Por: Viridiana Ríos.
Me preocupa la forma en la que la sociedad civil organizada va empoderándose (alimentándose de la debilidad de la clase política) sin que quede claro quién es esa “sociedad civil” y qué tanto representa al ciudadano común. Me preocupa más porque la escisión de ésta parece haber comenzado. Para prueba, la selección de fiscal Anticorrupción. Va la historia y una reflexión.
Me huele a que la sociedad civil ya se está partiendo en pedacitos,
enfrentándose de un lado y del otro del ring. Ya vimos una primera ruptura con la marcha “anti-Trump” y ahora, me parece que la estamos viendo de nuevo con el proceso de selección del fiscal Anticorrupción.
La historia es bien clara. Va así: el nombramiento del fiscal Anticorrupción llevaba rato estancado. El Senado, argumentan algunos, quería politizar el nombramiento y repartirlo como un botín entre fracciones partidistas. El Senado mismo (ya sea para probar su buena voluntad o para taparle el ojo a todos) decidió invitar a algunos miembros de la sociedad civil para observar el proceso y proponer qué candidatos les parecían mejores. Invitaron a los de siempre.
La sociedad civil (que fue invitada) no sólo no quiso participar, sino que además solicitó al Senado cancelar todo el nombramiento del fiscal Anticorrupción. La sociedad civil (que fue invitada) argumentó que antes de nombrar al fiscal era necesario modificar el artículo 102 constitucional para garantizar la verdadera autonomía. La sociedad civil (que fue invitada) es proba, ética e inteligente.
El Senado invitó entonces a otros miembros de la sociedad civil. Ésta sociedad civil, igualmente proba, ética e inteligente que la sociedad civil (invitada primero) tenía la convicción de que había candidatos a fiscal Anticorrupción que eran capaces y buenos, y que urgía echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción. Valga la pena decir que circunstancialmente yo sí concuerdo con esta parte de la sociedad civil, a pesar de que muchas veces he estado del lado de la sociedad civil (que fue invitada primero).
La sociedad civil (invitada primero) acusó a la sociedad civil (que participó del proceso) de exigir muy poco. Les recriminaron que “sólo (sic) emitieron observaciones, comentarios, propuestas y calificaciones” y que su aportación fue marginal porque los senadores mantuvieron la facultad de proponer el nombramiento.
Y… toda esta historia es por demás grave.
Dos reflexiones:
Primero, a la sociedad civil organizada nadie la votó o eligió. No tiene por qué exigir tomar decisiones como si fueran senadores. No lo son. Seamos crudos. La sociedad civil no representa al promedio del mexicano, sino al promedio del mexicano que puede, quiere y le interesa organizarse. Esto es muy diferente. No es malo, pero es diferente. Ciudadanos sin capacidad para organizarse (ya sea por falta de tiempo, dinero o capacidad) pueden tener demandas muy legítimas que no necesariamente serán abanderadas por la sociedad civil organizada. Lo que para la sociedad civil organizada es prioridad puede ser secundario para la sociedad civil no organizada.
Segundo, y quizá más relevante, mientras se siga considerando “representante ciudadano” a cualquier individuo que se representa sólo a sí mismo (sin una base movilizada) o que dirige una AC (cuyo financiamiento e intereses son desconocidos o parcialmente revelados), lo que se está logrando no es una representación ciudadana, sino la creación de élites ciudadanas. Son élites ciudadanas empoderadas que, con la idea de representar al ciudadano, toman decisiones discrecionales de alta relevancia. Esto le viene perfecto a la clase política porque puede seleccionar, a modo, quien será la sociedad civil, encontrando (siempre habrá) a un grupo ciudadano dispuesto a participar en cualquier cosa.
Así que urge que nos preguntemos cómo vamos a lograr que el mexicano promedio sea representado por sus líderes ciudadanos y cómo haremos para que dichos líderes ciudadanos no se conviertan en legisladores plenipotenciarios que sólo rinden cuentas en Twitter.
Posiblemente, la respuesta está en que la sociedad civil debe ser más humilde. Y asumir que su rol, precisamente, es observar, comentar y exigir. No legislar. No gobernar. No hacer nombramientos de alto impacto.
La meta no es eliminar a la clase política y sustituirla por ciudadanos, sino exigir que la política que tenemos represente y rinda cuentas al ciudadano.
Fuente: Excélsior.
















