Noticia publicada a las 02:50 am 15/11/25

Por: Fernando Pescador.

La noche del sábado 1° de noviembre se llevó a cabo en Uruapan, Michoacán, un festival de día de muertos. Pocos podrían imaginar que sería el lúgubre escenario para un asesinato político que ha cimbrado al gobierno de México y consolidado la imagen del país como rehén de la criminalidad.
Sin embargo, la muerte de Carlos Manzo Rodríguez está lejos de ser la única muerte de un edil en lo que va del presente sexenio.

Una lista inicial arroja otros nueve nombres:
Alejandro Arcos Catalán (Chilpancingo, Gro); Román Ruiz Bohórquez (Candelaria Loxicha, Oax); Jesús Franco Lárraga (Tancanhuitz, SLP); Mario Hernández García (Santiago Amoltepec, Oax); Isaías Rojas Ramírez (Metlatónoc, Gro); Yolanda Sánchez Figueroa (Cotija, Michoacán); Salvador Bastida García (Tacámbaro, Mich); Acasio Flores Guerrero (Malinaltepec, Gro); Miguel Bahena Solorzano (Pisaflores, Hgo).
Todos estos funcionarios electos han sido ultimados por poderes fácticos que centran su noción de poder en el control territorial. No se trata sólo de una tragedia humana, que lo es, es también un desafío abierto al propio Estado Mexicano. Un cálculo de servilleta arroja que el total de población afectada por estos eventos es de 858 mil personas. Cierto que Chilpancingo con 284 mil habitantes y Uruapan con 360 mil incrementan el total.
Pero ¿Qué tipo de régimen político puede tolerar que casi un millón de sus habitantes padezca la cruda violencia que implica el asesinato de su gobernante más directo? ¿Es posible que una autoridad mantenga ese rango si permite por acción u omisión la preservación de la vida de sus ciudadanos, empresarios, funcionarios?
El constituyente de 1917 tuvo la visión política de incluir la figura del municipio como “base de su organización” en referencia a los estados de la república.
¿Qué dice de nuestra actual situación si poderes fácticos someten por vía del terror a esa base de su organización? El Estado Mexicano está siendo corroído en su base organizativa por cárteles de la droga y criminalidad organizada que lo sustituye abiertamente por la fuerza de las armas. Que este sea el precio de un control electoral, cada vez más se observa como un mal negocio para las autoridades de los tres niveles de gobierno y una ganga para los criminales.
¿Para qué elecciones si el control no está con los gobernantes? ¿De qué soberanía se habla cuando se deja a los presidentes municipales de todos los partidos a su suerte? ¿Existe poder nacional cuando el apoyo federal sólo queda en despliegues superficiales, simbólicos?
¿Puede hablarse de soberanía cuando Sinaloa con una población de más de 3 millones de personas o Michoacán con más de cuatro y medio millones, están mal gobernados con su planta productiva al garete producto de pactos insostenibles?
El problema no es material. El Estado Mexicano cuenta con los recursos materiales, humanos y jurídicos para hacer frente a los criminales. El problema es de voluntad. El problema es que la cobija institucional es cada vez más insuficiente y cada jaloncito descubre una corrupción generalizada. Esa que en 2018 se juró por todos los gansos que iba a ser desmantelada.
En 2025 asistimos al triste espectáculo de una vorágine criminal que activamente se está tragando al gobierno entero. Habla mucho que el Plan Michoacán presentado por la presidenta Sheinbaum el 4 de noviembre busca atender las causas “se fortalecerá con las opiniones de los pueblos originarios, de las mujeres, de los jóvenes, de las autoridades tradicionales, municipales, estatales, de trabajadores del campo, de los sectores productivos y sociales, de las víctimas y de las familias.”
El lector avezado notará la dimensión administrativa: se salta por completo la participación del gobierno de Michoacán. ¿Castigo al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla? Si acaso un reglazo en la mano, porque de hecho el grupo político que gobierna (es un decir) Michoacán pueden relajarse ya que toda la responsabilidad ahora es del gobierno Federal.
Lo peor de la situación es que iniciativas como el referido “Plan Michoacán”, han habido varias. En 2014, ante la irrupción de las autodefensas, el gobierno del entonces presidente Peña Nieto destinó cantidades del orden de 45 mil millones de pesos. ¿Será el negocio el ilegal en Michoacán es tan grande que 45 mil millones de pesos simplemente se esfumaron sin hacer mella en la dinámica criminal?
La cuestión trasciende líneas partidistas. Se ha visto ya a lo largo del siglo XXI que ningún partido político puede o quiere combatir el poder económico que representa el narco y sus mutaciones en robo de mercancías, extorsión a comerciantes y un largo etcétera. Mientras grupos con poder de fuego igual o superior al de las fuerzas de seguridad pongan en entredicho a la autoridad no habrá salida del laberinto y el minotauro nos devorará.
¿Qué proponen? Dice la presidenta Sheinbaum. Lo que ningún antecesor se ha atrevido. Aplicar el artículo 29 constitucional y suspender garantías individuales (derechos humanos) y desarmar a los delincuentes. Nadie pide un genocidio o política de exterminio. Desarme a los delincuentes, eso sí por la fuerza si es necesario. Medicina amarga, sin duda. Pero ya lo demás se intentó sin resultado positivo para la sociedad que es la que pone a los muertos y desaparecidos, mientras una minoría dice disfrutar del prestigio insulso de gobernar sobre ruinas.
Hoy fueron Chilpancingo y Uruapan, mañana podría ser Monterrey o Guadalajara. No es que uno “quiera” que esto suceda. Es simplemente reconocer que hay tendencias sociales y criminales cuya trayectoria es al incremento y que, de permanecer en la indecisión, a la espera de “heredarle” el problema al siguiente titular del Ejecutivo federal, puede ser una apuesta perdedora para todo el país.
Post scriptum: Durante la elaboración de estas líneas trascendió el acto de acoso sexual en contra de la Presidenta Claudia Sheinbaum en plena vía pública en la CDMX.
La acción de un individuo en aparente estado de ebriedad no se agota con la denuncia en contra de este tipo de violencia a cualquier mujer, sin importar estatus social, político o económico. Se trata de conductas deleznables que se deben erradicar. Sin embargo, no debe caerse en el reduccionismo de dejar el tema ahí. Claudia Sheinbaum es mujer, pero también Jefa de Estado y la ausencia de un dispositivo de seguridad es una omisión criminal en sí misma. ¿Quién es la persona responsable de la seguridad personal de la Presidenta? Es notorio que falló en su encomienda.
Que, tras el homicidio en Uruapan, se registre un hecho de estas características debe movernos a considerar el contexto de seguridad del país. “El pueblo me cuida” es una simple formula retórica sobre la que nadie, menos aún una jefa de estado, puede basar su seguridad personal. Hacemos votos para que se tomen medidas que eviten este tipo de riesgos que son de seguridad nacional.
SAGRADAS ESCRITURAS. Juan 2:16: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado.

Fuente: Índice Político.

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