Por: José Sosa.
A un año de los trágicos episodios de Iguala, en México la arraigada corrupción sigue poniendo en jaque la estabilidad del régimen político. La diferencia respecto a otros episodios semejantes, remotos o cercanos, es que en este turbulento año la corrupción adoptó la forma de una inseguridad y una violencia abominables.
Para desgracia nuestra, los mexicanos hemos vivido demasiadas situaciones en las que la corrupción ha sido causa y efecto de crisis económicas y de deuda pública, de tragedias innecesarias por la violación constante de los reglamentos de construcción, de protección civil y de equilibrio ecológico, por citar tan sólo dos ejemplos de una larga lista de calamidades.
En todas estas situaciones, la percepción pública siempre es trágica, pero circunstancial. Aún cuando las manifestaciones públicas, masivas o limitadas, se llenan de gritos y consignas como ¡Nunca más! o ¡Vivos se fueron, vivos los queremos de vuelta!, la verdad sea dicha, el espasmo y la movilización son pasajeros y todo vuelve a una absurda y contradictoria normalidad al cabo de un tiempo razonable.
Por el lado de las autoridades, las reacciones a los episodios de tensión e inestabilidad son casi siempre adaptativas y dominadas por estrategias propias de lo que los expertos han venido a llamar como el Control de Daños.
Esto es, que más que intentar atajar las causas de los principales problemas que dieron lugar a la crisis, lo que se hace es aislar unos fenómenos de otros, evitar que los efectos de unos incidan en otros y, en suma, apaciguar las protestas atendiendo demandas específicas una por una, evitando que grupos sociales distantes se unan o se vinculen sobre bases permanentes.
Superada la crisis, o cuando menos apaciguadas las principales protestas, las autoridades públicas adoptan medidas que tienden a diluir los factores que provocan indignación social. Poco se hace por establecer medidas de alcance mayor que vayan a la raíz de las prácticas de corrupción que provocaron en primera instancia los problemas que devinieron luego en crisis.
Lo que hoy estamos viviendo es un capítulo muy semejante a lo que he descrito antes: una crisis provocada por la arraigada corrupción de unas autoridades locales; luego la protesta social surge de forma masiva e intensa, pero con pocos visos de convertirse en un proceso de verdadero cambio y de participación ciudadana responsable y consecuente; y una respuesta gubernamental desarticulada y centrada en controlar los efectos más dañinos a la imagen del país.
Después de ello, cual cuento de hadas que se repite cada tres años, los mexicanos nos entregaremos al fatuo sueño de unas elecciones en 2018 en las que, ahora sí, se escuchará la voz ciudadana y se elegirá a los verdaderos y auténticos paladines de la democracia y la demanda social.
Repetiremos los rituales de asistencia a mítines y reuniones consultivas, escucharemos estoicamente las promesas de candidatos a gobernador, alcaldes y legisladores, y concurriremos a las urnas para que se cumplan los deseos y voluntades… de las dirigencias partidistas.
Viene bien al caso recordar la postura de los alcaldes que están por asumir sus gobiernos en Jalisco y otros estados. Todos se olvidarán de sus promesas y compromisos, y simplemente buscarán que sus cuentas públicas queden saneadas para poder competir por nuevos cargos en un futuro tan cercano, como apetecible.
Tras de lo cual sólo podemos concluir que, por más que parezca que nos encontramos en una situación de crisis y que algo importante podría suceder en los próximos meses, lo que viene es simplemente más de lo mismo o como dicen los estadounidenses: business as usual…
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Fuente: Crónica.
















