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Síntesis Tehuacán

Estafa maestra del Gobierno Federal Peñista

Por: Redacción.

Una exhaustiva investigación del sitio web Animal Político y la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela una presunta red de fraude entre dependencias del Gobierno Federal, universidades públicas y “empresas fantasmas” para eludir la Ley de Adquisiciones y pasar por alto la necesidad de licitar los proyectos con presupuestos millonarios.

La estafa revelada esta noche documenta una cantidad total de siete mil 670 millones de pesos, y de este dinero no se sabe dónde quedaron tres mil 433 millones.

Ese dinero habría sido triangulado de dependencias federales a universidades, quienes después de cobrar una comisión de mil millones de pesos circularon los recursos sin que exista registro oficial del destino de 3 mil 433 millones de pesos.

El hallazgo surge al revisar durante meses los 73 convenios incluidos en las Cuentas Públicas del 2013 y 2014 de 11 dependencias públicas. Animal Político y MCCI encontraron que a través de universidades, el Gobierno Federal contrató a unas 186 empresas, pero de éstas 128 presentan irregularidades constatadas en registros del Servicio de Administración Tributaria, la Auditoría Superior de la Federación y hasta la Procuraduría General de la República.

Las universidades, por su parte, se llevaron una comisión de entre 10 y 15 por ciento del total del acuerdo, por funcionar como intermediarias en los convenios firmados para proveer de servicios como: distribuir despensas entre los más pobres, supervisar la perforación de pozos de Pemex, organizar eventos o detectar a personas de 15 años o más que no supieran leer y escribir. En ningún caso hubo universidad que cumpliera con el requisito del 51%.

¿Quiénes están involucrados en el fraude?

De las dependencias federales que participaron en estas triangulaciones, los casos más escandalosos son: Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que durante la gestión de Rosario Robles Berlanga suma desvíos por dos mil 224 millones de pesos; y Petróleos Mexicanos con tres mil 576 millones de pesos sin conocer paradero, donde los convenios empezaron a firmarse desde 2011, cuando era director Juan José Suárez y Felipe Calderón era presidente de la República, y continuaron en la gestión de Emilio Lozoya.

Además Banobras, que tenía a Alfredo del Mazo Maza -gobernador electo del Estado de México- al frente registra unos 491 millones desviados; la Secretaría de Educación Pública en la época de Emilio Chuayffet dejó un boquete de 278 millones de pesos; FOVISSSTE y SUPERISSSTE, con José Reyes Baeza Terrazas con 249 millones.

También la Secretaría de Agricultura (19 mdp), cuyo titular era Enrique Martínez y Martínez; Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (97 mdp), con Alfredo Llorente Martínez; Registro Agrario Nacional (447 mdp), con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; Secretaría de Comunicaciones y Transportes (52 mdp) con Gerardo Ruiz Esparza como secretario, y la Secretaría de Economía (96 mdp), con Ildefonso Guajardo, además Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (138 MDP).

Las universidades involucradas son la Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen (Campeche), y las tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de Tabasco.

Hasta las 20:00 horas de ayer (hora de la publicación del reportaje en AnimalPolítico.com), ninguna universidad había respondido a los hallazgos y señalamientos del reportaje.

¿Cómo funciona la estafa maestra?

Las dependencias del Gobierno Federal le pagan a universidades públicas para hacer supuestos servicios.

La ley permite hacer lo anterior, pero sólo si las universidades realizan el 51% del servicio contratado (cosa que no sucedió en ninguno de los episodios relatados por Animal Político).

Las universidades pueden declararse incapacitadas para cumplir con lo establecido y subcontratan a empresas para hacer el supuesto trabajo y cobraron por esta intermediación una comisión de entre el 10 y el 15% del total del convenio.

En caso de la estafa maestra, la mayoría de las empresas subcontratadas resultaron “fantasmas”, con lo que se cierra la triangulación.

El Gobierno Federal, a través de 11 dependencias, lo ha utilizado una y otra vez para desviar miles de millones de pesos. Sólo al revisar las Cuentas Públicas 2013 y 2014, por ejemplo, Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones.

Los 7 mil 670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen.

La Secretaría de Desarrollo Social, con Rosario Robles como titular; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente, y Petróleos Mexicanos —en la gestión de Emilio Lozoya— son las tres principales dependencias responsables de este mecanismo que el auditor superior de la federación, Juan Manuel Portal, no duda en calificar como un fraude millonario.

Este fraude, eso sí, es más sofisticado del que usó Javier Duarte.

La diferencia radica en que aquí el Gobierno no entrega los contratos directamente a las empresas, sino que primero los da a ocho universidades públicas y éstas lo dan después a las empresas. Sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de pesos de “comisión”, aunque no hayan dado ningún servicio.

Este primer paso ya había sido detectado por la Auditoría Superior de la Federación e incluso lo había calificado de ilegal.

