Noticia publicada a las 01:27 am 10/11/25

Por: Héctor Tenorio.

Ante la ingobernabilidad que vive Michoacán y la evidente incapacidad de las autoridades locales para frenar el descontento popular que causó el asesinato del presidente municipal Carlos Mazo, el pasado 2 de noviembre, el gobierno federal anunció que intervendrá la entidad sin precisar cuántos municipios abarcará ni cuánto durará.

Existe el temor de que la revuelta popular inducida o no y que terminó asaltando el Palacio de Gobierno en Morelia el día 3, la quema del Palacio Municipal, y el ataque a la construcción de la estación 3 del teleférico en Uruapan el día 4, se reproduzca a lo largo del país. Palacio Nacional no quiere reconocer públicamente el problema de fondo, la realidad que padecen los michoacanos hoy es el resultado de 18 años de política fallida de seguridad.
Será la segunda intervención que hará la federación, la primera sucedió cuando se creó la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral para Michoacán que duró del 2014 al 2015. La repartición del pastel que hizo el encargado de dicha dependencia, Alfredo Castillo Cervantes, permitió al crimen organizado cimentar el modelo de control político y económico en la entidad, que actualmente está en crisis.
En esa época hubo tres gobernadores de tristes recuerdos: Fausto Vallejo Figueroa, José Jesús Reyna García y Salvador Jara Guerrero. Por lo que el actual, Alfredo Ramírez Bedolla, no puede esperar mejor suerte. Cabe recordar que desde el 2012 ningún presidente municipal ha podido gobernar sin tener que, por lo menos consultar, con los verdaderos dueños del poder.
Carlos Manzo retó esa lógica apoyándose en “la Sombreriza”, movimiento independiente que creo y dejó de darle su parte al crimen organizado, quien decidió cegarle la vida.
La Presidencia de la Republica pretende frenar este sometimiento y plantea la construcción del Estado de Derecho desde el municipio, operada desde unas oficinas de Presidencia en algunos Ayuntamientos. Además de fortalecer el aparato de seguridad con el acompañamiento del Congreso de Estado para la creación de una Fiscalía para Delitos de Alto Impacto, un sistema de alerta para ediles.
Sin embargo, la realidad se impone y las protestas que continúan en Morelia impidieron a los legisladores locales sesionar. La sesión extraordinaria se celebrará hasta el 5 de noviembre. El proyecto de orden de sesión sólo contempla la toma de protesta de Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, como presidenta municipal de Uruapan. Ella viajo a la Ciudad de México donde fue recibida por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.
Las autoridades buscan facilitar la denuncia anónima en la Fiscalía; el problema es que esa dependencia tiene vínculos con los malhechores. También proponen un eje económico garantizando la seguridad social y un salario digno. El problema en este punto es que refleja la ignorancia capitalina del autor intelectual de la idea. El crimen organizado presionó a los dueños de tierra para que al hombre del campo se les pague más. Incluso, la mano de obra proviene de Guerrero; en un año de esfuerzo ellos terminan comprando sus camionetas, cuando en muchas ocasiones sus hijos llegaron casi desnudos.
Por lo que se refiere a la propuesta educativa y cultural del gobierno federal, tendrá problema en echarse andar, mientras no detenga la venta de plazas realizada por los sindicatos que impiden a las escuelas en los diferentes niveles tener el número adecuado de docentes.
No hay garantía que el proyecto de la Presidencia de la República evite que la revuelta desemboque en un levantamiento armado como el de las autodefensas del 2013 al 2014, cuyo pecado capital fue haber perdonado a los criminales que habían sometido.
En Puebla el gobierno del estado da un seguimiento puntual a la crisis de Michoacán y, con preocupación, ve que la derecha y medios de comunicación sacan una tajada política en un intento de levantar electoralmente en el 2027. Los problemas están a la vuelta de la esquina, el edil de Eloxochitlán, Delfino Hernández y el de San Salvador Huixcolotla, Manuel Alejandro Valentino Porras, pidieron apoyo al gobierno del estado por las amenazas que han recibido. El 3 de noviembre, en San Salvador Huixcolotla, asesinaron a una comandante y dos policías, los demás policías renunciaron. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado tomó el control. En lo que va del año van 14 policías muertos en el cumplimiento de su deber. Así están las cosas.

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