Por: Redacción.
“Es el fuero, estúpido”. Parafrasear la frase creada por James Carville, el estratega de la campaña de Bill Clinton rumbo a la Presidencia de Estados Unidos en 1992, viene como anillo al dedo en este México donde la corrupción y la impunidad han sentado sus reales, debido a la conveniencia de quienes hoy conducen las instituciones del Estado mexicano.
“Es la economía, estúpido” se volvió desde 1992 en un reclamo contundente hacia las cosas que no funcionan, y no sólo en el terreno económico.
Ayer, Edgardo Buscaglia, director del International Law and Economic Development Center e investigador principal en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia en Estados Unidos, se refirió al fuero constitucional del que gozan legisladores, gobernadores y el Presidente en México como el gran impedimento para lograr que la justicia se aplique a cabalidad en el país.
El fuero, dijo el también reconocido experto en temas de seguridad, es la herramienta que los políticos mexicanos utilizan “para no ser procesados por delitos… y que funciona como sistema de protección como en tiempos de la Colonia”.
“Tenemos que entender que la delincuencia organizada es hija de la corrupción política, y en la medida en la que sigan teniendo un sistema de protección de políticos a través de un fuero tan amplio, jamás podrán llegar a la verdad”, dijo Buscaglia en el “Foro Internacional Sobre Personas Desaparecidas en México”, organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco.
Por ello, insistió, “una de las principales medidas que deben impulsar es limitar el fuero del que gozan estos legisladores y se les pueda procesar por delitos”.
Edgardo Buscaglia no es el único investigador que, en los últimos días, se ha referido enSinEmbargo al daño que el fuero constitucional hace a la aplicación de justicia en México.
Alexander Aizenstatd, vicepresidente del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon) de Guatemala, la Organización No Gubernamental (ONG) que logró documentar y hacer públicos los argumentos legales que existían para enjuiciar por corrupción al ahora ex Presidente Otto Pérez Molina, explicó que el país centroamericano se tiene la figura del “antejuicio”, que es una protección más débil que el fuero constitucional.
Por tanto, los presidentes y altos funcionarios no tienen la inmunidad, y sólo es necesario que el Congreso declare que se debe investigar al Presidente para hacerlo. Es más, cuando concluye su periodo en la Presidencia también se le quita la protección del “antejuicio”.
Aizenstatd dijo que esa figura es una protección muy grande, pero nada comparada con la que se aplica en México a gobernantes y legisladores.
“Aquí la denuncia la puede presentar cualquier ciudadano y basta que lo decrete un juez para que el Presidente o altos funcionarios puedan ser separados de sus cargos y encarcelados, o pueden seguir en sus cargos, pero bajo proceso, depende de la gravedad de la acusación”, dijo.
En conclusión, México no tiene políticas de Estado para resolver casos de corrupción y conflictos de interés, como los que cometen los gobernantes, funcionarios públicos y diversos políticos, porque así le conviene a quienes cada seis o tres años encabezan a nivel federal, estatal y municipal los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Bajo ese paraguas, donde lo fundamental es servirse con la cuchara más grande que se pueda de recursos públicos y arrasar con la Ley, las víctimas no importan. La ciudadanía, entonces, se queda sola ante los perpetradores de crímenes de todo tipo y las investigaciones caen una a una en una enorme bote de basura o concluyen en “verdades históricas”.
Entonces, en un escenario como éste, es claro que la Ley no alcanzará su cometido mientras el fuero no se limite o, de plano, se borre en este país.
“Es el fuero, estúpido”. Sí, es el fuero.
Fuente: Sin Embargo.
















