Por: Ana Laura Magaloni Kerpel.
Impunidad se ha convertido en una palabra para invocar el corazón de la crisis de seguridad y de justicia que estamos viviendo. Creo que es muy importante ponernos de acuerdo a qué nos referimos cuando hablamos de impunidad, pues de lo contrario se pueden llevar a cabo graves injusticias.
Si de lo que se trata cuando hablamos de impunidad es que todo el que viole la ley sea sancionado, me temo que estamos poniendo una meta inalcanzable. El punto de partida para diferenciar lo posible de lo deseable implica partir de una premisa elemental: las instituciones de persecución criminal y de justicia tienen capacidades limitadas. No van a poder sancionar todas y cada una de las violaciones a la ley. En el ámbito penal, por ejemplo, en Chile sólo 8.3% de los delitos denunciados en 2008 terminaron con un responsable en la cárcel. Estoy hablando del mejor sistema de persecución criminal de América Latina. En el Distrito Federal, en ese mismo año, la tasa de castigo fue de 10%, pero con una mucho menor calidad en el proceso que en el caso chileno. Las diferencias entre entidades federativas, en el caso de México, son enormes. El Estado de
México, por ejemplo, en 2008 tuvo una tasa de castigo de 3%. Mi argumento central es que es una fantasía siquiera pensar que es posible detectar, perseguir y encarcelar a todos aquellos que infringen las leyes penales (o de cualquier otro ámbito). Las limitaciones propias de la persecución criminal obligan a definir prioridades. La pregunta a hacernos, para luchar contra la impunidad, es qué delitos, entre el universo de denuncias, es imprescindible o prioritario sancionar. En Chile, por ejemplo, la tasa de castigo de homicidio es de 91%, mientras que en México el promedio nacional, según un estudio de México Evalúa, es de 20%.
En este sentido, cualquier estrategia contra la impunidad con posibilidades de éxito tiene que comenzar por priorizar conductas delictivas a perseguir y asumir que, a lo mucho y es una meta altísima, es posible sancionar con cárcel 20% de los delitos que se denuncian. ¿Cómo establecer prioridades? ¿Qué consecuencias tiene no hacerlo?
Una de las gravísimas consecuencias de pedirle a nuestro corrupto y colapsado sistema penal más casos resueltos con un responsable en la cárcel es que fácilmente ello se torna en una cacería de brujas para los jóvenes y los grupos más vulnerables. Ejemplo paradigmático de ello fue la política de la Procuraduría capitalina de exigir cuotas de consignación a los MPs. Esta política se estableció en 2005, con Bátiz a la cabeza. En ese año, según la Encuesta a la Población en Reclusión del CIDE, 47% de los internos sentenciados en el DF estaban por robo simple sin violencia y de éstos 43% habían robado menos de 500 pesos. La lucha contra la impunidad, entendida como un mayor número de casos resueltos por la Procuraduría, llenó la cárcel de personas que no tendrían que estar ahí, con toda la tragedia e injusticia que ello trajo consigo para ellos y sus familias. Pero, además, los recursos humanos y materiales que se dedicaron a la persecución del robo menor no se destinaron a perseguir los delitos violentos como el secuestro y el homicidio. La cuotas de consignación generaron incentivos para que los MPs persiguieran casos fáciles y rápidos de consignar y dejaran a un lado los casos más graves y complejos.
Abatir la impunidad en nuestro país, creo yo, tiene dos prerrequisitos: 1) la construcción de un sistema confiable en donde la probabilidad de castigar a un inocente sea mucho más baja que la que hoy tenemos, y 2) definir y justificar públicamente cuál debe ser ese 20% de casos a los que se le va a dar prioridad. Si no pasan estas dos cosas, lo que va a suceder es que veremos más pobres y marginados en la cárcel. Con ello, sólo se reforzará la percepción colectiva de que la ley no es igual para todos y que hay algunos grupos sociales intocables.
Fuente: Reforma.
















