Por: FERMÍN ALEJANDRO GARCÍA.
Parece que en el PRI no se ha aprendido de la derrota, pues por enésima vez aparece uno de los vicios más arraigados de esta fuerza política: que es la venta de candidaturas a presidentes municipales. Es decir, entregar las postulaciones no a los aspirantes mejor posicionados en el electorado, que tienen más popularidad o mayor grado de confianza ciudadana,
sino a los que pueden ofrecer el pago más alto por la nominación.
Se dice entre operadores electorales del PRI que la presunta venta de candidaturas, en esta ocasión, estaría oscilando entre los 3 millones y los 6 millones de pesos.
Que es una cantidad muy inferior a lo que antes se pagaba, pues hasta apenas hace unos años se decía que algunas candidaturas tricolores se habían cotizado hasta en 20 millones de pesos, para municipios importantes; entre 8 y 10 millones de pesos para los de mediana relevancia por el tamaño de su población y de su hacienda pública; y unos 5 millones de pesos para los más pequeños.
Según la versión que cuentan miembros de esta fuerza política, es el actual proceso de postular candidatos a ediles en una treintena de municipios, que son los de mayor población en el estado o que son cabeceras distritales, están directamente a cargo del presidente y la secretaria general del PRI, Néstor Camarillo Medina e Isabel Merlo Talavera, respectivamente.
En esas plazas, al parecer se tendrá mucho cuidado de buscar a los mejores prospectos, desde el punto de vista de la intención del voto, o que se concrete una alianza electoral con el PRD.
Esas mismas fuentes indican que en el resto de los municipios, sobre todo en aquellos en que se cree que el PRI puede retener los ayuntamientos o lograr la reelección de ediles priistas, o recuperar las plazas, se ha empezado a regar la sugerencia velada entre los aspirantes, los interesados en ser candidatos, que la postulación tendría un “costo” de entre 3 y 6 millones de pesos.
Que hay un personaje oriundo de Oaxaca, un funcionario partidista de bajo perfil, que estaría esparciendo esa insinuación.
Los que sostienen dicha versión –que obvio nadie lo va a contar de manera abierta y directa–, dicen que el método disimulado para pedir ese dinero es que sería un aporte para fortalecer las finanzas internas del PRI.
Que posteriormente el partido les regresaría ese dinero en especie, es decir en propaganda política.
Y que si alguien paga y al final no logra la candidatura, se le regresaría íntegro su dinero.
No se sabe si los dirigentes estatales del PRI son parte de este tráfico de candidaturas o si lo tienen detectado.
Nadie en el PRI reconoce que en esta fuerza política se paga por las postulaciones a cargos de elección popular, pero es un vicio muy arraigad. Es un secreto a voces desde hace mucho tiempo.
Hace no mucho, el hermano de un gobernador presumía que sin ser presidente o secretario general del PRI, desde un cargo partidista intermedio, había conseguido “una pequeña fortuna” de unos 100 millones de pesos con el pago de venta de candidaturas. O lo que algunos llaman pomposamente: “aportación voluntaria”.
A lo largo de los últimos 30 años, el PRI poblano ha sido protagonista de enconadas disputas por las nominaciones de aspirantes a ediles. En mucho, porque entes tener la nominación priista equivalía a haber ganado la elección, pues había municipios en que el tricolor no enfrentaba una oposición fuerte y consistente.
Sin embargo, al paso de los años, muchos conflictos en los procesos de selección de candidatos se han generado porque algunas o muchas nominaciones se han concedido a personajes sin arraigo priista, sin popularidad o posibilidades de triunfo, pero que habrían pagado por las postulaciones, lo que ha desatado el malestar de las bases del partido y de los que si tenían atributos para competir.
Ese sistema viciado en el PRI de dar candidaturas al mejor postor, ha sido la causa de innumerables casos de deserciones de cuadros valiosos del partido hacia las fuerzas opositoras del tricolor. Por lo que este fenómeno de corrupción, contribuyó en mucho a un paulatino debilitamiento del otrora instituto político oficial.
Fuente: Jornada.
















