Por: Lorenzo Córdova Vianello.
Transformar el sistema electoral federal y crear un nuevo andamiaje institucional que estandarice las condiciones de la competencia electoral en todo el país fueron las premisas que lograron el mayor consenso político durante el pasado proceso legislativo.
La responsabilidad de conducir esta transformación recayó en el Instituto Nacional Electoral (INE).
Para ello nos asignaron 74 nuevas atribuciones que tienden a maximizar el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos, a darle mayor transparencia al desarrollo de las campañas, que modifican las características del arbitraje electoral, y que propician una más intensa colaboración del INE con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).
Una particularidad del nuevo sistema electoral mexicano, a diferencia de las diáfanas esferas de competencia que caracterizaron al modelo federal, es la distribución entreverada de competencias que obligan al INE a estar atento al desarrollo de los procesos electorales locales.
Este entrelazamiento de responsabilidades, además de que propicia la construcción de un nuevo circuito de colaboración entre los OPLEs y el INE, nos obliga a repensar los paradigmas de evaluación de los procesos electorales, así como los costos de las instituciones de la vida democrática.
Por ello, he sostenido que necesitamos una nueva concepción presupuestal para la nueva era electoral que mandató la reforma. No podemos evaluar el sistema nacional de elecciones con las referencias del sistema federal. Y lo digo con todas sus letras: podemos estimar y generar aproximaciones o hasta especulaciones, pero los datos reales sobre el funcionamiento del sistema nacional de elecciones, cualitativa y cuantitativamente, se tendrán hasta que concluya el proceso 2014-2015. Seamos prudentes; sólo sabremos si el nuevo modelo funcionó con una evaluación ex post, al término de las 17 elecciones concurrentes, que constituyen la prueba del ácido de la pasada reforma electoral.
En síntesis, estamos ante unas nuevas reglas del juego democrático, con otras autoridades, con otras exigencias constitucionales y con otras obligaciones legales.
Con esta perspectiva, y con base en criterios de eficiencia, racionalización del gasto y rendición de cuentas, así como con las sugerencias de la Contraloría General del INE, el gasto de operación que solicitamos para 2015 asciende a 13,216 millones de pesos.
Con estos recursos: instalaremos más de 152 mil casillas (10,000 más que en 2012); desarrollaremos e instrumentaremos un sistema automatizado que nos permita fiscalizar más de 70 mil informes de precampaña y campañas (frente a 6 mil que habríamos revisado antes de la reforma); iniciaremos la credencialización de mexicanos residentes en el extranjero; contrataremos a más de 40 mil capacitadores y supervisores para el proceso electoral; regularizaremos a 5,609 trabajadoras y trabajadores de los módulos de atención ciudadana, que por primer vez tendrán estabilidad laboral y seguridad social, y que durante 2015 atenderán a más de 16 millones de personas; además iniciaremos la construcción de inmuebles que posibiliten al Estado ahorrar a mediano plazo más de 100 millones de pesos.
Por ello, considero que el presupuesto solicitado por el INE para 2015 debe leerse con nuevos parámetros. Constituye la primera inversión del Estado mexicano para iniciar la puesta en marcha de la reforma electoral más ambiciosa de los últimos 20 años y comenzar la nueva era de la democracia en México. Hablamos de inversiones iniciales para hacer frente a algunas de las nuevas responsabilidades y que en el futuro no tendrán que repetirse. La especulación de quienes vaticinan un crecimiento exponencial del presupuesto del INE en los próximos años, no ayuda a entender en dónde estamos, sino que confunde y enrarecen el ambiente. Me parece que el nuevo régimen electoral se merece este voto de confianza, pero sobre todo de prudencia.
El autor es consejero presidente del INE.
Fuente: Reforma.
















