Por: Redacción.
* En momentos de crisis, la evaluación permite tomar mejores decisiones y disminuir el margen de error en la aplicación de políticas públicas.
EL RETO DE LOS ORGANISMOS ES MANTENER LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
Ante la crisis que ha planteado la pandemia de Covid-19 en el mundo la evaluaciónde políticas públicas se presenta, a nivel nacional y local,
como un instrumento para tomar decisiones con un menor margen de riesgo y de una manera más efectiva.
En este momento, la dinámica de evaluación permite “visibilizar, enfrentar y combatir las carencias de siempre en México” pero al mismo tiempo también identifica nuevas fuentes de vulnerabilidad, de pobreza y de necesidad de protección social y todas las consecuencias políticas y económicas que todavía no se pueden ni siquiera predecir.
Claudia Vanessa Maldonado Trujillo, Profesora e Investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) apuntó que en momentos de crisis, como el que se ha generado tras la dispersión del virus SARS-CoV-2 en el mundo son los procesos de evaluación los que pueden generar la información sobre los fenómenos nuevos y mapear la demanda emergente de necesidades y sus implicaciones a nivel federal, estatal y municipal, además de minimizar errores y mejorar la selección de instrumentos y cómo se van a diseñar los modelos de gestión.
En el marco de la Semana de la Evaluación gLocal 2020 (EVAL 2020), organizada por el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del Estado de Durango (Inevap), la también Investigadora Académica del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) apuntó que a pesar de los beneficios, el reto para los organismos evaluadores tiene que ver con la asignación de recursos.
“Aunque en principio todos estaríamos mejor si apostáramos e invirtiéramos en la evaluación de las políticas y las estrategias públicas la realidad es que es difícil sostener el esfuerzo presupuestario para la evaluación si no hay instituciones que nos obliguen a ello”.
Maldonado Trujillo añadió que es difícil que la ciudadanía quiera contribuir por la vía fiscal para asegurarse que haya instituciones para evaluar, que haya lineamientos de evaluación, que haya órganos autónomos independientes con pericia técnica que puedan promover la evaluación porque no están entre las prioridades ni de los ciudadanos ni de los gobiernos toda vez que no prestan servicios ni ofrecen bienes.
Pese a ello dijo, la evaluación es producto de los pesos y contrapesos de la democracia y el andamiaje de evaluación en México forma parte de un universo de políticas modernizadoras que se deben leer en la lógica de la transición de la democracia.
Fuente: Siglo de Durango.
















