Por: Jeny Farías.
La autoridad federal debe ser clara al informar sobre el estado que guardan las instalaciones escolares.
Tiene razón el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando señala que, para cuidar emocionalmente a nuestras niñas, niños y adolescentes, hay que pensar en la pronta reapertura de escuelas, tomando en cuenta, además,
la necesidad de recuperar los aprendizajes perdidos durante su cierre en la pandemia.
Sin embargo, la última palabra la tendrán cada una de las entidades federativas, en virtud de su autonomía reconocida constitucionalmente en el artículo 40 de nuestra Carta Magna. Ejerciendo tal autonomía, varios gobernadores y secretarios de educación estatales ya han respaldado la postura del ejecutivo federal para volver a clases en las aulas en el próximo mes.
Sin embargo, otros como Baja California Sur, Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, Quintana Roo, Campeche, Colima, Michoacán, Coahuila y Puebla mantienen aún sus reservas, o de plano han manifestado que permanecerán con las escuelas cerradas hasta que los niveles de contagio bajen en sus entidades.
En este tema, encontramos que la razón también les asiste, pues si bien el presidente y las autoridades federales no se equivocan en su inquietud, también cada estado tiene razón al preocuparse por sus circunstancias particulares de contagios, disposición de camas en hospitales y ritmo en el avance de la vacunación.
No obstante, es imperativo que, ni unas ni otras autoridades se queden únicamente con la determinación de abrir o esperar, sino que urge que pongan en marcha acciones conjuntas para resolver los pendientes necesarios para el regreso a la presencialidad, incluyendo en ellos la adecuación de infraestructura para contar con espacios ventilados y con acceso a agua como requisitos indispensables.
La autoridad federal, además de apurar el regreso en agosto, debe ser clara al informar abiertamente sobre el estado que guardan las instalaciones escolares y facilitar los recursos para que los Comités de administración participativa resuelvan problemas que tengan que ver con acondicionamiento de espacios, así como determinar de manera concisa protocolos adecuados de seguridad sanitaria.
Que los estados que abran los espacios escolares lo hagan con el máximo sentido de responsabilidad, con medidas de seguridad sanitaria adecuadas, informando y escuchando a la comunidad de la escuela y previendo alternativas de atención y garantía del derecho a aprender para quienes, a pesar de la apertura, decidan no asistir.
Que los estados que permanezcan con las escuelas cerradas no se queden esperando inactivos los semáforos verdes, sino que aprovechen el tiempo para encauzar su gestión de gobierno de manera que se vuelva una prioridad el regreso a la presencia en cuanto sea seguro y posible, entendiendo que dicha seguridad y posibilidad llegarán más pronto si se les propicia.
Y QUE TODOS (LOS QUE ABRAN Y LO QUE NO) TENGAN DISPOSICIÓN PARA ESCUCHAR Y PERMITIR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS EN LAS LOCALIDADES, YA QUE EN CADA CONTEXTO PODRÁN ADAPTARSE A LA EMERGENCIA ECHANDO MANO DE SU ENTORNO PARTICULAR.
Fuente: HERALDO DE MEXICO.
















