Por: Juan Carlos Sánchez Magallán.
Nicolás Maquiavelo, en su obra El Príncipe, fue casi el primero en usar el término Estado: expresión para aludir la posición de los gobernantes frente a los gobernados. El vocablo status, a fines del siglo XIV, se empleaba para hacer referencia al estado o condición de un reino o república. El Derecho Romano y su estudio provocaron una difusión amplia del término Stat du Roilme, o sea,
El Estado del Reino y antes, en el siglo XIII, los magistrados tenían interés primordial en el Status Civitatis, que significaba el estado o condición de la ciudad como entidad política independiente, sin embargo, estos primeros usos de Status fueron modificándose gradualmente hasta llegar al significado o acepción actual.
Por ello, Maquiavelo describe puntualmente lo que los gobernantes debían hacer para mantener su posición política y para referenciar las formas particulares de gobierno. Donde se empezó a considerar al Estado como un agente independiente y como la sede de la soberanía del poder. Así, la teoría contractualista surge como defensora de la monarquía, y en contraposición nace el Republicanismo Italiano.
Es a finales del siglo XVIII cuando las teorías de Bodin y Hobbes hacen una distinción entre los Poderes del Estado de los poderes de los gobernantes y los de la comunidad.
De esta manera, en el siglo XX la corriente conductista de la ciencia política moderna reformula la terminología, reemplazando la noción de Estado por la de Sistema Político o la de Gobierno.
En los años setenta, son las corrientes estatistas, o neoestatistas de corte marxista, las que reinstalan el uso de la palabra, cimentando la centralización del poder, a través de los asuntos de justicia, derecho, sociedad y soberanía, en un solo hombre, cuestiones que se consideraban superadas con el absolutismo de los monarcas de corte feudal de los siglos XIV y XV. “El Estado Soy Yo”, decía el Rey Sol, Luis XIV, monarca francés.
Max Weber definió al Estado como una organización fundada y respaldaba por el denominado monopolio de la violencia legítima. Por ello, su sustento son las organizaciones poderosas: las fuerzas armadas, la policía y los tribunales, ya que se deben encargar de las funciones de gobierno, como lo son la defensa, la seguridad y la justicia. Es así que hablar del Estado de derecho es describir un sistema cuya organización se sustenta en la división de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con el único objetivo de tener un sistema funcional de “pesos y contrapesos”. En este marco, para que un Estado se considere como tal, debe contar con un territorio delimitado, una población, leyes y órganos de gobierno.
Por lo contrario, El Estatismo es sinónimo de la concentración de poder en el Estado a expensas de constreñir libertades individuales y colectivas; es consecuencia del absolutismo político, de las monarquías absolutas, las oligarquías, las teocracias y las tiranías al azar. La historia mundial refiere muchos ejemplos de lo anterior: el régimen autoritario de los zares para instaurar, por primera vez en su milenaria historia, un gobierno liberal con Alexander Kerensky al frente. Los izquierdistas bolcheviques –aliados de los enemigos alemanes contra los que combatía Rusia en las trincheras de la Primera Guerra Mundial– impusieron un sistema cruel, despiadado y brutal, cuyo líder, el diabólico Lenin, nunca dudó en aplicar sin misericordia con sangre y fuego, asesinando, encarcelando o desterrando a cualquiera que ofreciera la más mínima resistencia, diferencia de opinión o falta de simpatía, y a más de treinta años de que se desplomara su símbolo más evidente, el Muro de Berlín, nunca han realizado un acto de arrepentimiento vinculante para las millones de víctimas que ocasionaron.
Por ello, el Estado Mexicano tiene en nuestra Constitución bien definidos los límites y las relaciones entre los Poderes de la Federación. Los fines del Estado son servir a la sociedad promoviendo su prosperidad general, garantizando la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en el texto constitucional, impulsando mecanismos de participación social en las decisiones económicas, políticas, administrativas y culturales. ¿O no, estimado lector?
Fuente: Excélsior.
















