Noticia publicada a las 12:48 am 21/10/25

Por: Eduardo R. Huchim.

Eran comunes, en sexenios anteriores a la 4T, los ostentosos viajes presidenciales con una comitiva larga y costosa y con hoteles y restaurantes de lujo. Aquellos faraónicos periplos ya no existen.
También eran comunes los lujosos inmuebles urbanos y rurales que adquirían secretarios de Estado, gobernadores y otros funcionarios públicos de primer nivel.

Era evidente que sus emolumentos, más altos que en la actualidad, no alcanzaban para sufragar tales posesiones, pero eran pocos quienes se escandalizaban ante esos y otros excesos.
Ahora, sin embargo, en tiempos de la 4T, los gastos dispendiosos de algunos servidores públicos son piedra de escándalo incluso para medios internacionales. ¿Por qué?
La razón para el escándalo es el contraste de tales conductas con la austeridad proclamada como bandera de la 4T por su fundador, recogida por la actual Presidenta y adoptada también por las dirigencias de Morena.
Importa subrayar la austeridad republicana que existe en la Jefatura del Estado mexicano desde 2018, con Andrés Manuel López Obrador. Además, frente al puñado de políticos señalados por súbito enriquecimiento y costosos dispendios en viajes e inmuebles, existen miles de servidores públicos probos, cuya laboriosidad y rectitud han contribuido a los avances sociales que está logrando la 4T.
Ello no justifica, desde luego, la conducta del puñado de cuatroteístas señalados por sus excesos. Es claro que esos tales deberían ser apartados de los liderazgos en los Congresos y fuera de ellos, pero esto no sería suficiente. Un alineamiento de la conducta morenista con sus principios debe incluir la investigación y enjuiciamiento de los políticos involucrados en los escándalos de corrupción.
Es posible que algunos de los casos que hoy sirven para atacar a la 4T no encierren corrupción directa, pero ni aun así son admisibles en un movimiento como el fundado por AMLO y continuado, con importantes aportes propios, por Claudia Sheinbaum. Ambos han postulado que el poder no es para enriquecerse, sino para servir con humildad.
Es claro que, no siendo el enriquecimiento en el sector público un objetivo admitido por la 4T, quienes quieren acumular riquezas no deben tener cabida en ella.
Ya lo dijo con claridad el inolvidable Pepe Mujica: “A los que les gusta mucho la plata hay que correrlos de la política porque pudren todo... Al que le gusta mucho la plata, que se vaya a trabajar fuera de la política”.
La incógnita es si en los altos mandos gubernamentales y partidarios que son fieles a los principios de la 4T están dispuestos a aplicarles la ley a los militantes abiertamente corruptos y a prescindir de alianzas, pragmáticamente útiles pero deplorables, con partidos corruptos y -también- a prescindir de los políticos perseguidores de Creso.
Más allá de la retórica, ¿terminará el pragmatismo por avasallar a los principios? Ese es el riesgo que se avizora en el horizonte.
PLUS DIGITAL: LOS TOPES, BURLADOS
Pese a la disposición constitucional de que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la establecida para el Presidente, lo cierto es que este límite se cumple en alto porcentaje en el Poder Ejecutivo, pero no ocurre lo mismo en el Legislativo y en el Judicial, si bien en este último se supone que los dispendios se están corrigiendo tras la elección de ministros, jueces y magistrados.
El Legislativo es un buen ejemplo sobre cómo evadir la disposición de austeridad salarial, pues se sabe que, independientemente de su sueldo nominal, los legisladores reciben bonos, viáticos y sobresueldos que, por lo general, escapan al escrutinio público.
Cito uno de los casos de dispendio legislativo: en medio año, la actual legislatura gastó en el Senado casi el doble de presupuesto para viajes internacionales, respecto a 2024: 2.7 millones de pesos contra 5 millones en 2025. (Misael Zavala, El Heraldo de México, 09/10/25)
Otro caso: la Cámara de Diputados detectó una fuga por más de 100 millones de pesos porque más de la mitad de los 253 diputados y diputadas de Morena cobran 74 mil 558 pesos mensuales por conceptos de atención ciudadana y asistencia legislativa, pero no han comprobado la existencia de oficinas de atención. Además, los legisladores cobraron 58 mil 297 pesos cada uno para la realización de sus informes legislativos, pero 60% de ellos no los han presentado. (Antonio López Cruz, El Universal, 11/10/25).
Lo dicho: la austeridad no habita en el Congreso de la Unión.

@EduardoRHuchim

Fuente: HERALDO DE MEXICO.

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