Por: Alfonso Zárate.
La perversión de nuestro sistema de justicia —la inutilidad y la corrupción que prevalece en un gran número de corporaciones policiales, agentes del Ministerio Público, jueces y funcionarios del sistema carcelario—, ha generado graves desarreglos en la vida colectiva. La “ordeña” de ductos de Petróleos Mexicanos que le cuesta al país miles de millones de pesos;
la explotación clandestina de minas de las que se extraen minerales que son exportados a países distantes; el asalto a barcos camaroneros y un largo etcétera. Una de las expresiones más onerosas de la impunidad con el que operan las bandas criminales se observa en las carreteras federales y estatales y en las centrales de abasto de nuestro país.
Como diversas actividades económicas, la industria avícola —estratégica por su contribución a la alimentación y en la generación de empleos— ha sufrido ya por muchos años el asalto con violencia a sus camiones, la extorsión y el robo a sus bodegas; y todo esto ante la mirada complaciente de quienes tienen la responsabilidad de combatir a la delincuencia.
Son diferentes las zonas en las que se dan los robos a los transportes de huevo y pollo: en los tramos León-Querétaro y León Celaya de la autopista; en la zona metropolitana de la ciudad de México, al llegar a las zonas de descargo; pero también en San Luis Potosí, Tuxtla y Minatitlán, y en el entronque a Atlacomulco, Ecatepec y Cuautitlán, en el Estado de México. Un caso extremo es el estado de Veracruz, que sufre una incidencia delictiva en ascenso: en el mes de julio un tractocamión blindado recibió 29 impactos de bala a plena luz del día y en una calle céntrica de Ciudad Alemán, el Ministerio Público no encontró evidencias.
Al robo de las cargas sigue la denuncia y la extorsión por agentes del Ministerio Público y de las policías federal o estatal que, como se estila, exigen dinero para hacer investigaciones que nunca alcanzan resultados.
Las bandas delictivas descargan un tráiler y desplazan la mercancía en unas cuantas horas, lo que habla de un complejo sistema de complicidades que incluyen, como en el caso de la “ordeña” de ductos de Pemex, su comercialización por negocios aparentemente legales.
La respuesta de los avicultores ha sido la autodefensa: han instalado sistemas de localización satelital en los transportes y en el momento en que salen de sus rutas, dan aviso a las autoridades que, cuando actúan, lo hacen tarde y mal; en otros casos, han asignado personal de seguridad que escolta los transportes y hasta han llegado a blindar tractocamiones. Todo esto implica costos enormes para la actividad productiva, son cientos de millones de pesos los que se gastan en procurar la seguridad de su personal y de su mercancía y los que se pierden por los robos a sus unidades.
En su momento, el comisionado Manuel Mondragón se propuso establecer “cuadrantes” que permitieran identificar las responsabilidades específicas para el personal asignado a una región, convendría saber si persisten y cuáles han sido sus resultados.
Los recursos tecnológicos con los que cuentan las instancias gubernamentales responsables de la seguridad pública para los trabajos de inteligencia son de última generación y los recursos públicos asignados a sus tareas son enormes, por eso no hay forma de justificar la persistencia de estos hechos, salvo por la notoria ineptitud o la colusión de las autoridades con la delincuencia —la Policía Estatal y el Ministerio Público de Querétaro, constituyen una honrosa excepción.
En años recientes, la Policía Federal de Caminos sucumbió ante la intimidación y/o los sobornos de los criminales y fue reemplazada por la Policía Federal Preventiva, que también fracasó; en su lugar llegó la Policía Federal cuyos resultados son casi imperceptibles. La puesta en marcha de la Gendarmería, una nueva división de la Policía Federal que, como ha dicho el comisionado Alejandro Rubido, se dedicará a proteger “los ciclos económicos”, reclama resultados. ¿Ahora sí los habrá?
Fuente: Azdiario.
















