Por: Roberto Zamarripa.
El sistema político cada vez es más costoso. Para revestirlo con listones democráticos o de presunta rendición de cuentas, lo primero que se define es el costo del adorno. Los organismos ciudadanos de vigilancia y contrapeso crecen bajo el argumento de la sospecha y en medio de una cascada de descrédito de la política y los políticos.
El IFAI y el INE, por ejemplo, cuestan mucho. Sus comisionados o consejeros cobran como políticos aunque su representación es presuntamente ciudadana. Reciben alforjas de prestaciones, bonos, prebendas, regalos. Igual sucede con otras instituciones encargadas de vigilar a los políticos como el Poder Judicial y su vertiente electoral.
La vigilancia de la política y de los políticos se redimensiona a partir de la proliferación de los escándalos en los que se ven inmiscuidos los profesionales de la grilla y sus familiares. En Facebook y Twitter se expanden corrosivas denuncias ciudadanas que alteran y preocupan. Y las denuncias de corrupción se convierten en el mejor estímulo para el incremento del gasto del dinero público, dinero de los mexicanos, en sistemas de vigilancia, persecución, hostilidad contra los políticos mal portados pero sin consecuencias.
Son erigidos andamiajes del absurdo, inútiles, insustanciales. Se crean fiscalías, tribunales, Auditorías superiores. El gobierno federal actual inició el sexenio con el compromiso de combatir la corrupción y desvanecer la burocracia. Iba a desaparecer a la Secretaría de la Función Pública y prometió ser implacable con las deshonestidades. La Función Pública fue resucitada y al frente quedó colocado un gris personaje, un empleado que no puede desobedecer al Presidente de la República que lo nombró.
Por si fuera poco esa broma de colocar al mozo de llaves como vigilante del patrón, los legisladores consumaron otro contrasentido al aprobar el pomposamente llamado Sistema Nacional Anticorrupción. Tras las revelaciones de la Casa Blanca y las otras casas de funcionarios federales logradas a partir de favores y regalos de empresarios amigos, creció el reclamo ciudadano de acabar con la corrupción.
Desde el Presidente de la República hasta cualquier regidor municipal hablaron del cáncer de la corrupción y prometieron combatirlo. La Casa Blanca era el emblema del daño y del toque en la cúspide. Si en la Presidencia rondaba por lo menos la sospecha, había que disiparla y prometer que se barrería de arriba hacia abajo.
Pero los legisladores, empezando por los partidos que postularon a Enrique Peña (el PRI y el PVEM), rechazaron quitarle la inmunidad al Presidente de la República y de paso a los gobernadores o los alcaldes. Obvio, tampoco a ellos mismos.
En el marco de la votación de las “reformas anticorrupción” y tras una votación cerrada, con apenas dos votos de suficiencia para librarlo, los senadores decidieron el pasado martes que no debería reformarse el articulo 108 constitucional para adicionarle señalamientos precisos de causales de castigo al Presidente vinculados justamente con la deshonestidad, la falta de probidad, el robo, el saqueo y los conflictos de interés.
Los legisladores han decidido ratificar la intocabilidad del Presidente de la República. Ni responsabilidades penales ni administrativas en materia de corrupción.
Eliminar el fuero es el aspecto central para soportar una auténtica batalla contra la corrupción política. Desmontarlo es un requisito indispensable no solo para la confianza ciudadana sino para una eficaz tarea de rendición de cuentas de funcionarios públicos, desde la cúspide hasta la base.
Si literalmente en la casa del Presidente no puede asomarse ni por equivocación un auditor ni un procurador independiente, y al mozo de llaves le encargan el reporte final de los desfalcos para que no reporte nada y seguramente esconderá hasta las ratoneras de la casa, qué esperar en los feudos de los gobernadores o en las fincas de los alcaldes.
No puede presumirse un gran avance en la lucha contra la corrupción si el asunto nodal no ha sido removido. El Presidente, su familia, su equipo, sus subordinados son intocables. Después de eso, todo lo demás es una tomadura de pelo a los ciudadanos.
tolvanera06@yahoo.com.mx
Fuente: Reforma.
















