Por: Diego Valadés.
Es más sencillo opinar que actuar. Muchas veces se enjuicia a quienes ejercen el poder por lo que hacen, sin que en todos los casos se conozcan sus razones; además hay decisiones que no trascienden porque con ellas se evita que algo negativo ocurra. Las acciones anticipatorias eficaces suelen pasar inadvertidas y de ellas sólo tienen conocimiento quienes las tomaron.
Eso es así en todos los sistemas políticos, pero en los más evolucionados tales procesos decisorios, incluidos los preventivos, son objeto de información e incluso de debate parlamentario. La función deliberativa de las democracias contemporáneas genera confianza en los gobernantes, y la inmediatez entre los sucesos y las respuestas hace que las sociedades sean y se sientan parte de las discusiones y de las soluciones.
Durante años hemos asistido al proceso de descomposición del poder con una especie de resignación generalizada. Cada nueva revelación asociada a matanzas colectivas o a enterramientos clandestinos generaba reprobación, pero nos conformábamos con recibir una respuesta ortodoxa: se investigará y castigará. Luego se olvidaba porque la vorágine hace que cada nuevo acontecimiento borre de la memoria al anterior.
La denuncia informativa a cargo de los medios y las voces de irritación expresadas por organizaciones, círculos académicos y líderes sociales se integraron a un panorama en el que la acción delictiva, la ineficacia institucional y la amargura social se fueron integrando a la cotidianidad.
Hoy México está sacudido por las tragedias de Ayotzinapa y de Tlatlaya. De pronto algo hizo que la reacción social fuera distinta. Estamos en la fase inicial de un sacudimiento importante, aunque todavía no se articulan las demandas específicas que configurarán el proceso. En este tipo de circunstancias es común que la oportunidad dé pie al oportunismo. También es frecuente que este género de movilizaciones describan una parábola ascendente que luego declina, si no se comete el error de reprimirlas. Los movimientos masivos suelen ser efímeros porque carecen de estructura organizativa, de liderazgos institucionalizados y de homogeneidad programática.
A pesar de eso, hay movimientos cuya huella es perdurable. En tanto que además de los detonantes coyunturales existan razones profundas, éstas deben ser atendidas con medidas del mismo calado. La protesta puede expresarse de forma desestructurada, pero la respuesta del Estado debe ser estructural.
Si ante una causa real de crispación se espera a que el ímpetu de la protesta siga su curso de elevación y descenso, todo lo más que se conseguirá es transferir a otro escenario los legítimos sentimientos de inconformidad. Dicho sin ambages, la movilización actual expresa la desafección por el sistema debida a la dilución paulatina de la gobernabilidad democrática.
Sería erróneo dejar al tiempo el aplacamiento de la protesta. Se equivocarían quienes consideraran que la normalización espontánea sea indicativa de que el problema quedó resuelto. La calle está diciendo -gritando- algo que sabemos desde hace largo tiempo: la sociedad desconfía de las instituciones políticas, los partidos incluidos. Estamos entrando en la fase precursora de lo que se conoce como anomia, esto es, la situación en que las instituciones se vuelven inoperantes, no porque lo digan los especialistas sino porque la población las ve distantes y ajenas a sus intereses.
Sobran las pruebas empíricas de que cuando se llega a ese extremo, que fue descrito en la antigüedad por Tucídides y por Polibio y analizado en términos científicos por Emilio Durkheim, las sociedades están al borde de aceptar, incluso de pedir, soluciones autoritarias. El providencialismo personalista acecha tras procesos de deterioro como el que ahora vive México. Desde hace tiempo se sabe que están rebasados los límites de lo tolerable; ahora nos acercamos al riesgo de la ruptura.
La hoguera se puede apagar pero los rescoldos también queman. La inquietud no amainará con una solución policial de Ayotzinapa, así sea certera. La lesión está en la credibilidad del aparato político y el remedio debe ser la reforma del poder en una magnitud tal que salde la deuda acumulada a lo largo de lustros.
Es el momento de un gobierno de unidad nacional que restaure la confianza en las instituciones. La violencia no se corregirá con medidas policiacas sino políticas. La prudencia aconseja anticipar el sistema de coalición que la Constitución prevé para 2018.
@dvalades
Fuente: Reforma.
















