Por: Diego Valadés.
La fuga de una prisión de alta seguridad es más que un episodio de corrupción e ineptitud o que un simple asunto penitenciario: es la exhibición de un Estado exangüe.
Todas las instituciones requieren ajustes periódicos. Cuando las correcciones requeridas
se van retrasando o son mal diseñadas se corre el peligro de que el conjunto institucional entre en la zona de problemas. Por lo general una crisis de esa magnitud es el resultado de un largo periodo de indiferencia por los asuntos del Estado.
Al llegar a la situación crítica suele dominar el desconcierto entre los gobernantes y entre los gobernados, por igual, y se propende a buscar explicaciones simplistas y culpables inmediatos. Este reduccionismo dificulta valorar la magnitud de las carencias a superar y, por ende, obstaculiza las soluciones.
Si quienes tienen la responsabilidad de conducir los procesos del poder confunden los efectos con las causas, todo lo complican. No hay peor dolencia que la ignorada. La inconsciencia de lo que ocurre acentúa el deterioro del Estado.
Cuando lo que se desconoce o lo que se niega es una cuestión tan grave como la mengua del Estado, las posibilidades de encontrar soluciones se alejan. Esto tiene muchas implicaciones porque la recuperación de la normalidad en la vida de un Estado no es algo que se produzca de súbito. Hasta en tanto los remedios no sean definidos y puestos en vigor, para que luego surtan sus efectos paulatinos, el sufrimiento colectivo tenderá a aumentar.
Es difícil precisar el momento en que comenzó el declive del Estado constitucional mexicano; lo demostrable es que en el último lustro del siglo anterior las voces de alarma ya se habían disparado e indicaban la urgencia de reformarlo. En 2000 el triunfo de la oposición puso fin a una larga hegemonía y generó tal euforia que aquellas voces quedaron aisladas y se volvieron inaudibles. Se creyó que la alternancia bastaba para consolidar la democracia y se desatendieron los desafíos reales, por lo que el Estado declinante dejó de tener visibilidad.
En seguida de la polémica elección de 2006 hubo discretos intentos de reforma pero los interlocutores no se entendieron y una vez más el momento escapó. Luego vino la eclosión de la violencia y lo policial desplazó a lo político. En 2012 y los primeros meses del siguiente año el tema energético polarizó a la sociedad y de nueva cuenta distrajo su atención.
En suma, los asuntos coyunturales han prevalecido, tendiendo un velo sobre el progresivo menoscabo del Estado, pese a que desde hace tiempo presenta síntomas crecientes de agravamiento.
Por crítica que sea su posición, los Estados no desaparecen, sólo se transforman. El aparato de poder siempre está allí, funcionando bien o mal. La disfuncionalidad exige correctivos pero por sí sola no los desencadena; un Estado puede prolongarse por tiempo indefinido en circunstancias de precariedad, con los consiguientes sinsabores de los gobernantes y padecimientos de los gobernados. El clamor por un Estado de derecho pasa por alto que lo primero es restablecer la salud del Estado mismo.
El Estado funcional, o sea el que dispone de los medios suficientes para alcanzar sus objetivos, tiene dos expresiones antitéticas: la elemental, forjada conforme al instinto del poder primario, en la cual los dirigentes utilizan a su arbitrio los mecanismos de dominación, y la racional, que atiende a las expectativas de libertad y equidad y a las exigencias de responsabilidad y control. Entre esas dos modalidades se acomodan muchas variantes intermedias.
Lo anterior significa que lo mismo se podrá emprender la reconstrucción del Estado que seguir acumulando casos de ineptitud, corrupción, violencia, inequidad y marginación. Tampoco hay que descartar que nos deslicemos hacia la demagogia constitucional, de la que hay varios ejemplos en nuestro hemisferio. Quedar atrapados por el marasmo o tomar el tobogán de las soluciones desesperadas son nuestros riesgos mayores.
Hasta hace unos lustros las carencias del Estado se localizaban en la estructura del poder; hoy también incluyen la pérdida de confianza y por tanto un profundo escepticismo colectivo. El Estado menguante genera sus propias inercias; será necesario un esfuerzo ciclópeo para revertirlas.
Para tomar las decisiones correctas lo primero es reconocer el tamaño del problema. Los paliativos, como las reformas legales que ya se plantean, sólo servirían para seguir perdiendo el tiempo.
@dvalades
Fuente: Reforma.
















