Por: Sandra García.
* Un contrato por 11 mil millones de pesos puso en jaque a la Secretaría de Salud de Veracruz y en riesgo a más de 100 mil pacientes.
XALAPA, VER.- Un contrato por 11 mil millones de pesos puso en jaque a la Secretaría de Salud de Veracruz y en riesgo a más de 100 mil pacientes.
El ex gobernador Fidel Herrera Beltrán decidió, de última hora, concesionar los servicios especializados de mayor demanda en once hospitales estatales, y con el aval de los diputados locales, otorgó el contrato por 11 años a la empresa Finamed S. A. de C.V.
El 29 de septiembre de 2008 se firmó el contrato que se convirtió en un pleito en los juzgados que inició con el reclamo de pagos pendientes de la empresa y se convirtió en un intento expropiación de equipos médicos de la Secretaría de Salud (SS), pero el proceso judicial 24 meses ventiló una serie de irregularidades como el cobro de facturas dobles, anomalías contractuales e irregularidades en el servicio y la atención.
El 1 de junio pasado, el Juez Segundo del Distrito X, con sede en Xalapa, desechó el juicio mercantil que Finamed promovió en contra de la Secretaría de Salud para reclamar un pago millonario; y aunque la SS publicó su satisfacción con el fallo, la justicia federal sólo declaró la demanda de pago debe hacerse por otras vía que no sea mercantil.
Un cobro y el pleito
A los cinco años de la firma del contrato, el negocio se convirtió en un dolor de cabeza para la Secretaría de Salud cuando aparecieron hojas duplicadas de pago por servicio, con la firma de directores de hospitales, y con un costo 30 por ciento arriba del mercado. Pablo Anaya Rivera, primer titular de la SS, aparentemente identificó el problema y presentó observaciones a los órganos de control interno.
Al 2013, Finamed ya había recibido mil 93 millones de pesos, pero había saldos por cubrir, así que reclamó el pago inmediato por 595 millones de pesos, y para asegurarse el recurso, la empresa amenazó con retirar sus equipos y dejar de prestar los servicios complementarios de Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia, Quirófanos, Imaginología y Hemodiálisis en 11 hospitales.
Según los cálculos de la Secretaría de Salud, unos 100 mil veracruzanos estaban en riesgo, pues recibían los servicios especializados de Finamed en Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Veracruz, Río Blanco, Yanga, Tierra Blanca, San Andrés Tuxtla, Coatzacoalcos, el Centro de Especialidades Médicas de Xalapa y el Hospital Civil, también en la capital del estado.
En un primer intento de negociación, el entonces titular de la SS, Juan Antonio Nemi Dib, ofreció un plan de pagos chiquitos y mantener el servicio, como consta en actas notariales, pero Finamed quería sus 595 millones de pesos de deuda acumulada por los secretarios anteriores a Nemi.
En un segundo intento y ya con un estudio de mercado, la Secretaría de Salud ofreció 300 millones de pesos y solicitó 28 por ciento de disminución en los costos, pero como Finamed no aceptó, el Gobierno del Estado inició un proceso de actos preparatorios a la expropiación de los equipos que duró ocho meses, y aunque después se desistió, el procedimiento arrojó más anomalías.
Finamed, irregularidades desde el sector salud
El pleito legal por el pago de Finamed y el no pago de la Secretaría de Salud sacó a la luz irregularidades desde los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), complicidades de trabajadores y servidores públicos estatales, todo a favor de la empresa que logró su contrato meses antes de Fidel Herrera Beltrán concluyera su periodo como gobernador.
Como la empresa contrató a personal del sector salud, había empleados que marcaban horas de trabajo a favor de Finamed cuando estaban en su horario de contrato con el sector salud, otros ingresaban facturas de Finamed cuando los insumos eran de la Secretaría, y también hubo directores de hospitales que firmaron hojas de pago por servicios que nunca se prestaron.
