Por: Uuc-kib Espadas Ancona.
El 1º de diciembre del 2018, durante su toma de posesión, el presidente López Obrador hizo distintas declaraciones que fueron registradas y debatidas en los más diversos espacios, desde el duopolio televisivo, hasta las comidas familiares de los domingos, pasando desde luego por las redes sociales. Una ellas, sin embargo, mereció poca, si no nula, atención: el texto mismo de su protesta.
Ese día, ante el pleno del Congreso de la Unión –que sí es la Soberanía de la Nación, entre otras cosas porque se conformó con el voto de más del 90% de los electores– el nuevo titular del Poder Ejecutivo afirmó, como dicta el mandato constitucional, “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”. Desde la perspectiva general de público, se trató de una declaración irrelevante, de un machote que cada presidente llena, con la misma atención conque quien utiliza un programa de computadora acepta su licencia sin siquiera leerla. No es el caso.
Cuando un mexicano es investido con el cargo de Presidente de la República recaen sobre él innumerables obligaciones. Estas, en su conjunto, se desprenden de la más general de las leyes que rigen el orden institucional y político del país, la Constitución. Es por esa razón que la primerísima obligación que un ciudadano se impone al asumir ese cargo es, precisamente, cumplir con lo ordenado por la Constitución. Pero eso no basta. La segunda obligación que la protesta impone al nuevo presidente es cuidar activamente el cumplimiento general de esta ley superior, “hacer guardar la Constitución”. Este formal compromiso no se trata de un propósito ético general, sino de una obligación amplia. Para lograr esa tarea, la misma norma da al Presidente, múltiples facultades diseñadas específicamente para ese propósito. Esto es así porque en un régimen democrático, federal y de división de poderes, el Ejecutivo no puede actuar a voluntad ni siquiera para garantizar la plena vigencia de la Constitución. No está facultado, por ejemplo, para anular sentencias del Poder judicial, o para participar en las decisiones que corresponden exclusivamente a los gobernadores de los estados. Es por esto que la máxima ley del país faculta al Presidente para ejercer la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interviniendo por esta vía para en efecto poder cumplir con su obligación de hacer guardar la Constitución.
En Baja California, el nuevo gobernador, Jaime Bonilla, encabeza en estos momentos un golpe de Estado palaciego pretendiendo, escudado en una ley fabricada a modo, instalarse en la gubernatura de su estado por cinco años cuando fue electo para dos. Dado que esta evidente violación a la Constitución se apoya en una ley vigente, deberá ser la Corte la que resuelva en definitiva sobre el asunto, restableciendo el orden constitucional en aquel estado. Esto, sin embargo, no significa que el Presidente de la República no deba intervenir en el asunto, por respeto al federalismo o a la división de poderes. Por el contrario, Andrés Manuel López Obrador está obligado, en virtud de la protesta que rindió ante la Soberanía de la Nación hace menos de un año, a hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Baja California, interviniendo en este proceso a través de una controversia constitucional que deberá presentar ante la Suprema Corte.
Estando de por medio la vigencia del orden constitucional mismo, no existe hoy para el Presidente la opción de la imparcialidad, de mantenerse neutro ante este conflicto. Ser omiso en ejercer las atribuciones que la Constitución le da para garantizar su propio imperio, lejos de la neutralidad, sería un grave acto de apoyo al golpista.
Fuente: Por Esto.
