Animal Político y MCCI decidieron seguir la pista del dinero y revisar qué hacían las universidades con esos montos y cuáles eran las empresas seleccionadas para estos “trabajos”.

Luego de reportear en seis Estados, revisar miles de documentos, y visitar decenas de supuestos domicilios, la investigación concluye y prueba que 3 mil 433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma y cuyos socios viven en barriadas. Mil millones de pesos más fueron la comisión para las universidades y el resto sirvió para, supuestamente, contratar servicios. En muchos casos, no hay evidencia documental de que estos hayan existido.

Eludir la ley

El esquema siempre es igual: Para eludir la Ley de Adquisiciones —que los obligaría a hacer licitaciones y poner a diferentes empresas a competir—, las dependencias firmaron convenios con universidades públicas. Le ley permite hacerlo, pero solo si las universidades realizan al menos el 51% del servicio contratado.

Pero éste no fue el caso. Las universidades subcontrataron a terceros la totalidad de esos servicios en la mayoría de los convenios firmados: distribuir despensas entre los más pobres, supervisar la perforación de pozos de PEMEX, organizar eventos o detectar a personas de 15 años o más que no supieran leer y escribir. En ningún caso hubo universidad que cumpliera con el requisito del 51%.

Las universidades subcontrataron a 186 empresas y cobraron por esta intermediación una comisión de entre el 10 y el 15% del total del convenio.

Esta triangulación viola la ley, como reconocen los propios funcionarios públicos consultados. Pero además, de las empresas elegidas, 128 presentan lagunas legales que les habrían impedido obtener contratos públicos y, peor aún, la mayoría ni siquiera hizo el servicio contratado.

¿Quién seleccionó a las empresas? Nadie quiere responder eso frente a una grabadora. Sin embargo, personal de las universidades —que hablaron a condición de anonimato— dicen que los funcionarios las “sugirieron”, mientras algunos funcionarios afirman que fueron las instituciones educativas.

Más allá de quién seleccionó, la comisión que cobró cada universidad implicó por sí mismo un sobreprecio de los servicios contratados, porque recibieron pagos por mil millones de pesos por no hacer nada, más que validar la triangulación de recursos.

El desfile de empresas “fantasma”

De las 186 las empresas seleccionadas en estos convenios, 128 presentan irregularidades, de acuerdo con las propias autoridades consultadas y a la visita que Animal Político y MCCI hicieron a sus oficinas: el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por ejemplo, entre 2014 y 2015 declaró “fantasma” a 11 e investiga a nueve más por la misma razón; 28 no tienen dirección; 12 fueron desmanteladas apenas recibieron los contratos; ocho no están en las direcciones que declararon; 44 no cuentan con registro ante la Secretaría de Economía, requisito indispensable para operar; seis se dedican a temas que no tienen relación con los servicios para los que recibieron contrato y 10 más no fueron localizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), cuando las buscó para revisar su legalidad.

Es decir, ninguna de estas 128 debieron recibir contratos públicos, según lo que establece la ley.

Un primer ejemplo: Publicidad y Mercadotecnia Infinitum S.A. de C.V. consiguió en 2013 dos contratos con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT) de la UAEM por 4 millones 934 mil pesos. La contrataron para dar “servicios administrativos para desarrollo del sistema informático” de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). Pero el SAT la tiene catalogada desde julio de 2014 como empresa fantasma por realizar operaciones fraudulentas.

El mismo Fondo dio en el 2013 un contrato por 17 millones 578 mil pesos a la empresa Impactel S.A. de C.V., aunque ésta ya tenía una investigación abierta por la Procuraduría General de la República porque un año antes había incumplido un contrato con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes por 68 millones de pesos.

Otro caso: La empresa Dumago System Solutions, S. A. de C. V. supuestamente se dedica al “comercio al por menor de computadoras y sus accesorios”. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos le dio un contrato de 33 millones 633 mil pesos para entregar despensas y organizar una feria de organizaciones sociales. Esta compañía no está registrada ante la Secretaría de Economía, el primer requisito para constituir una empresa legal.

Animal Político y MCCI visitaron más de 100 direcciones de empresas y de supuestos accionistas. Hay ocho firmas que, por ejemplo, nunca estuvieron en los domicilios registrados y en su lugar hay casas particulares ubicadas en la periferia de Nezahualcóyotl y Ecatepec en el Estado de México, o Tláhuac, en la capital del país; 12 más que, pese a recibir contratos millonarios, fueron desmanteladas; nueve operan en despachos contables que aparentan ser legales, pero no tienen empleados ni infraestructura para operar o realizar servicios. Las casas de los accionistas están en colonias populares.

Los contratos irregulares obligaron a la Secretaría de Educación Pública a presentar, el 9 de febrero de 2015, una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, según informó a Animal Político y MCCI .

Pero dos años después, la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCA/SP/M-V/050/2015 sigue abierta.

Fuente: Por Esto.

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