Por: Aurelio Ramos Mendez.
Es un descaro. El PAN proponiendo la creación de un Sistema Nacional de Combate a la Corrupción es como ver al diablo metido a predicador. Admitámoslo, no obstante, en gracia de discusión: si aun los delincuentes más desalmados tienen derecho a redimirse, los dirigentes del partido campeón indiscutible en escándalos de corrupción se anotaron un tanto al proponer atacar en serio y a fondo este fenómeno.
Así sea por afán no de asepsia nacional, sino de urgencia panista de maquillaje ante la cercanía de los comicios intermedios, la iniciativa del blanquiazul presidido por Ricardo Anaya tiene el mérito de recuperar el compromiso número uno del presidente Enrique Peña Nieto, firmado ante notario: la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción. Deber que parecía ya muerto y sepultado, reducido a una insignificante fiscalía especial de la PGR.
En septiembre pasado, en el inicio del período de sesiones legislativas, en este espacio se recordó que tal Comisión lleva dos años atorada en el Congreso, bloqueada por la fracción más grande y plural, integrada por diputados y senadores involucrados de manera directa o indirecta en casos de corrupción: la banca de los corruptos.
Se dijo que, tal como fue planteada por el candidato Peña Nieto, la Comisión sería un órgano de gran calado. Abarcaría el estudio y análisis de todos los aspectos de la corrupción, identificaría casos concretos, propiciaría la participación ciudadana en su combate y se coordinaría con otras instancias, como parte de una amplia estructura del Estado para investigar, perseguir y sancionar este agudo problema.
Se afirmó, sin embargo, que a juzgar por el destino del compromiso número uno —la Comisión había sido aprobada tras un año de discusión en el Senado, pero acabó malograda en San Lázaro—, no había sido verdad tanta disposición del mexiquense cuando buscaba de votos.
El 24 de agosto pasado, una capillita de periodistas capaces de crear más enredos que una araña había arrastrado a Peña Nieto a un falso debate, planteado no como debía ser, si la corrupción es natural o cultural; es decir, si constituye un defecto inherente al ser humano o es producto del entorno social.
El Jefe del Ejecutivo cayó en la trampa porque la discusión —diálogo de sordos— fue presentada con el razonamiento de si la corrupción es cultural; pero entendida ésta como natural. O sea, como algo natural, intrínseco, constitutivo de los mexicanos, cuando en realidad —lo entiende hasta un niño de pecho— la cultura tiene una connotación más amplia, y aquí y en China incluye el modo cómo funcionan las instituciones.
En todo caso, la anormalidad que le cuesta al país 10 por ciento del PIB se ha colocado ya como tema insoslayable en la agenda política y legislativa. Y la Comisión propuesta por Peña Nieto, reducida a su mínima expresión por los duros de regenerar —quienes incluso ya buscaban titular de la micro fiscalía— está otra vez sobre la mesa de los debates.
Frente al interés del PAN de apropiarse del tema y colgarse la medalla de una reforma profunda, estructural en esta descomposición, no está claro por qué Peña Nieto consintió la disminución de su propuesta original, a la sombra de una iniciativa también del panismo: la reforma político-electoral, que abarcó la transformación de la PGR en Fiscalía General de la República. Hay, eso sí, algunos indicios.
La lucha contra el cáncer en cuestión, tanto público como privado —del cual Oceanografía es apenas pálido ejemplo—, en lo que va del presente gobierno ha sido implacable; pero únicamente retórica.
Es cierto. La corrupción es asunto de moral, no de economía y da lo mismo robarse un peso que un millón o cien millones de pesos. Mas se cuentan por decenas los casos de impunidad francamente insultantes. Se condena la inmoralidad del policía raso para quien una mordida quizá hace la diferencia entre pagar o no la renta con puntualidad; pero ni un dedo se mueve para castigar las transas de gobernadores, legisladores, grandes empresarios, industriales y peces con escamas de oro.
El actual gobierno entró pisando fuerte, pero pronto se le agotó la voluntad o lo venció el cansancio.
Sin continuidad en la acción depuradora en el sindicalismo y ni siquiera en el propio gremio magisterial, Elba Esther Gordillo parece, a la distancia, sólo una víctima propiciatoria. Luis Armando Reynoso Femat sigue inalcanzable para la justicia. Amado Yáñez paseaba hasta hace días su impunidad y una legión de compinches sigue tan libre como el viento. Luis Alberto Villarreal se carcajea de la justicia y los protectores de casinos están bajo la advocación de la diosa fortuna.
Y mejor ni hablar del alcalde prófugo José Luis Abarca Velázquez y sus cómplices en las alturas estatales y federales.
Por todo ello merece respaldo la propuesta panista de conformar un Sistema Nacional de Combate a la Corrupción. Tal como ya lo dieron César Camacho y el vapuleado Carlos Navarrete, y hasta Gerardo Gutiérrez Candiani.
No faltará quien diga que es despropósito crear todo un sistema institucional para combatir un fenómeno que está a flor de tierra. Porque la corrupción es pública, abierta, a plena luz del día. En los estados, municipios y localidades del país todo el mundo conoce a los corruptos y sabe quién se roba el dinero público o hace negocios chuecos con el Estado.
Por ello, aunque la idea proviene del partido que en dos sexenios en la Presidencia no sólo no depuró, sino que corrompió aún más el servicio público y consintió y participó de la espesa corrupción del sector privado, bienvenida la trasnochada iniciativa. A grandes males, grandes remedios.
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Fuente: Crónica.
















