Por: Saúl Arellano.
El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las personas tenemos el reconocimiento pleno del conjunto de derechos humanos contenidos tanto en la Carta Magna como en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano forma parte.
La redacción de este artículo implica asimismo asumir un conjunto de principios que deben atenderse al momento de diseñar leyes y políticas públicas.
Uno de esos principios es el conocido como “principio de no regresión”, el cual se refiere a que es inaceptable la existencia de retrocesos en los niveles de bienestar alcanzados en una sociedad; adicionalmente, en la idea del desarrollo humano se encuentra implícito el mandato de construir procesos que permitan la ampliación constante de las libertades y del bienestar necesario para gozar plenamente de ellas.
Pensando por ejemplo en el derecho a la salud, lo exigible es el goce y disfrute máximo de salud posible; en el caso de los derechos de la niñez, lo que rige es precisamente el principio de su interés superior, el cual implica destinar hasta el máximo de los recursos disponibles para su bienestar; y así con cada uno de los derechos reconocidos en el texto constitucional.
Paradójicamente, en nuestro país las tendencias de mortalidad muestran que está ocurriendo un fenómeno que debe alertar a todos los ámbitos del Estado: hay regiones del país en las que se están perdiendo años de esperanza de vida, así como años de vida potencialmente saludables.
Las razones son fácilmente identificables, pero extremadamente complejas en su articulación y, por supuesto, en la determinación de políticas públicas capaces de revertir las tendencias existentes y de generar niveles generalizados de bienestar.
Así, las razones más visibles son: a) la pobreza; b) la desigualdad; y c) la violencia.
Los datos comparativos a nivel internacional no dejan lugar a dudas: México es uno de los seis países integrantes de la OCDE con menor esperanza de vida al nacer.
Al 2013 el dato registrado fue de 74.6 años; frente a España y Japón en donde se han alcanzado niveles superiores a los 83 años.
Lo peor es que los datos sobre mortalidad del INEGI muestran cómo hay entidades de la República Mexicana en los cuales se están perdiendo años de vida; así se consigna en el más reciente artículo de México Social, publicado en Excélsior, en el cual se muestra que Chihuahua, Chiapas, Guerrero, Tlaxcala, Zacatecas y Baja California son los estados en donde en mayor medida se han tenido regresiones en los promedios de esperanza de años de vida al nacer.
De acuerdo con la OCDE, 71 de cada 100 personas mayores de 15 años en nuestro país viven con sobrepeso u obesidad; y según los datos disponibles en las estadísticas de salud, una de cada tres defunciones en nuestro país podría estar relacionada con ese factor.
Los datos del INEGI confirman esa afirmación: en 2013 hubo más de 86 mil defunciones por diabetes; más de 80 mil por enfermedades hipertensivas y del corazón; más de 25 mil defunciones por enfermedades alcohólicas del hígado; así como miles de defunciones por úlceras gástricas y cáncer de estómago, colon y recto.
Enfrentamos en síntesis un oscuro panorama de malestar que nos está llevando a un retroceso inaceptable en términos de lo que les espera al nacer a las siguientes generaciones; y esto, en términos éticos, es absolutamente reprobable porque no podemos decirles a quienes nacen hoy que vivirán menos y peor de lo que nosotros lo estamos haciendo.
Si hay algo inadmisible en términos sociales es hipotecar el futuro de las generaciones por venir, porque no hemos sido capaces de construir un presente en donde la justicia, la igualdad y la prosperidad sean realidades cotidianas accesibles para todas y todos.
De manera trágica, lo que se confirma es que hoy en México tenemos muertes evitables en exceso, asunto que no puede tomarse como simplemente anecdótico.
@saularellano www.mexicosocial.org
Fuente: Crónica.
















