Por: Leo Zuckermann.
Parece que en México faltan partidos políticos porque los magistrados torcieron la ley para evitar que el PT perdiera su registro. La consecuencia es que los contribuyentes tendremos que seguir subsidiando a Alberto Anaya y compañía que ya le vendieron su franquicia al PRI.
Uno de los problemas de México es que perdemos muchos recursos
y tiempo en la supuesta resolución de tonterías, por no llamarlas de manera más altisonante. Mientras, por un lado, hay una enorme carencia de dinero público para construir urgentes proyectos de infraestructura o fortalecer sectores gubernamentales rebasados —la provisión de seguridad y justicia, por ejemplo—, por otro lado gastamos miles de millones de pesos de los contribuyentes en temas cuya nimiedad es desesperante.
Uno de esos casos es la legislación electoral. Con la reforma de 2007 se creó un monstruo de regulaciones absolutamente ridículas. Los oníricos autores de estas leyes creían que, por decreto, se puede prohibir que el sol salga mañana porque eso le conviene a la competencia electoral.
El ejercicio onírico continuó este sexenio con la promulgación de aún más regulaciones absurdas. Ergo, la burocracia en el sector electoral ha crecido exponencialmente. Y cuando se le da poder a un burócrata, naturalmente quiere ejercerlo. De ahí que los señores del Instituto Nacional Electoral (INE) se pongan a investigar casos ridículos bajo el argumento de que ellos tienen el mandato de tutelar derechos como la libertad de expresión. Así lo piensa Pamela San Martín. Con todo respeto para la consejera, yo no necesito a ninguna tutora para decir lo que se me pegue la gana y hacerme responsable de mis dichos. Por eso vivo en México y no en Corea del Norte.
Pero a los señores del INE —salvo honrosas excepciones— les encanta la censura. Cómo no: para eso están. Los partidos los eligieron para aplicar una ley de corte soviético. Movilizan todo su aparato jurídico a fin de investigar si una declaración es legal o no. Todo lo cual cuesta mucho dinero que pagamos los contribuyentes. Se trata de un enorme desperdicio de recursos públicos. En un país donde la mayoría de los homicidios no se investiga, donde no es posible saber qué pasó con 43 estudiantes desaparecidos, hay un aparato burocrático-jurídico indagando qué están diciendo, y cómo, los periodistas. Ridículo.
Como ridículo resulta la actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Parece que en México faltan partidos políticos porque, en una decisión sin pies ni cabeza, los magistrados torcieron la ley para evitar que el Partido del Trabajo perdiera su registro. La consecuencia es que los contribuyentes tendremos que seguir subsidiando a Alberto Anaya y compañía —finas personas— que ya le vendieron su franquicia al PRI para lo que se le ofrezca al presidente Peña.
La última perla que nos ha regalado el TEPJF es la sentencia donde ordena retirar del aire un spot donde López Obrador afirma que lo quieren “borrar” y que venderá el nuevo avión presidencial en 2018. Este anuncio lleva muchos meses al aire y ahora, después de amplias investigaciones y sesudas deliberaciones del Tribunal, decidieron efectivamente borrar al tabasqueño. Sus argumentos son, de nuevo, barrocos. sin decir que el fondo del problema es que se trata de un acto adelantado de campaña prohibido por la ley.
Prohibición absolutamente ridícula. Es como ordenar, por decreto, que mañana no salga el sol. Ya parece que se puede evitar que los políticos, que legítimamente quieren competir en una elección, se aguanten y no digan nada, nadita, hasta que lo permita la ley, sobre todo, alguien como López Obrador. Me muero de la risa al pensar que nuestras autoridades electorales pueden creer que es posible detener a este personaje en su tercer intento por llegar a la Presidencia. Pero como están obligados por la ley, y si no hacen su trabajo se aburren, pues echan a andar toda su maquinaria desperdiciando, en el camino, millones de pesos.
En un país donde nos urge resolver el problema de la inseguridad, donde tenemos que desarrollar un modelo de desarrollo económico para el siglo XXI, donde la educación pública es de pena ajena, donde los hospitales gubernamentales tienen grandes carencias, resulta que estamos malgastando recursos y tiempo en verdaderas boberías que a nadie le interesan más que a los partidos y las autoridades electorales demostrando, así, que sólo andan mirándose al ombligo.
¿Cómo llamarle a los funcionarios públicos que andan metidos en resolver puras idioteces? Exacto, usted lo ha dicho. Tenga cuidado: a ver si no se enoja nuestra tutora del INE.
Twitter: @leozuckermann
Fuente: Excélsior.
