El intento de expropiación
El 15 de abril de 2013, el entonces secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, y la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, optaron por un proceso de actos preparatorios a expropiación que, según dijeron, permitiría ganar tiempo para evitar temporalmente que la empresa retirara sus equipos por ser causa de utilidad pública, verificar si eran de la empresa y valuar los bienes.
La Sefiplan, según la Ley 564 de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio de Bienes de Propiedad Privada para el Estado de Veracruz, abrió el proceso, Nemi Dib argumentó que la causa de utilidad pública era salvaguardar la integridad física de miles de personas.
Un equipo médico, jurídico y un notario público se encargaron del inventario. Con la verificación, la SS supo que los equipos eran de empresas distintas a Finamed, y que los tenía en comodato. Además concluyó que se encontraban en muy mal estado, y en algunos casos obsoletos.
Al intento de expropiación, Finamed respondió con un primer intento de amparo, pero el Juez de Distrito determinó que no se estaban violando sus garantías; en un segundo, Finamed argumentó que la Secretaría de Salud no permitía a sus trabajadores el acceso a los hospitales y que, por esa razón, pedía retirar sus equipos, pero el juez resolvió confirmó sus empleados sí tenían acceso y que los equipos se mantenían en el sector salud.
En un tercer amparo, Finamed solicitó al Juez de Distrito que interviniera en el proceso de actos preparatorios de expropiación, pues la Sefiplan ya se había excedido en los tiempos. A la intervención del juez, las autoridades estatales respondieron con un desistimiento, previo acuerdo de las áreas médicas, los directores de hospitales, incluido el actual secretario Fernando Benítez Obeso, y el Área Jurídica de los Servicios de Salud de Veracruz.
El 20 de diciembre de 2013, la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud de Veracruz determinaron inconveniente la expropiación porque, según argumentaron, ya habían contratado otra empresa para suplir los servicios que prestaba Finamed, pues no podían mantenerse a la expectativa.
Además el avalúo, a cargo de la Dirección de Patrimonio del Estado de la Sefiplan, había determinado que los equipos a expropiar representaban 72 millones de pesos, pues en su mayoría eran fierros viejos.
El juicio mercantil ordinario y la anulación del contrato
A los cuatro meses iniciado el proceso de expropiación, Finamed inició un juicio mercantil por el cobro de 535 millones 390 mil pesos por pagos pendientes, más intereses, gastos y costos del juicio, pero el 26 de septiembre de 2013, Nemi Dib respondió con una “contrademanda” al presentar un Recurso de Reconvención para pedir la nulidad del contrato, pues Finamed no estaba facultada para celebrar contrato que había firmado con la Secretaría de Salud.
Un aparente error permitió que la Secretaría de Salud “demandara” a Finamed por haberle prestado servicios sin estar autorizado y a reclamarle la devolución de lo ya pagado, más los intereses y costos del proceso.
El poder notarial, mediante el cual se constituye Finamed, autoriza a la empresa para “comprar, vender, arrendar equipo médico, otorgar en comodato y comercializar toda clase de bienes muebles e inmuebles nuevos o usados, mencionando de manera enunciativa más no limitativa los siguientes: equipos y aparatos médicos, aparatos eléctricos, telefónicos, de seguridad, maquinaria y el servicio/ mantenimiento de los servicios”.
Sin embargo, en el contrato Finamed se comprometió a otorgar servicios de cirugía cardiovascular, hemodinamia, quirófanos, hemodiálisis para la prestación del servicio público de salud, pero no estaba facultada, como tampoco para vender insumos a la Secretaría de Salud ni prestar servicios médicos.
Así que Nemi Dib y su equipo jurídico pidieron la restitución de más mil 93 millones de pagos por un contrato que consideraron nulo, más los gastos y costos de juicio. Al juicio mercantil, respondió el Juzgado Segundo de Distrito con una resolución en contra Finamed, y declaró que la demanda de pago a la Secretaría de Salud no puede hacerse por la vía mercantil.
FUENTE: http://www.veracruz.ndmx.co
















