Por: RUBÉN ISLAS.
@RubenIslas3
El orden constitucional mexicano instituye tres formas de gobierno perfectamente diferenciadas a partir de un delicado sistema de distribución de competencias y relaciones intergubernamentales (federal, estatal y municipal). Señala las facultades exclusivas de los Poderes de la Unión (ejecutivo, legislativo y judicial) y prescribe obligaciones y limitantes absolutas o relativas a la capacidad normativa y de autodeterminación de las entidades federativas.
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La distribución de competencias entre los órdenes federal y estatal regulados por el artículo 124, parte del principio de que el gobierno federal sólo puede realizar aquellas funciones que expresamente le otorga la Constitución, mientras que los gobiernos estatales y el de la Ciudad de México, pueden llevar a cabo todo aquello que no esté reservado en forma expresa a la Federación.
Nuestra Constitución dota a los poderes federales de una esfera privativa de competencias, que bajo ningún concepto puede ser objeto de invasión por parte de autoridades locales y establece las bases y lineamentos generales de observancia obligatoria para la organización política y administrativa de las entidades federativas.
El artículo 40 constitucional norma al principio clave de todo sistema federal: la soberanía interna. Los entados federados son libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero sujetos a la soberanía externa de la Federación. Esta estructura básica determina la forma en que se ejercen las funciones legislativa, ejecutiva y judicial.
El nuevo sistema penal acusatorio, adversarial y oral instituido en la Constitución es un gran paso para la instauración de un régimen de pleno derecho y justicia, sin embargo es vital la formación de una Política Criminal de Estado con fines, acciones, mecanismos y definiciones consistentes y cuya evaluación legislativa y ciudadana permita corregir y adecuar el rumbo, según las circunstancias endógenas y exógenas que se presenten en el País. La experiencia vivida en los últimos diez años nos obliga a reflexionar sobre ello.
Se trata de construir una gran política pública que esté indisolublemente integrada a las políticas económica y social. Pretender resolver el problema criminógeno solo desde la perspectiva jurídico represiva, en sus vertientes adjetiva, sustantiva y policíaca, es un error no solo de concepción sino de incomprensión de la complejidad del fenómeno al que México se ha enfrentado en todo este período. En el contexto económico, una Nación incapaz de crecer productiva y distributivamente, no puede y así lo demuestran las estadísticas mundiales, hacerle frente al incremento delictivo y a la crisis social que genera la criminalidad. Hay que voltear a las consecuencias sociales de la ruta económica que hemos seguido en los últimos cuarenta años.
Es necesario por tanto que la reforma trascienda a un Sistema Penal Integral Federalista, que considere el combate a los delitos no como una simple práctica procesal, sino como la unidad de políticas sociales, punitivas y de integración social y familiar, incorporando valores universales como la presunción de inocencia, el respeto a la dignidad de las víctimas y a los derechos humanos partiendo de la arquitectura constitucional vigente. Los problemas de la seguridad y la justicia requieren para su solución, de un tratamiento doctrinal innovador. Convocar a la construcción de una nueva doctrina penal, que nos conduzca a cinco objetivos fundamentales:
La edificación de una nueva categoría jurídico dogmática, correspondiente a la realización de conductas consideradas como contrarias a los fines sociales colectivos e individuales; la integración de un nuevo corpus doctrinal penal; la conformación de un nuevo concepto de punibilidad; la caracterización de las diversas conductas contrarias a los fines sociales; y la concreción codificada de una nueva clasificación de conductas, reglas y sanciones.
La adopción del Sistema Acusatorio Puro en nuestro régimen penal es un logro democrático y de justicia social. Durante muchos años el derecho mexicano adoptó al Sistema Ecléctico Francés, que combina la fase inquisitiva o sumario y la fase plenaria o pública. Tal sistema producto de la herencia jurídica del Derecho codificado napoleónico que en su momento, a principio del siglo XIX, fue considerado un gran logro, por cuanto humanizaba el muy cuestionable y autoritario sistema inquisitivo puro utilizado tanto por la Iglesia Católica como por distintos reinos de la época y muy especialmente por España.
Está claro (aunque haya voces que se reclaman como “ciudadanas” y quisieran el ojo por ojo, diente por diente) que el problema de la seguridad pública en el país no pasa por restringir las libertades fundamentales de todos los mexicanos. Las garantías individuales de seguridad jurídica e inviolabilidad del domicilio, son en el Estado Democrático de Derecho un factor vital en la protección de la persona frente al ejercicio del poder, conculcarlas es sin duda perturbar uno de sus cimientos fundamentales.
Sostengo en prevención de lo que pueda venir por delante, que no es una aberración que los Estados de la Federación mantengan la facultad de emitir su propia legislación penal y civil, tampoco lo es que existan disposiciones federales que regulen en los ámbitos de validez espacial y material federal las mismas materias. Esa es la lógica del sistema federal; si se desea otra cosa, entremos a la discusión sobre si queremos una República Federal o una Centralista que monopolice en aras de una supuesta eficiencia todo el poder público.
Fuente: Sdpnoticias.com
















