Por: Carmen Aristegui F.
La profunda crisis institucional y de derechos humanos por la que atraviesa México en estos momentos ha colocado al gobierno de Enrique Peña Nieto y a la sociedad mexicana en una encrucijada. En un punto de no retorno.
La frase que alguien dibujó en una esquina de la plancha del Zócalo capitalino en el marco de manifestaciones masivas
y que da título a este artículo ha sido reproducida en mantas y pancartas que van desde el Congreso de la Unión hasta expresiones lanzadas en Washington en el marco de la comparecencia de México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Fue el Estado” es la corta frase con la que se señala el tipo de crisis por la que estamos transitando desde hace varios años, pero que hoy se nos restriega en la cabeza con los dos casos que han sacudido y rebasado los linderos de una tolerancia muy ancha y prolongada de la sociedad mexicana frente a todo tipo de agravios.
Los hechos ocurridos en Tlatlaya y con los jóvenes de Ayotzinapa han puesto, descarnadamente, en evidencia la podredumbre y descomposición en la que se encuentran operando porciones importantes del Estado mexicano.
En ambos casos, autoridades políticas, policiacas y militares actuaron de manera criminal en contra de la población civil, con todas las agravantes.
De los jóvenes de Ayotzinapa sabemos que se trata de estudiantes rurales a los que se ha querido criminalizar doblemente, acusándolos con filtraciones de guerrilleros o de criminales. De los de Tlatlaya se ha dicho que se trataba de delincuentes pero, en realidad, no ha quedado claro qué hacían esas personas en una bodega. En cualquier caso, lo que ahí sucedió fue un crimen de lesa humanidad, pues se trataba de civiles que estaban rendidos frente a la milicia o de jóvenes acribillados y desaparecidos por las fuerzas del orden en coordinación con su brazo criminal y operativo.
Lo sucedido en Tlatlaya compromete, gravemente, a las Fuerzas Armadas porque deja una sombra de duda sobre cuántas de las decenas de miles de muertes de los últimos años pudieron haber sido producidas en contextos similares.
Apenas ayer el gobierno mexicano -a través de su embajador Juan Manuel Gómez Robledo- planteó en la comparecencia ante la CIDH que: “hay desafíos inmensos, sin duda alguna, pero no hay una política de Estado de violación de derechos humanos”. La frase recogida en el boletín de la Cancillería da idea de que la interrogante está en el ambiente y que hubo necesidad de aclarar.
El Estado muestra también un rostro descompuesto cuando se analiza lo que tuvo que pasar para que un hombre como José Luis Abarca fuera postulado como alcalde y su esposa como consejera nacional del PRD. Líderes y partidos se han enfrascado en una ronda de acusaciones mutuas que nos ayuda a recordar cuán alejados están ya de la sociedad.
La cadena de omisiones, simulaciones y/o complicidades políticas que han quedado registradas en el caso de Iguala es escandalosa. La brutalidad de los hechos de Tlatlaya sacude. La frialdad para ejecutar a muchachos que estaban ya sometidos habla de que algo muy grave se ha instalado en el Ejército.
La sociedad ha seguido de cerca, como no ocurría hace mucho tiempo, los pormenores de lo que se va informando y las pistas -algunas falsas, algunas ciertas- que hasta el momento no conducen a ningún lado. La falta de resultados concretos, los discursos huecos y la palabrería con la que se ha mostrado a la figura presidencial en el caso de Ayotzinapa esta semana lejos están de ayudar. El panorama, para decirlo claro, luce desolador.
La exigencia nacional e internacional para que las autoridades esclarezcan y sancionen los hechos ocurridos en Tlatlaya -donde perdieron la vida 22 civiles a manos de militares-, encuentren con vida a los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa y sancionen a quienes mataron e hirieron a otros en Iguala ha escalado a niveles que no vio México ni siquiera en el cruento sexenio de Felipe Calderón.
Esta, sin duda, es la peor crisis por la que ha atravesado el gobierno de Peña Nieto. Un gobierno que, por demás, adolece de varios problemas de origen: la intervención grosera de la televisión para construir su candidatura presidencial y el financiamiento paralelo -con dinero de origen desconocido- documentado en investigaciones conocidas como el “Monexgate” hacen que dentro de esta problemática aflore con más fuerza el problema de la legitimidad. Ese ingrediente fundamental para gobernar y, por supuesto, para afrontar una crisis.
Fuente: Reforma.
















