Por: Vicente Bello.
El viernes 28 de abril, hace nueve días, la Cámara de Diputados reformó la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Tiene esta Minuta (falta el refrendo del Senado) una dedicatoria: combatir a los ladrones de gasolinas, que también son identificados como “chupaductos” o “huachicoleros”.
Si en 2006, según Petróleos Mexicanos, sólo había 200 puntos de extracción de combustibles a lo largo de todos los ductos del país,
pues ahora ya son casi 5,300. Y los estados donde han barbotado más tomas clandestinas son Veracruz, Guanajuato, Jalisco, Tabasco y Puebla. En esta última entidad federativa, el llano está literalmente en llamas.
Apenas este miércoles 3 de mayo –a cinco días de aquella aprobación-, según la vocería del Ejército, un grupo de criminales emboscó a dos pelotones de la 25 Zona Militar y han muerto cuatro soldados y 10 más fueron heridos.
Los hechos de sangre acaecieron en Palmarito Tochapan, Puebla, comunidad que junto con Quecholac y Tepeaca hacen un triángulo al que las autoridades han dado en llamar “triángulo rojo”, donde el crimen organizado dedicado al robo de gasolinas tiene sentados sus reales desde principios de siglo.
Por estos eventos que tienen incendiada a Puebla, es de oportunidad periodística volver a revisar una reforma de debate polarizado, pues mientras el PRI, PAN, Pvem, Pes y Panal la alentaban y defendían, hubo legisladores del PRD, Morena y Movimiento Ciudadano que se opusieron porque consideraron que endurecer las leyes no remediaba nada.
Se comenzó con César Alejandro Domínguez, diputado federal del PRI, quien en la fundamentación del dictamen, en tribuna, argumentó: “Como bien sabemos, los resultados de este tipo de delitos son devastadores, ya que la industria petrolera es una de las que más beneficia al Estado mexicano. De ella se obtienen suficientes recursos para fortalecer nuestra economía y brindar empleo a un gran número de mexicanos. Además, el robo de hidrocarburos tiene grandes efectos dañinos para nuestro medio ambiente.
“Es por todos conocido que la comisión de este tipo de delitos ha ido a la alza, así como lo señala un estudio realizado por la Comisión Permanente de este Congreso de la Unión, en donde se menciona que durante el primer trimestre de 2016 el número de tomas clandestinas en la red de ductos de Pemex aumentó un 12.3 por ciento, con respecto del mismo periodo pero del año 2015.
“Asimismo, se indica que el año pasado los municipios con mayor número de tomas clandestinas fueron: Altamira, con 207; Huimanguillo, con 116; Irapuato, con 106; Quechololac, con 88; Cárdenas, con 86; Tepeaca, con 81; Zapotlanejo, con 68; y Pénjamo, con 65. Mientras que en la Ciudad de México, en la delegación de Azcapotzalco, se encontraron dos predios donde se practicaba el robo de combustible.
“En lo que va de 2017 los grupos delictivos siguen robándose nuestros combustibles, siguen robándose el combustible de todos los mexicanos.
“Es necesario mencionar que ya contamos con una legislación especial que atiende a dicha materia. No se olvida que es una ley relativamente nueva, que fue publicada apenas el 12 de enero de 2016, pero también, como bien sabemos, compañeras y compañeros legisladores, toda norma jurídica es perfectible y más aún cuando está entrando en funcionamiento.
“El objeto del presente dictamen es trascendental, ya que al fortalecer las penas se activa un mecanismo de prevención, con lo cual sabemos que no es la única forma de combatir los delitos, sin embargo si apoyamos este tipo de reformas aunado a otros mecanismos de prevención que pueden llevarse a cabo desde la misma empresa, los municipios y las entidades federativas crearemos estructuras integrales que harán que se reduzca drásticamente la comisión de estos ilícitos”.
Turno de Gonzalo Guízar Valladares, del Pes. Reforzaba los dichos del priísta, así: “Independientemente de que la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos es reciente, es muy necesario en primer lugar armonizar el tema de unidad de medida y actualización, en lugar de salarios mínimos, ya muy comentado. Un mandato constitucional que sirve para este dictamen a armonizar el marco jurídico de este precepto de ley.
“En segundo lugar, porque profundiza la pena de aquellos que violentan la legalidad ordeñando ductos y eso propicia, en primer lugar, la muerte de inocentes, muerte de responsables; en segundo lugar, lastiman la economía del país.
“Estamos hablando a la fecha de 46 mil millones de pesos que le cuesta a la paraestatal. Estamos hablando que como no hay un marco jurídico que regula con precisión y ser más drástico, hoy se trata de que de 20 a 30 años de prisión para aquellos responsables de ordeñar los ductos.
“En el 2013, las tomas clandestinas detectadas en su monitoreo de la paraestatal, de las denuncias, ascienden a 2 mil 613. En el 2014, un año después, a 4 mil 219 tomas clandestinas. Es decir, 7.5 millones de barriles, son datos duros, datos que cada vez se reciente más en la economía.
“Daña la imagen de seguridad del país, daña la imagen de la calidad del producto de la seguridad del mismo, afecta la generación de empleos y, por supuesto, propicia el incremento de las bandas delictivas que se encargan de ordeñar ductos.
“Por supuesto, que el consumidor prefiere comprar barato el combustible, dañando a la planta productiva instalada para tal fin, dañando a la economía y propiciando la delincuencia aún mayor”.
Era apenas el comienzo de un debate en el que participaron casi una decena de oradores. (Continuará)
Fuente: Zócalo de Saltillo.
















