Noticia publicada a las 02:37 am 12/11/25

Por: Alejo Sánchez Cano.

Las manifestaciones ocurridas en varias ciudades del estado —Morelia y Uruapan—, donde participaron miles de personas para exigir la renuncia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la pacificación de la entidad, inciden necesariamente en el tema político-electoral.
Solo un iluso o simpatizante cuatrotero cree que con el Plan Michoacán

se abatirán los índices delictivos en la entidad a tal nivel que se terminen los asesinatos y las extorsiones contra empresarios (limoneros y aguacateros) y políticos.
Eso solo ocurrirá si se limpia la casa de funcionarios públicos federales, estatales y municipales coludidos con el crimen organizado. El citado plan se presentó en Palacio Nacional, lejos de los michoacanos, como una clara señal de darles atole con el dedo.
Eso lo veremos con el paso del tiempo, aunque la misma presidenta de México se comprometió a darle seguimiento personal cada 15 días para revisar los avances. Para nadie es un secreto que, con el cobijo del poder público, los delincuentes amplían sus tentáculos de poder con la mayor impunidad.
Así se explica que, en buena parte del territorio nacional, los cárteles de la droga sean los que mandan por encima incluso del gobernador en turno.
El caso purépecha no solo está relacionado con pacificar y establecer bases para un crecimiento económico más inclusivo. También tiene que ver con el malestar creciente de los michoacanos por la clase política que los gobierna. En este contexto, salta a la palestra por su incompetencia e ineptitud el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Las manifestaciones ocurridas en varias ciudades del estado —Morelia y Uruapan—, donde participaron miles de personas para exigir la renuncia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la pacificación de la entidad, inciden necesariamente en el tema político-electoral.
El surgimiento del movimiento social regional denominado “El Sombrero”, fundado por Carlos Manzo en 2024, tenía como propósito que se extendiera en todo el territorio del estado y en otras entidades vecinas como Guanajuato, Zacatecas, Jalisco y Estado de México.
Los asesinos de Manzo no terminaron con su proyecto político; al contrario, lo hicieron crecer a tal nivel que no solo llamó la atención de la presidenta Sheinbaum, sino que atrajo las miradas internacionales sobre la creciente inseguridad que prevalece en Michoacán.
Pero, sobre todo, sacudió las conciencias de los michoacanos para evitar que Morena siga gobernando esa entidad.
Los reclamos de los ciudadanos michoacanos obligaron a la presidenta Sheinbaum a atender de inmediato el problema. Recibió a Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, al tiempo que anunció el plan para pacificar la entidad con 57 mil millones de pesos.
Estos no son de ninguna manera recursos presupuestales extraordinarios, sino que son parte de la suma de todos los programas públicos que ya se ejercen en ese estado.
El envío de más tropas del Ejército a la región es parte de una serie de compromisos que no son más que una copia de lo que están haciendo los tres niveles de gobierno de Morena en esa entidad, y que claramente han sido insuficientes.
Las manifestaciones ciudadanas son lo único que impedirá que los malos gobernantes continúen destrozando al país. Tal como se observa en Michoacán y ahora con la movilización de la generación Z del próximo 15 de noviembre en todo el país, el gobierno de la 4T debe ponerse las pilas, so pena de recibir el mayor castigo posible con el rechazo de los mexicanos en las urnas.
Con el paso del tiempo se verá la efectividad del Plan Michoacán de la 4T. Mientras tanto, el país se enfila a los comicios del 2027. Aunque parece que falta mucho, la realidad es que todo se mueve hacia esa nueva cita electoral.
Esto significa que todo pasará por el crisol electoral y el caso de Michoacán no será la excepción, sobre todo con el resurgimiento del movimiento político de “El Sombrero”.
El gobierno debe gestionar para atender las necesidades que más agobian a los mexicanos, como la inseguridad, violencia y crisis económica.
Sin embargo, está obsesionado con establecer un nuevo andamiaje institucional y jurídico, además de fortalecer el control total de organismos electorales como el INE y el TEPJF, incluso la voluntad ciudadana.
El obradorato se dedica por completo a crear estrategias para evitar la alternancia y perpetuarse en el poder.

Fuente: EL FINANCIERO.

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