Por: Aurelio Ramos.
Cárceles van a faltar en Michoacán para recluir a políticos, de todos los partidos, si como afirma el presidente Enrique Peña Nieto está decidido a cumplir su compromiso institucional y personal de pacificar ese estado “cueste lo que cueste”, sin importar lo que tenga que hacer para restablecer el estado de derecho.
Aunque el Jefe del Ejecutivo —según su dicho—
pretende evitar la politización del combate a la inseguridad, este contagio es un hecho irremediable desde hace tiempo.
Puede decirse, incluso, sin hipérbole, que la contienda política michoacana se libra menos en la plaza pública, los partidos y los órganos de representación popular, que en los terrenos de la delincuencia.
Se explica que así sea. Muchos de los más destacados políticos y funcionarios ya no solamente chapean en la corrupción tradicional consistente en el usufructo de los dineros públicos y la aceptación de mordidas.
Tampoco se limitan a consentir el tráfico de drogas, fenómeno otrora inocuo y hasta rentable para los mexicanos, porque estaba destinado a alegrarles la vida, dándoles a domicilio lo que más les gusta a los gringos viciosos.
Miembros de la clase política ahora colaboran con quienes cometen los delitos que más lastiman a los mexicanos del común: homicidio, secuestro, robo, extorsión, y todas las modalidades delictivas derivadas del perseguido narcotráfico.
A reserva de lo que digan los jueces, Jesús Reyna García y los alcaldes Uriel Chávez y Noé Aburto son los políticos-delincuentes más recientemente descubiertos; pero ni con mucho los únicos. Y Reyna no es quien voló más alto, en una entidad con una docena de políticos que son —o fueron hasta hace poco— importantes a escala nacional, y por lo menos dos dinastías presidenciales.
Por ahora el brazo de la justicia sólo ha alcanzado a delincuentes carentes de caparazón e influencia. Los políticos, como Barrabás, han sido increíblemente indultados.
En los primeros diez días —del 14 al 23 de enero— de la nueva estrategia de seguridad en Michoacán fueron 101 los presuntos delincuentes detenidos. En un mes y medio —al 26 de febrero— ya sumaban 675. Y de entonces a la fecha han ocurrido numerosas detenciones masivas de policías y empleados y funcionarios menores en diversos municipios —20 en Zitácuaro, el 12 de marzo; 40 en Nueva Italia el 5 de abril…
Políticos relacionados con el crimen organizado no son endémicos de la tierra del Siervo de la Nación, sino que se dan silvestres a lo largo del territorio nacional, si bien por estos días los reflectores apuntan al estado y al equipo de Fausto Vallejo Figueroa.
Tamaulipas arde por los mismos motivos y en Guerrero fue arrestado el alcalde Feliciano Álvarez, vinculado con 15 secuestros. Admítalo o no el gobierno federal, las 32 entidades federativas están infestadas en mayor o menor grado.
Jesús Murillo Karam diagnosticó que “el país tiene un problema serio de seguridad”. Y la panista Cecilia Romero, con razón pero con cinismo, oportunismo y amnesia, expresó que “el país sufre una terrible escalada de violencia derivada de una estrategia que ha resultado ineficaz en el combate a la inseguridad”.
Romero se dio vuelo criticando las acciones de peñismo en materia de seguridad pública y hasta dijo que no ataca al PRI “por ser el PRI”, sino porque este partido tiene “una red de complicidades con la delincuencia”, que debe ser aclarada, sobre todo en Michoacán.
¡Se necesita descaro para hacer semejante señalamiento desde la cúpula del partido que le dio base de sustentación a Felipe Calderón Hinojosa, el presidente que llevó al país a la barbarie en que se halla!
En Michoacán, estado natal del ex mandatario y de al menos media docena de colaboradores suyos, residencia de sus parientes más cercanos y punto de arranque de la guerra contra el narco en diciembre de 2006, la descomposición de la clase política, su colusión con la delincuencia organizada es patente.
En 2009 Calderón ordenó el arresto de tres decenas de alcaldes y funcionarios estatales en el llamado michoacanazo, pero la tupida red —de la cual los munícipes fueron saliendo luego uno por uno por falta de pruebas— no alcanzó a Reyna García. Escoja el hipotético lector: Reyna, por aquel entonce diputado local, era una blanca paloma, o Calderón un pobre despistado o un cómplice.
El ex secretario de gobierno es acusado de haberse reunido con jefes del cártel de Los Caballeros Templarios en 2011; es decir, por lo menos un año antes del fin del calderonato. Y entre sus acusadores más firmes se halla Luisa María Calderón Hinojosa, quien asegura que supo de tales encuentros y los denunció en su momento, pero no fue escuchada.
¿Cuál sería la razón por la cual Felipe Calderón puso oídos sordos a las denuncias de su hermana y con ello la expuso a la desconsideración y aún el ridículo?
En diciembre de 2013 Servando Gómez La Tuta rebatió en un video a Cocoa —así llaman sus allegados a la otrora Primera Hermana de la Nación— y reveló que en 2006 y 2011 ella buscó el respaldo de Los Templarios por medio de Francisco Javier Girón del Toro.
Habrá quienes le regateen validez a las palabras de un delincuente, pero entre estos no puede estar sin caer en el cinismo Cocoa, cuyo hermano solía convertir en testigos protegidos, pagados por el Estado, aun a los más despiadados asesinos.
Con semejantes antecedentes, se necesita cachaza o deliberado afán de confundir para criticar —como hace Cocoa— mañana, tarde y noche a políticos de todas las formaciones menos del PAN. A sabiendas —o con sospechas fundadas— de que, si de políticos-delincuentes se trata, no hay partido que se salve ni cárceles suficientes para confinarlos.
La senadora Calderón Hinojosa ha convertido no al ministerio público, sino a la Cámara alta, en epicentro sus acusaciones de delincuencia e indolencia en contra de políticos que no sean sus copartidarios. En su ofuscación ni siquiera repara en su vulnerabilidad.
El hidalguense Omar Fayad debió hacer esfuerzos para rebatirla sin dificultad y con sorna, pero aun en los límites de la caballerosidad y la cortesía:
“Coincido totalmente con ella: el gobierno federal llegó tarde a Michoacán. No sé qué hizo el gobierno federal en los últimos seis años, durante la administración del presidente Calderón. Efectivamente llegó tardísimo”.
LAMPARILLA. El Ejecutivo federal —supongamos, en gracia de discusión— ganará las cuatro controversias constitucionales en la Corte respecto a la reforma educativa. ¿Cómo hará valer su triunfo jurídico? ¿De qué medidas coercitivas dispone para obligar a los poderes locales acatar el fallo? ¿Privará de presupuesto federal a los estados insumisos, por ejemplo? Lo dicho: al igual que muchas leyes emanadas de la Corona en tiempos de la Colonia, esta reforma lleva el rótulo de “se obedece, pero no se cumple”.
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Fuente: Crónica.
















