Por: Juan José Morales.
Fuimos más de 163 mil ciudadanos quienes firmamos la petición dirigida al Instituto Nacional Electoral solicitando que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos, se cancele el registro al llamado Partido Verde Ecologista de México. No fue una demanda caprichosa, ni mucho menos basada en cuestiones ideológicas o en opiniones personales,
sino con fundamento en las graves y reiteradas violaciones a la ley que esa organización cometió tanto a lo largo de la campaña electoral que culminó el pasado 7 de junio como en el período anterior a la misma.
Tales transgresiones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Cofipe, están plena y fehacientemente documentadas por el propio INE y el tribunal electoral, y son de tal magnitud que durante el breve lapso del proceso electoral mencionado ameritaron que se impusieran al PVEM multas por un total de 591 millones de pesos, de las cuales han quedado en firme 179 millones. El resto se encuentra todavía en proceso de revisión por las inconformidades y solicitudes de anulación.
Sin embargo, el INE rechazó de plano la petición de esos 163 mil mexicanos. Su Unidad Técnica de lo Contencioso (UTC) elaboró un dictamen en el cual se asienta tajantemente que “no ha lugar a la cancelación o pérdida de registro”.
Sometido el documento a consideración de la Comisión de Quejas y Denuncias del instituto, fue aprobado el pasado viernes 7 de agosto por mayoría de dos a uno. En favor votaron las consejeras Adriana Favela y Beatriz Galindo y en contra el consejero Roberto Ruiz Saldaña.
Para justificar la negativa, la UTC argumentó que las violaciones a la ley cometidas por ese seudopartido “no son de la entidad (sic) suficiente para provocar la pérdida de su registro, habida cuenta que, cada una de ellas, fue reprimida y sancionada, a través de los canales y vías jurídicas que se ha dado el Estado mexicano para garantizar el cumplimiento, respeto y observancia de las reglas del juego democrático”. Por lo tanto, concluye la resolución, “la pérdida de su registro constituiría una pena desmedida y desproporcionada”.
Señala también el documento que las graves y reiteradas violaciones a la legalidad en que incurrió el Verde “no quedaron impunes ni ausentes de reproche jurídico, toda vez que fueron sometidas a escrutinio respecto de su legalidad y constitucionalidad y, en su momento, sancionadas en términos legales, lo que tuvo como consecuencia, en cierto grado, depurar el proceso electoral, reorientar las actividades de dicho instituto político, así como el establecimiento de medidas correctivas y ejemplificativas, a fin de preservar el Estado de derecho y los principios de la materia electoral”.
Ya en esta columna señalamos las muchas y graves transgresiones legales en que incurrió el Verde, así que no es necesario repetirlas. Basta recordar escuetamente que siete meses antes del inicio formal de la campaña electoral comenzó a transmitir más de 300 mil spots propagandísticos que saturó las salas de cine con anuncios políticos, derrochó dinero a manos llenas repartiendo despensas, lentes, tarjetas de descuento, mochilas, útiles escolares, calendarios y un sinfín de otros artículos, todo lo cual implicó superar, con mucho, los topes de gastos de campaña establecidos por la ley, sin que el INE se haya preocupado por establecer la cuantía de los recursos gastados en exceso ni, mucho menos, indagar de dónde salió la enorme cantidad de dinero invertido en todo ello.
Una y otra vez, el INE y el tribunal electoral lo multaron por sus acciones ilegales y le ordenaron suspender algunas, como el reparto de útiles escolares o la proyección de cortos publicitarios en las salas de cine. Pero el Verde se pasó las órdenes por aquel sitio que la urbanidad y las buenas costumbres no permiten mencionar y siguió campechanamente haciendo lo que le daba la gana.
La moraleja de este asunto es que se puede violar la ley cuantas veces se quiera, desafiar a la autoridad electoral y prácticamente mofarse de ella. La sanción será, en el mejor (o peor) de los casos, una multa ridículamente baja comparada con las ganancias que pueden obtenerse mediante los negocios al amparo del poder. Recuérdese al respecto aquel famoso video en el que El Niño Verde preguntaba cuántos millones de dólares recibiría de mordida por intervenir en cierto negocio inmobiliario en Cancún.
El INE se ha convertido así en un verdadero paraíso en el cual florecen la impunidad, el cinismo y la ilegalidad en beneficio de ciertos partidos a los cuales protege y a los cuales les permite pasar por encima de la ley para adueñarse de cualquier puesto de elección popular, la presidencia de la República inclusive, a condición sólo de recibir una suave reprimenda y pagar unas multas casi simbólicas.
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Fuente: Por Esto.
















