones a la influencia de la supervisión electoral ciudadana, el ejecutivo ha expandido su alcance a áreas tradicionalmente diseñadas para limitar su poder.
Sin embargo, la presidencia se encuentra atada a factores extra constitucionales: autolimitación del “legado” del sexenio 2018 – 2025, actores políticos que abiertamente desafían a la titularidad del ejecutivo Federal pero que, por pertenecer al partido en el poder, tiene que ser “acomodados”.
El poder judicial, ya agobiado por la ineficiencia y la escasez de recursos, ha visto debilitada su independencia debido a la presión política y a las reformas que socavan su capacidad de contrapeso. Los tribunales son cada vez más vulnerables a la influencia del ejecutivo, en el mejor de los casos, y de grupos criminales en el peor, lo que erosiona la confianza pública en su imparcialidad.
Este aspecto no es menor ya que pone en entredicho la inversión, nacional y extranjera. ¿Quién arriesgará capital si ante un contencioso con el gobierno ya se sabe que los tribunales basarán sus decisiones en criterios políticos y no técnico jurídicos?
Los partidos de oposición, antes vibrantes, han tenido dificultades para mantener su relevancia. La fragmentación interna, la disminución del apoyo electoral y el acceso limitado a los recursos han disminuido su capacidad para desafiar las iniciativas del ejecutivo. Este desequilibrio reduce el pluralismo y estrecha el espectro del debate político.
La anunciada reforma electoral que será presentada a mediaos de enero, promete todo un espectro de resistencia al tener como factor esencial la extinción del sistema plurinominal para la designación de cargos de elección popular. Introducido en la década de los 1960s “los diputados de partidos” y la posterior adopción de un sistema plurinominal complementario, abrió las puertas de la izquierda a la representación política.
Esa puerta ahora se busca cerrar para implementar en México un sistema electoral análogo al de EUA y Canadá. Aquí una discusión más detallada [1].
El contexto descrito nos empuja hacia un escenario de erosión de las instituciones independientes. Lo que tiene profundas implicaciones ya que el ejecutivo consolida su control sobre la vida económica y política.
De igual manera, el debilitamiento de las elecciones ciudadanas socava el mecanismo mismo mediante el cual se ejerce la rendición de cuentas democrática. Estos cambios no ocurren de forma aislada; interactúan para crear un sistema cada vez más dependiente de la voluntad del ejecutivo, reduciendo la capacidad de otros actores para controlar los abusos de poder. En otras palabras, asistimos paradójicamente a un retroceso democrático.
La trayectoria de México refleja tendencias globales más amplias de retroceso democrático, donde los líderes electos utilizan reformas legales para debilitar las instituciones en lugar de desmantelarlas abiertamente.
Este proceso es sutil pero insidioso: se aprueban leyes bajo el pretexto de la eficiencia o la modernización, pero su efecto acumulativo es socavar las salvaguardias de la democracia. En México, la retórica de la reforma enmascara un proyecto más profundo de centralización, donde el poder ejecutivo se convierte en el árbitro de la vida política e institucional.
Hay implicaciones para la gobernanza y la sociedad civil ante el debilitamiento del sistema institucional de pesos y contrapesos.
A medida que disminuye la independencia judicial, el Estado de Derecho se vuelve dependiente de la voluntad política en lugar de los principios constitucionales. LA reforma judicial abrió la puerta a su captura por parte de intereses de todo tipo. Lejos de aportar certidumbre el poder judicial ahora será campo de lucha entre factores reales de poder.
La disminución de los partidos de oposición reduce la vitalidad del debate democrático, dejando a la ciudadanía con menos alternativas y debilitando la rendición de cuentas. Ya de por sí asistimos a una decadencia política en la que las agresiones sustituyen al debate, como se observó recientemente en el Congreso de la Ciudad de México.
La ciudadanía pierde confianza en las instituciones percibidas como politizadas o ineficaces, lo que alimenta el cinismo y la desconexión. Lejos de sentar las bases de una cultura democrática, la fragilidad institucional promueve el retiro de la ciudadanía del debate público. Ciudadanos y ciudadanos quedaremos relegados a las gradas de un circo romano en el que los representantes electos intentan desgreñarse en público para posteriormente digitalizar las culpas y justificaciones. Un mundo político totalmente alejado de cualquier noción de eficacia o resultado positivo.
La reputación de México como líder democrático en América Latina se ve comprometida, lo que podría afectar sus relaciones diplomáticas y económicas. En una entrega anterior abordamos esta dimensión estratégica del aislamiento diplomático [2].
La fragilidad institucional y el retroceso democrático en México no son preocupaciones abstractas, representan cambios tangibles en el equilibrio de poder que amenazan los cimientos de la gobernabilidad democrática.
La concentración de autoridad en el ejecutivo, sumada al debilitamiento de las instituciones judiciales, electorales y partidistas, crea un entorno precario donde la democracia corre el riesgo de convertirse en una fachada.
Salvaguardar el futuro democrático de México requiere un compromiso renovado con la autonomía institucional, el pluralismo y la participación ciudadana. Sin ellas, la promesa de la democracia puede erosionarse y convertirse en un sistema donde el poder no tiene control y la rendición de cuentas resulta una quimera.
SAGRADAS ESCRITURAS.
Daniel: 3-6
El rey Nabucodonosor mandó construir una estatua de oro de 30 metros de alto y 3 metros de ancho. Ordenó que la pusieran en el valle de Dura, en la provincia de Babilonia.
Después mandó reunir a todos los alcaldes, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, jefes militares y demás autoridades de la provincia para la inauguración de la estatua.
Todos ellos se reunieron frente a la estatua que mandó construir el rey para participar en la ceremonia de dedicación e inauguración.
El encargado anunció en voz alta: “Escuchen bien, gente de todos los pueblos, naciones y lenguas, cada vez que oigan el sonido de trompetas, flautas, cítaras, arpas, liras, gaitas, y otros instrumentos musicales, deben arrodillarse y adorar a la estatua de oro que hizo construir el rey Nabucodonosor.
El que no se arrodille y la adore, será arrojado inmediatamente a un horno de fuego.”
Fuentes:
[1] https://www.youtube.com/watch?v=wcEebjwJfBA

Fuente: Índice Político.

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