Por: Miguel Ángel García Muñoz.
La inquietud política creciente del ex Presidente por el PAN, Felipe Calderón Hinojosa, lo coloca como uno de los activos desestabilizadores, llevando en el intento encabezar la recuperación de “Los Pinos”, financiando movilizaciones y alentando la fortaleza de su Partido Humanista que en 2018 podría ser uno de sus bastiones aliancistas.
Su grupo, que integran connotados panistas, entre ellos el Gobernador de Puebla Rafael Moreno Rosas, el Senador Javier Lozano Alarcón, la Maestra tras las rejas Elba Esther Gordillo, entre otros, se mueve sin cortapisas y destinan grandes cantidades de dinero para sus propósitos, menos para beneficiar a los mexicanos.
Es imperativo que los mexicanos conozcan la herencia negra que dejó Calderón, no sólo por el número de muertos y desaparecidos que dejó la guerra fallida contra el narcotráfico, sino también las cuentas pendientes de funcionarios, empezando por algunos Gobernadores que han hecho de la corrupción e impunidad su reinado. Por lo mientras, éste es el saldo calderonista en materia de seguridad pública:
A PESAR DE QUE el gasto federal en seguridad se duplicó durante el Gobierno de Felipe Calderón, esto no impactó en la incidencia delictiva, que de 2006 a 2012 creció en 84%, según el informe sobre la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Al final del mandato de Calderón, los recursos para ese rubro que la Federación entregó a las entidades del país ascendieron a 14,509 millones de pesos, cuando fueron de 6,686 millones de pesos cuando el político del Partido Acción Nacional (PAN) asumió la presidencia mexicana.
La incidencia delictiva, en tanto, terminó en 2012 con una tasa de 19,830 delitos por cada 100,000 habitantes, cuando al inicio del gobierno de Calderón fue de 10,735 delitos por cada 100,000 habitantes.
En ese período, el delito que más creció fue el robo de vehículo con violencia, con un alza del 147%. A este le siguen la extorsión (130%), el secuestro (91%) y el homicidio doloso (84%), según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Para la ASF, esos datos reflejan que los recursos destinados a seguridad no fueron empleados adecuadamente, por lo que no cumplieron su cometido de reducir los índices delictivos.
“El aumento sostenido del gasto para la seguridad pública no ha logrado revertir la dinámica delictiva prevaleciente y, en consecuencia, no se han alcanzado los fines de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, ni tampoco preservar las libertades, el orden y la paz públicos en el territorio nacional, encomendados a la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios”.
Durante su mandato, Calderón hizo de la seguridad una de sus prioridades. NUNCA CUMPLIÓ.
El informe de la ASF —correspondiente a su último año del gobierno— analiza cuatro fondos con los que la Federación otorga recursos para seguridad pública a los 31 Gobiernos estatales y el Distrito Federal.
Los fondos auditados fueron el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP), el Subsidio para la Seguridad Pública municipal (SUBSEMUN), los Subsidios en Materia de Mando Policial (SPA) y el Subsidio de Apoyos a las Entidades Federativas en Materia de Seguridad Pública.
El más grande de ellos es el FASP, que representa alrededor del 50% del dinero otorgado.
Si bien los recursos fueron entregados a las autoridades locales, el Gobierno federal —a través del SNSP— debió elaborar los indicadores que permitieran dar seguimiento al uso del dinero.
“En 2012 el SNSP no realizó indicadores de resultados para determinar la efectividad de los apoyos en materia de seguridad pública”.
Al cierre del Gobierno de Calderón, el Estado de México (269,000), el Distrito Federal (179,000), Baja California (108,000), Puebla (91,000) y Jalisco (89,000), fueron las entidades con mayor número de delitos.
Fuente: El Heraldo de Puebla.
















