Por: Juan Manuel Asai.
Está bien que gobernadores que incurrieron en delitos sean buscados por la justicia, ocasionalmente detenidos y presentados ante un juez en una intentona de justicia. Que la impunidad no gane todas las partidas es un alivio. Estaría mucho mejor que fueran detenidos a tiempo, cuando están perpetrando los delitos a fin de evitar daños mucho mayores. ¿Por qué no se hace?
Una primera respuesta, absolutamente inadmisible,
es que la autoridad ignorara que estuvieran en malos pasos. Es inadmisible porque en el país hay varias dependencias que cuentan en su estructura con áreas de inteligencia que con sólo rascarle tantito podrían sacar pus. Ahí está el antiguo caso del alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su señora esposa, cuya súbita prosperidad era notable, u otro caso igualmente conocido, el de Tomás Yarrington y su asociación con Osiel Cárdenas, que era en todo el país, pero sobre todo en Tamaulipas, un secreto a voces.
Se puede poner como pretexto el fuero, pero también es insuficiente, porque ya existe la figura del juicio político. En el caso de Michoacán, también hubo evidencia abrumadora. Se puede actuar y no aguardar a que el daño crezca. Los ciudadanos de Quintana Roo, Veracruz, Michoacán, Guerrero y Chihuahua sabían que algo andaba mal con sus gobernadores, que el despilfarro era por demás evidente. No entiendo por qué no se pone coto en lugar de esperar a que el gobernador bajo sospecha termine su mandato y se fugue o trate de hacerlo. Yarrington estaba en Italia, muy cerca de la impunidad total. Lo detuvieron por un aviso del Departamento de Seguridad Interior del gobierno de Estados Unidos, no porque alguna área de inteligencia del gobierno mexicano hubiera dado con su paradero. Por esa razón, de Italia viajará a Estados Unidos y no a México, lo que es una doble vergüenza.
Creo que es un llamado de atención para esas áreas. Si se trata de impotencia, procede tomar medidas para hacerlas eficientes en el corto plazo; si es desidia o corrupción, procede un rediseño profundo y que los responsables se atengan a las consecuencias. Hace un par de días, un gobernador de Estados Unidos renunció a su cargo porque lo cacharon en una infidelidad. ¡En una infidelidad!
Aquí hay docenas de mandatarios vinculados a la mafia, cómplices o jefes, que siguen en sus chambas haciendo mucho daño hasta el último día de su mandato. Para la imagen del país, casos como el de Yarrington o Duarte resultan muy costosos. Aparecemos ante la opinión pública internacional como un país de vividores, pillos, delincuentes. Duarte puede estar del otro lado del Atlántico, a pesar de que su fuga fue muy anunciada; todo mundo sabía que estaba buscando el momento para escapar: el federalismo como coartada para la corrupción y la impunidad de los gobernadores en funciones, quienes están repitiendo esas conductas y pronto serán ex mandatarios en fuga. No lo sé, pero el repunte de la violencia en las dos Baja Californias, el mismo Veracruz, Nayarit, entre otros, nos conducen a cuestionarnos si ya se tiene información pero no se actúa o si las oficinas de inteligencia están en babia. Como se trata de políticos en activo deciden no actuar hasta que el caso se pudra y no se pueda solucionar nada. Cuántos gobernadores en activo son los gobernadores corruptos del mañana. Un día piden a los ciudadanos su voto. Terminado el sexenio se ofrece recompensa por su captura. Bochornoso.
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@soycamachojuan
Fuente: Crónica.
















