Por: Redacción.
Invertir 600 millones de pesos del presupuesto público en una institución bancaria que estaba al borde de la quiebra, como ocurrió con Banco Accendo en el año 2021, fue, por decir lo menos, una irresponsabilidad.
Pues eso sucedió justo en Puebla, en el gobierno del extinto Miguel Barbosa Huerta, a través de la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas,
hoy vigente en el cargo, María Teresa Castro Corro, según reveló el columnista Alejandro Mondragón en el portal Status y más tarde confirmó el gobernador Sergio Céspedes Peregrina en su mañanera.
Pudo tratarse solo de una mala decisión, es decir, que Teresa Castro definiera meter una parte del dinero de los poblanos en ese banco sin indagar las condiciones de viabilidad que ofrecía la institución en el largo plazo, lo cual ya habla de una servidora pública inexperta e ineficaz.
Pero, por el cartel de personajes que se encuentra ligado a ese banco caído en desgracia, entre los que destaca el panista Ernesto Cordero Arroyo, compañero de Barbosa en el senado de la república, también pudo tratarse de un asunto de trasfondo político y económico personal.
Ahora toca a Céspedes Peregrina investigar y a Castro Corro explicar qué fue lo que en realidad sucedió, por qué tomó una decisión que quizá hasta un estudiante universitario de gestión de las finanzas habría evitado.
La pérdida de 600 millones de pesos del erario no es un asunto menor, como pretendió transmitir la funcionaria estatal en la rueda de prensa mañanera de su nuevo jefe.
Y los poblanos merecen saber.
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Por desgracia, la virtual pérdida de esos 600 millones de pesos no fue la única mala noticia financiera que se informó ayer.
El mismo Céspedes Peregrina reveló que a los contribuyentes poblanos les costó 2 mil 700 millones de pesos una deuda ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), generada a partir de una irresponsabilidad financiera cometida durante la administración del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas.
Otro trancazo al erario.
El gobernador dijo que habrá consecuencias ministeriales para quienes resulten responsables de haber cometido dicha irresponsabilidad financiera.
¿De verdad?
¿Por fin alguien obligará a Roberto Moya Clemente, entonces secretario de Finanzas y Administración y cómplice de Moreno Valle en muchos entuertos, a rendir cuentas de lo que hizo y deshizo en el pasado?
Habrá que verlo.
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Recién instalado en el cargo, la semana pasada, el nuevo vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Puebla, Edgar Humberto Arias Alba, dio a conocer que emprenderá una investigación para saber el origen de los recursos destinados a promover la imagen en anuncios espectaculares del diputado federal Ignacio Mier Velazco y del senador Alejandro Armenta Mier.
Abordado por los reporteros para conocer su opinión en torno a ese asunto, el nuevo funcionario electoral expuso que los dos aspirantes de Morena al gobierno del estado han sido muy hábiles para simular propaganda de promoción personal.
Se refirió por supuesto al empleo de supuestos medios de comunicación y empresas editoriales como responsables legales de la contratación de los espectaculares y la pinta de bardas.
Muy bien por Arias Alba, que sin rodeos ni titubeos le entró a un tema evitado por la gran mayoría de los funcionarios electorales, quienes se escudan en los vacíos legales para negar posiciones públicas al respecto.
Aquí le va un tip para hacer mejor esa investigación de la que habla.
Si quiere saber de dónde salen los recursos para la propaganda de los tiradores a la gubernatura, debería preguntar a los presidentes municipales del interior del estado.
Seguramente ellos saben bien quiénes financian la pinta de bardas a favor de otro de los aspirantes, en concreto, de Julio Miguel Huerta Gómez, secretario de Gobernación en la administración estatal.
Fuente: Sol de Puebla.
















