Por: Redacción.
La respuesta natural que viene después de preguntarse quién más sabía de la pérdida de los 600 millones de pesos del presupuesto público por la quiebra del Banco Accendo tiene que ver con el extinto Miguel Barbosa Huerta.
Si María Teresa Castro Corro hizo los movimientos pertinentes para mandar esa cantidad de dinero a esa institución bancaria,
seguramente fue por instrucciones del entonces gobernador, su jefe, por lo que resulta obvio que fue enterado del desastre financiero cuando ocurrieron los hechos ya conocidos.
Por desgracia, a Barbosa ya no se le pueden pedir cuentas.
Queda entonces como responsable principal de esa inusual operación la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas, que, ahora se sabe, no será despedida de la dependencia mientras no termine de aclarar todas las dudas que tienen los sabuesos de Sergio Salomón Céspedes Peregrina en torno a las labores que esta servidora pública hizo desde su nombramiento hasta ahora.
Pero esa es otra historia.
Ya no está Barbosa, pero sí queda otro personaje que tuvo mucho que ver en esa trama, como responsable omisa de iniciar los procedimientos correspondientes: Amanda Gómez Nava.
Gómez Nava, que hoy despacha como titular de la Auditoría Superior del Estado, fue entonces secretaria de la Función Pública y debió estar enterada de lo que sucedió en 2021 con esos 600 millones de pesos.
Habrá que preguntarle qué hizo al respecto.
Casi podemos adelantar que no hizo nada, que tenía la función de cuidarle la espalda a su jefe y que, por añadidura, hizo lo mismo con Castro Corro.
Si los diputados locales de oposición a Morena, que son muy pocos en realidad, los de a de veras, pretenden llamar a comparecer a la secretaria de Planeación y Finanzas, podrían hacerlo también con la extitular de la Función Pública.
Los de Morena, al mando de Eduardo Castillo López, no tendrían que oponerse.
Se supone que se trata de rendir cuentas claras al pueblo y procurar que su nuevo líder político, el gobernador Céspedes Peregrina, pueda trabajar en paz y en orden.
Podrían ayudarlo a resolver este problema, aunque se enojen los dos o tres barbosistas que aún quedan por ahí.
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Sin ser año de elecciones, tres de los nueve partidos políticos con registro en Puebla gastaron más de 9 millones 500 mil pesos en playeras, gorras, tazas, cilindros, bolsas, libretas y otros artículos para promocionarse.
Estos institutos políticos son Pacto Social de Integración, Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática.
Los primeros dos fueron los que más gastaron en artículos promocionales durante el año pasado, de acuerdo con información pública disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Eso significa que los presidentes partidistas más gastalones en artículos sin importancia fueron Carlos Navarro Corro y Fernando Morales Martínez.
Los detalles los puede usted encontrar en una nota que publica este día El Sol de Puebla bajo la firma de la reportera Victoria Ventura.
Ahí verá los gastos inútiles de partidos (también inútiles) en un año no electoral.
Si no utilizaran recursos públicos para ello, no habría ninguna objeción, pero sí los usan.
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¿Qué habrá ocurrido que la convocatoria para concursar por una patente de notario público en el estado de Puebla no fue atendida como se esperaba?
Seis meses después de que el gobierno de Miguel Barbosa lanzara una invitación formal para concursar por las 100 notarías públicas que abriría su administración en el futuro inmediato, se ha informado que solo se registraron 66 aspirantes.
Eso es lo que dio a conocer Jonathan Ávalos Meléndez este jueves, lo que genera sorpresa debido a que, en el pasado, se realizaban disputas entre los profesionales del Derecho para acceder a una notaría.
¿Habrán dejado de ser un negocio garantizado?
Es posible.
Fuente: Sol de Puebla.
















