Por: Aurelio Ramos Méndez.
En nuestro cacareado estado de Derecho los políticos configuran la única clase que goza de libertad absoluta, sobre todo de expresión, al punto de que puede decirse, sin hipérbole, que en este ámbito el fuero constitucional no está acotado ni es privativo de legisladores y otras pocas categorías jurídicas, sino que todos gozan de inmunidad legal.
De esa irritante realidad dan prueba las copiosas acusaciones, con sustento o sin él pero exacerbadas en tiempos preelectorales, en contra de gobernadores y ex gobernadores como Humberto Moreira, Javier Duarte, Rodrigo Medina, Graco Ramírez, Eladio Aguirre, Guillermo Padrés Elías y Luis Armando Reynoso Femat, entre muchos otros.
Tal libertinaje existe porque la justicia y las instancias de control político están ausentes, en las nebulosas, abstraídas en sus propios intereses e ilicitudes, sin tiempo ni modo para vigilar y sancionar ya sea la corrupción o la calumnia. Lo cual acaba por configurar, frente a una sociedad desconcertada, el reino del aquí no pasa nada.
Si en la teoría jurídica los derechos absolutos no existen, el de expresión en nuestra clase política prueba lo contrario. Permite a sus integrantes decir lo que se les venga en gana, aun las desmesuras más descabelladas, con la certeza de total impunidad.
Del ex gobernador de Coahuila encarcelado en España, así como de otros mandatarios y ex mandatario se ha dicho de todo; pero los coahuilenses y los mexicanos en general no tienen claro todavía si Moreira es un ladrón a quien se debe confinar varios lustros en un penal de alta seguridad o son sus detractores quienes deberían ser recluidos para anular el grave peligro social que entrañan las lenguas irreprimibles.
Este ex mandatario priista, en quien ahora se ceban sus adversarios, en especial maniqueos líderes del PAN entregados al linchamiento mientras esconden bajo el alero un pelotón de correligionarios suyos presuntos delincuentes —Padrés Elías y Reynoso Femat ya están indiciados en la renqueante justicia—, fue exonerado de graves acusaciones no por un gobierno priísta sino por uno del PAN, el de Felipe Calderón.
Desde los tiempos de Ernesto Zedillo y sobre todo con Vicente Fox y Calderón, la mera dejadez o un federalismo mal entendido tradujeron la soberanía de los estados en abandono por parte del gobierno nacional y total carencia de fiscalización desde el centro. Vacío que derivó en la instauración no de territorios autónomos dentro de una confederación de estados solidarios, sino genuinos sultanatos, de los cuales el gobierno de José Murat Casab en Oaxaca fue uno de los ejemplos más conspicuos.
En semejante ambiente monárquico, aún persistente, en efecto los gobernadores suelen hacer lo que quieren; pero —debe decirse por impopular que resulte— en no pocos casos también son blanco de golpeteo sistemático por políticos pendencieros que hacen de la oposición, el transfuguismo y la libertad de expresión jugoso modus vivendi, cuando no patente de impunidad para sus propias fechorías.
En Veracruz también hace aire y por aquellos rumbos el ex priísta y ahora orgulloso panista e inminente aliado del PRD y de cuanto desprevenido se le acerque, Miguel Ángel Yunes Linares, emplea su fuero de diputado para exhibir mañana, tarde y noche, de fea manera, a los tres poderes del Estado, locales y federales, de los cuales las propias formaciones que ahora abraza con pasión forman parte.
Mediante desmesuras sobre las cuales ninguna autoridad le pide cuentas, Yunes Linares hace aparecer a todas las dependencias e instituciones del Estado —de la PGR a la Sedena, pasando por Marina, Hacienda, las cámaras legislativas y el Poder Judicial— como indolentes, pusilánimes, cómplices, inútiles o de plano inexistentes.
“Más de 90 por ciento de los veracruzanos queremos ver a Duarte en la cárcel y que devuelva todo lo que se robó”, dice y repite este político afanoso en coligarse con todas las fuerzas existentes para poder vencer en las urnas… a sólo el 10 por ciento que según él respalda al gobierno de turno.
Sin que ningún ente de procuración de justicia lo llame a rendir declaración al modo de la chapo-legisladora panista Lucero Sánchez López, Yunes Linares propala con absoluta impunidad acusaciones del tenor siguiente:
“Lo grave es que las alianzas del gobierno en Veracruz son con el crimen organizado, y eso lo he acreditado plenamente. En las campañas de Fidel Herrera y de Javier Duarte la delincuencia organizada aportó recursos a las campañas”.
¿De verdad alguien puede creer las denuncias que con fuero o sin él ha venido haciendo el deslenguado veracruzano, como si la estructura jurídica del país fuese una entelequia y los funcionarios de todos los niveles y órdenes de gobierno simples figuras decorativas o estuviesen todos dormidos?
Si en las narices de todo el entramado institucional del país Duarte ha podido erigirse en el personaje cuya figura pergeña Yunes Linares como vacuna contra las acusaciones de corrupción en su contra, se trata de un político de dimensiones siderales que debería ser promovido, sin demora alguna, a mejores estadios. Pero de no ser este el caso, Yunes Linares debe responder ante los tribunales, con todos los agravantes, por sus recurrentes dichos.
Lo que no se puede es consentir más, con el argumento pueril de ‘la política es así’, ‘si quieres conocer a tu padre metete a la política’, ‘en la política se vale todo’, que personajes de la catadura de Yunes Linares y quienes acusan a gobernadores —del que partido que estos sean— saturen la atmósfera con acusaciones de todo calibre y sin sustento, y no pase nada. O al menos no trascienda a la opinión pública lo que hacen los entes encargados de la procuración e impartición de justicia para meter al orden a políticos que gritan desaforados “¡al ladrón, al ladrón!” mientras se escabullen entre las sombras.
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Fuente: Crónica.
















