Por: Eduardo R. Huchim.
A pesar de que desde el oficialismo se le presenta como una panacea necesaria y taumatúrgica para hacer crecer al país, la reforma energética abre un horizonte enigmático. Hay tanta resistencia y tanta oposición a este cambio de arquetipo en el petróleo y la electricidad que sólo los serviles y/o los interesados en ganancias futuras -legales o no-
elogian acríticamente a sus promotores, encabezados por el presidente Enrique Peña Nieto. Les aseguran que pasarán a la historia como los grandes reformadores de México, pero la realidad, de la cual los gobernantes suelen abstraerse, es diferente e indica que muy probablemente el actual entrará en la historia como un gobierno que traicionó principios esenciales que vertebraron el México posrevolucionario.
La reforma energética es vista como amenaza por los campesinos que temen la expropiación vestida de “ocupación temporal” de tierras, por los ambientalistas que alertan sobre los daños del “fracking”, por los contribuyentes que rechazan absorber pasivos laborales de Pemex y CFE y, sobre todo, por una mayoría que repudia la entrega del sector a las grandes transnacionales, cuyas antecesoras se llevaron en otras épocas la riqueza del subsuelo -sin gran beneficio para el país- e incluso presionaron y chocaron con el Estado mexicano. ¿Por qué volver sobre las malas y viejas huellas? El gobierno se hace lenguas de los supuestos beneficios que traerá la reforma a la población mexicana, pero no hay seguridad de que tal cosa ocurrirá. La prometida reducción en los precios de la electricidad, por ejemplo, es algo que por lo general no ocurre cuando en esta industria estratégica participa el sector privado.
Al margen de planteamientos ideológicos sobre la pertinencia de abrir totalmente el sector energético a los privados nacionales e internacionales, hay un elemento que favorece los augurios de fracaso seguro: México posee un Estado corrupto con un empresariado y una sociedad parcialmente corruptos también. Una reforma como la que está aprobando el sumiso Congreso de la Unión sólo podría tener éxito si México fuera un Estado robusto donde no hubiera impunidad y la corrupción fuese siempre -o al menos la mayoría de las veces- castigada sin distinción, sin importar parentesco, oriundez o militancia partidaria.
¿Cómo podría un Estado así evitar los abusos económicos y políticos de los tiburones petroleros? ¿Cómo podría un país asfixiado por la corrupción enfrentarse a las poderosas transnacionales si no puede ni siquiera evitar los crecientes robos de combustible en los ductos? ¿Cómo podría un gobierno así saber cuánto crudo extraerán las transnacionales si no puede saber con exactitud ni cuántos maestros tiene? ¿Cómo podría un gobierno así evitar los excesos de las grandes petroleras del mundo si no puede impedir ni siquiera las extorsiones desde los penales -es decir, de gente que tiene encerrada- ni combatir con eficacia a los piratas modernos? Si el Presidente no puede poner en orden ni siquiera a su dizque tío Arturo Montiel y evitar que haga lo que quiera con sus hijos y con la ley, ¿cómo evitará que cualquier otro tío (familiar o político) lucre ilícitamente con los energéticos?
Y ante un fracaso anunciado (como le llamaría García Márquez), ¿cómo supone el Presidente que lo considerarán los historiadores cuando lo contrasten con Lázaro Cárdenas, un héroe nacional y antaño orgullo del PRI? Por cierto, ¿tendrá idea el gobierno de cuántos priistas repudian la privatización del petróleo aunque no se atrevan a hacerlo público?
El riesgo que abre la reforma energética es mayúsculo. El riesgo es que produzca una inframinoría enriquecida que cantará loas a sus benefactores y una mayoría que, desposeída de su riqueza principal, maldecirá la privatización y demás reformas. El Presidente, por lo menos, debería aceptar la consulta popular y sus resultados, aunque éstos le ordenaran rectificar. Y si ganara sin trampas, entonces nadie podría legítimamente objetar su decisión reformista, aunque resultara equivocada.
@EduardoRHuchim
Fuente: Reforma.
















