Por: Mónica Camacho.
PUEBLA, PUE.-El proceso penal que enfrentan funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia estatal (DIF), incluida la presidente del Patronato, Martha Érika Alonso, pone en entredicho la legalidad del programa de adopción que impulsó el gobierno del estado en este sexenio, a través del cual ha entregado la custodia de 184 niños,
alertó el integrante de Movimiento Nacional por la Esperanza, Jorge Méndez Spíndola.
En un ánimo de agilizar el proceso de adopción, explicó en entrevista, se están cometiendo diversos excesos, como el de negar a los padres biológicos la oportunidad de defender la patria potestad sobre sus hijos.
De acuerdo con el último informe que rindió la esposa del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, Martha Érika Alonso, en lo que va de la administración aumentaron 300 por ciento los juicios de pérdida de patria potestad y se han efectuado 158 juicios orales de adopción, para reducir el tiempo de obtención de la sentencia a 14 días, cuando antes tardaba hasta 5 meses.
La denuncia penal contra los funcionarios de Desarrollo Integral de la Familia la interpuso la ciudadana Liliana Hernández Mena el lunes pasado, dentro de un juicio de amparo que tramitó para recuperar a sus dos hijos menores de edad que desde el 3 de julio se encontraron bajo resguardo de ese organismo de la administración pública estatal, el cual intentó darlos en adopción ese mismo mes, según la afectada.
Hernández Mena inició el proceso penal debido a que el DIF se negó a acatar la suspensión provisional que dictó el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo, del Trabajo y de Juicios Federales el 17 de julio, a través de la cual el Poder Judicial hizo valer el derecho de la inconforme de entrar en contacto con sus hijos.
En vez de cumplir el mandato judicial, el DIF renunció a la custodia de los menores la semana pasada y los entregó a los padres biológicos, situación que Hernández Mena censuró en la denuncia penal al acusar que ellos nunca se han preocupado por su manutención e inclusive uno de los padres tiene problemas de drogadicción.
“Totalmente arbitraria e ilegal”
Jorge Méndez, cuya organización asesora jurídicamente a Hernández Mena, afirmó que la actuación del Sistema Estatal ha sido “totalmente arbitraria e ilegal”, ya que no solo negó a la afectada el derecho a defenderse, sino que también vulneró el derecho de los menores al incorporarlos a familias que no garantizan su protección.
“¿A qué suerte están todos los niños que caen en el DIF? Esa es la pregunta”, manifestó el líder Movimiento Nacional por la Esperanza, quien destacó que el caso de Hernández Mena debe servir de precedente para investigar de fondo el programa de adopción que se diseñó en la presente gestión.
Y agregó: “La señora encontró respaldo y asesoramiento con nosotros, pero cuántas familias, cuántas personas se enfrentan al DIF para recuperar a sus hijos sin saber cómo defenderse, cuántos niños se han dado en adopción en esas condiciones”.
De acuerdo con las últimas cifras del organismo, durante 2014 ingresaron bajo custodia 587 personas, a través del programa Tutela Legítima, en su mayoría menores de edad, y en los cuatro años y medio que lleva el sexenio se ha resuelto la situación jurídica de más de 90 menores, al ser canalizados al Programa de Adopciones.
Martha Érika aseguró en su cuarto informe que el proceso de adopción interna logró la segunda recertificación ISO 9001:2008 durante 2014, el cual solo evaluó los aspectos administrativos del programa.
Fuente: Jornada de Oriente.
















