Por: Luis F. Aguilar.
Todas las sociedades están en cambio por muchas causas y se ven obligadas a realizar reformas legales, políticas y económicas para conducir el cambio por el rumbo que prefieren. Lo que las hace diferentes es la magnitud y la urgencia del cambio. En aquellos países en los que las organizaciones públicas y privadas tienen un buen desempeño y hacen posible una vida personal y social aceptable,
las reformas son más bien ajustes y precisiones en algunas de las actividades e instituciones, sin grandes rupturas con el modo establecido de convivir, pensar, trabajar, desarrollarse, comunicarse, gobernarse. En los países en los que la disfuncionalidad social es extensa por el pobre o irregular desempeño de las instituciones públicas y privadas, las reformas están obligadas a ser radicales, discontinuas con lo que existe y a realizarse con urgencia y resolución, sin tiempo que perder. Mientras en unos países las reformas tienen el objetivo de mejorar situaciones sociales defectuosas, en otros las reformas van más a fondo y se emprenden para que la sociedad funcione: para que el Estado sea de verdad y de derecho, los jueces juzguen imparcialmente, las policías controlen la delincuencia, los delitos no queden impunes, el sistema educativo eduque, los trabajadores trabajen, las empresas compitan e innoven, los políticos se ocupen del interés público y los gobiernos gobiernen, en suma, para que la realidad social se parezca a su concepto y nos ofrezca un entorno de vida pasable, razonablemente seguro y cercano a lo que su Constitución política prescribe y garantiza.
El país se encuentra en estos meses en medio de una ola de reformas más bien radicales y, por ende, en un momento en el que los políticos ocupan el escenario, pues son los protagonistas de las reformas. En política hay un primer acto en el que políticos y ciudadanos a través de variadas formas de interlocución e interrelación, desde polémicas inflamadas y movilizaciones hasta negociaciones, señalamos y definimos los problemas que nos agobian, discutimos las propuestas de solución, criticamos las soluciones inapropiadas que se perfilan y advertimos sobre la intromisión de grupos de interés distorsionadores o sobre consecuencias indeseadas. La agenda de las reformas es una coproducción entre los políticos y los ciudadanos.
Pero el segundo acto de la política ocurre cuando las reformas dejan de ser una agenda, una aspiración, una demanda y buscan alcanzar forma y validez pública. Es el momento por antonomasia de los políticos que, por ser titulares legítimos del poder público, son los únicos que pueden decidir otorgar validez pública a las propuestas, aspiraciones y hasta denuncias de los grupos sociales, convirtiéndolas en principios constitucionales y leyes del Estado. Nos encontramos en este segundo momento de alta densidad política en el que se elaborarán, discutirán, ajustarán y acordarán las leyes que precisarán con sus prescripciones y prohibiciones las reformas en materia político-electoral, energética, telecomunicaciones, competencia económica.
Los reformadores van a estar sometidos al escrutinio ciudadano, particularmente porque en este momento el gobierno tiene prisa por sacar las leyes cuanto antes y transmitir al mundo lo más pronto posible una imagen de México como la de un país progresista y en paz, que ha controlado suficientemente el problema de la inseguridad y puede ser por ello un destino atractivo para inversiones que relancen el crecimiento económico y el bienestar de millones de connacionales. En el fondo, las reformas tienen como fin último resolver el problema de crecer, desarrollarnos, crear empleos, generar el bienestar más amplio. Veremos con atención si la urgencia por aprobar las leyes secundarias en el menor tiempo posible hace que los legisladores sean precipitados o precavidos, si la complejidad de cada una de las reformas, con componentes técnicos y económicos escabrosos, los hace analíticamente cuidadosos y si saben estimar con agudeza las consecuencias de sus reformas legales. Con mayor atención veremos cómo los políticos procesan el enredo creciente de Michoacán, cómo entienden y practican la llamada institucionalización de las autodefensas y si calculan con claridad las consecuencias de sus decisiones en este tema crucial para el futuro del Estado nacional, para su soberanía y estabilidad. Veremos si nuestros políticos crearán respuestas o crearán con su precipitación más problemas que respuestas.
Fuente: Reforma.
















