Por: Vicente Bello.
Más que fabricar leyes, la tarea fundamental del Congreso de la Unión es servir de contrapeso constitucional en todas las acciones de los otros poderes de la Unión y de los poderes autónomos. Principalmente en el ejercicio del Ejecutivo Federal.
Esto no lo ha hecho el Congreso de manera habitual. Más bien ha sido un alcahuete de quienes ejercen el poder público en México. Un auténtico cómplice de muchas acciones de poder contrarias al interés nacional.
Las dos Cámaras han hecho un papel desastroso, funesto para el país, en la medida de que han sido secuestradas por mayorías virtualmente criminales que se han puesto a legislar para beneficiar a minorías económicas poderosas, de dentro y fuera del país. De manera muy especial en la 62 Legislatura, cuando fue aprobada la reforma energética con las peores trampas y el mayor cinismo. Y en ésta, la 63, cuando lo único que han hecho es simular un control político.
Convertirse en un verdadero contrapeso constitucional es el reto principal que tiene la 64 Legislatura, cuyos integrantes están en cierne ahora, cuando los partidos políticos han comenzado a dar a conocer las primeras listas de quienes contenderán para diputados federales y para senadores de la República.
Desde la 57 Legislatura (1997-2000), ya ninguna fuerza política ha conseguido tener la mayoría en la Cámara de Diputados. Y tampoco en el Senado a partir de la 58 (2000-2003).
En 1997, el PRI perdió por primera vez en su historia la mayoría absoluta. Una mayoría que se consigue teniendo, cuando menos, uno más allá de la mitad de los 500 legisladores. Es decir, 251. O más, como era el caso del PRI, que llegaba a tener incluso más allá de los dos tercios (334), suficientes para cambiar la Constitución sin necesidad de negociar con los opositores.
Para el PRI, tener dos tercios de las Cámaras significaba un amplísimo poder. Pero también lo tenía cuando conseguía la mayoría absoluta solamente: Más de 251 diputados.
A partir de la 57 legislatura, el PRI inauguró una nueva forma de negociar con los partidos políticos, en su afán por conseguir una u otra mayorías. La de mayoría absoluta para reformar leyes secundarias; la de mayoría colegiada (dos tercios) para reformar la Constitución.
¿Y cómo era esa negociación? Sigue siéndolo: Buscó la alianza con partidos que le permitían alcanzar la mayoría absoluta y la mayoría colegiada.
Para la primera, desde 1997 utilizó al Pvem y, en aquella Legislatura, a un partido seudoizquierdista conocido como el “ferrocarril” por sus farragosas siglas: Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Y para alcanzar la mayoría de los dos tercios, además de sus rémoras, siempre utilizó al Partido Acción Nacional (PAN).
A todos ellos los corrompió. Los prostituyó. A lo largo de estos 20 años si algo ha logrado el PRI es que abunden los prostitutos políticos en las filas de la oposición. Así comenzaron a ocurrir procesos legislativos terriblemente infames. De vergüenza. Dolorosos para la mayoría de la población.
Una de esas primeras negociaciones fue la transfiguración de la deuda privada (fobaproa) en pública (nacimiento del Ipab). Y para ello incluso utilizaron a la virgen de Guadalupe, cuando el 12 de diciembre de 1998, el PRI, Pvem y PAN sentenciaban el destino de los mexicanos a pagar una deuda (el rescate bancario) de 601 mil 341 millones de pesos.
A 20 años casi de aquel rescate bancario, el pueblo de México ha pagado 2 billones 88 mil 947 millones de pesos de intereses y muy poco de capital. Y todavía se deben, Un billón 7 mil 764 millones de pesos.
Apenas se ha pagado poco menos del 70 por ciento de la deuda del Fobaproa. Entonces, cuando se debatía el tema, se hablaba de que el pueblo de México pagaría el rescate bancario en 61 años. Faltan 41.
Así se las han gastado el PRI y el PAN en el Congreso de la Unión. Aquello fue el principio: han hecho cosas peores, como la reforma energética en agosto de 2014. Y, la recientísima, de diciembre de 2017, la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Interior.
La conformación del Congreso de la Unión a partir de septiembre próximo (cuando comience la 64 Legislatura) es neurálgica para la vida del país, sea quien sea el que ganase la presidencia de la República.
Si acaso ganara Andrés Manuel López Obrador, el tabasqueño se las va a ver negras si no consigue la mayoría absoluta. PRI y PAN se atrincherarían en las Cámaras para dar la batalla contra López Obrador, cuando éste quisiera acabar con la corrupción o echar para atrás las reformas que prohijó el régimen en el sexenio peñista, como la energética y una veintena más de graves consecuencias sociales.
No hay que ser un adivino para vaticinar que –como adelantó el mismo Amlo- allá por abril o mayo uno de los dos candidatos del régimen renunciará para fortalecer al otro. Y, si las cosas continuaran como van, al parecer sería Meade el que se haría a un lado para robustecer a Anaya. Y Anaya –en caso de que ganase la presidencia- tampoco haría gran cosa si el Congreso le es opositor en su mayoría.
Si bien el equilibrio del poder público está teóricamente en el Congreso, en el siguiente sexenio –si ganase el tabasqueño- veremos nuevas figuras de gobierno de democracia directa, como el referéndum y la consulta pública. Acaso por esto, el tabasqueño no ha demostrado mucho interés por el Legislativo. Pero esto último merece espacio aparte. Veremos.
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















