Noticia publicada a las 02:39 am 08/11/25

Por: Darío Celis Estrada.

LA IMAGEN DEL campo mexicano como fuente de vida, alimento y cultura, que tanto se presume en la 4T desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ha ido reemplazando por una postal de abandono, desesperación y miedo, y cada vez más pobreza.
Y es que nuestro país enfrenta una de las peores crisis agrícolas en décadas,

y no solo por los precios injustos o la falta de apoyos: el crimen organizado ha convertido la tierra en territorio de extorsión, amenazas y asesinatos.
En los años noventa del siglo pasado, México producía el 82% de los granos que consumía. Hoy, apenas alcanza 42%, irónicamente en los tiempos del neoliberalismo estábamos más cerca de la autosuficiencia, que en los tiempos de quienes prometieron que el campo reviviría para alcanzarla.
El maíz, símbolo nacional, ha caído de más de 7 mil pesos por tonelada en 2022 a apenas 3 mil 200 pesos en 2025. Mientras tanto, los costos de producción han subido 50% en cinco años.
El resultado: una rentabilidad nacional que pasó de 50% a 12%. Los agricultores exigen un precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada, pero el gobierno ofrece 6 mil 50 pesos. En respuesta, más de 20 estados han sido escenario de bloqueos carreteros, casetas tomadas y protestas frente a Palacio Nacional.
La tragedia no termina en lo económico. El campo mexicano está siendo secuestrado por el crimen organizado, que impone cuotas ilegales, roba maquinaria, controla el acceso al agua y asesina a quienes se resisten.
En Michoacán, los productores de limón deben pagar hasta 4 pesos por kilo como “derecho de piso”. El asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder citrícola, y Javier Vargas Arias en Veracruz, son solo dos ejemplos del terror que enfrentan los agricultores.
La extorsión ha alcanzado niveles históricos. Más de 8 mil denuncias se han registrado entre enero y septiembre de este año, lo que equivale a 29 casos diarios.
Se estima que hasta 20% del precio de los alimentos responde a pagos criminales. En paralelo, 10% de las hectáreas cultivables han sido abandonadas por inseguridad y falta de rentabilidad. La violencia ha dejado de ser un fenómeno urbano para convertirse en una plaga rural.
La respuesta institucional no pasa de ser timorata. Aunque se logró un subsidio de 950 pesos por tonelada en algunos estados, no hay una estrategia integral de seguridad ni de recuperación del campo.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido la caída de precios, pero la violencia sigue sin ser atendida con firmeza. Mientras tanto, los agricultores se arman como autodefensas, los precios de los alimentos suben y el miedo se siembra en cada hectárea.
El campo mexicano no necesita solo subsidios. Necesita protección real contra el crimen organizado, reactivación de apoyos productivos, una reforma al TMEC para evitar competencia desleal y políticas diferenciadas para pequeños productores.
Porque si el campo muere, no solo se pierde una industria, se pierde soberanía, cultura y futuro, que tanto han cacareado los gobiernos de Morena, pero parecen no saber cuidar e impulsar.

Fuente: Zócalo de Saltillo.

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